Amnistía Internacional llamó a las autoridades de Formosa a respetar los derechos humanos al momento de adoptar medidas para combatir la pandemia de COVID-19. La organización recibió en los últimos ocho meses decenas de denuncias de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento y, desde el viernes pasado, represión contra manifestantes.
“Amnistía Internacional mantiene su preocupación por las reiteradas violaciones a los derechos humanos ocurridos en Formosa, que se sostienen en el tiempo. Desde el año pasado, la organización realizó pedidos de información a las autoridades provinciales y nacionales, mantuvo reuniones con representantes del Gobierno nacional y denunció la situación ante organismos internacionales de derechos humanos. Luego de recabar nuevos testimonios, insistimos en que el respeto a los derechos humanos es esencial para garantizar la legitimidad y el cumplimiento de las medidas contra la pandemia", sostuvo la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski.
Represión contra manifestantes
El viernes pasado, las fuerzas de seguridad reprimieron violentamente a manifestantes que salieron a las calles a reclamar contra las medidas restrictivas adoptadas en el marco de la pandemia COVID-19. Según pudo conocer Amnistía Internacional, luego de conversaciones durante el fin de semana con afectados, más de 100 personas resultaron heridas y más de 80 personas fueron detenidas en el marco del operativo llevado adelante por las fuerzas de seguridad. Las imágenes difundidas y los relatos dan cuenta de individuos con hasta más de 10 heridas de bala de goma, con impactos en los ojos, cara, el cuello, el pecho y los brazos.
Según testimonios recibidos por la organización, las personas denunciaron golpes en la cabeza, en la cara, en el estómago, aun encontrándose en el piso. También denunciaron haber sido perseguidos y detenidos cuando estaban desconcentrando en las inmediaciones de la marcha. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló preocupación ante el uso excesivo de la fuerza visto en la respuesta de las fuerzas de seguridad.
Un joven de 21 años, que recibió un golpe en la cabeza por parte de la policía mientras intentaba impedir que continuara la violencia, dijo a Amnistía Internacional: “Sentíamos
mucho miedo, no les importaba nada. Nos querían dispersar, nos estaban cazando. Da mucha impotencia que nos traten así cuando estábamos reclamando por nuestros derechos”.
Una de las periodistas que fue agredida y detenida contó a Amnistía Internacional: “No había medidas de protección para la prensa, nos disparaban balas y gases. Cuando estaba tomando fotos a unos chicos que estaban siendo golpeados por la policía mientras los detenían, me dijeron que deje de hacerlo. Les respondí que era periodista, me conocen y me vieron en todo momento cubriendo los hechos. Me agarraron de los pelos y me arrastraron. Me llevaron detenida durante más de 8 horas y me acusan de cometer delitos cuando soy una trabajadora de prensa”.
Tal como hemos señalado en diversas oportunidades, el uso de la fuerza deber ser excepcional y utilizado como último recurso, y debe cumplir las obligaciones internacionales de respetar y proteger el derecho a la vida, a la integridad física, a la dignidad y a la seguridad de las personas. La respuesta de las fuerzas de seguridad debe tener por objetivo descomprimir situaciones de violencia, si ocurrieran, y evitar que las personas resulten heridas. En ese sentido, su respuesta no debe generar mayor violencia.
Reiteradas violaciones a los derechos humanos
La represión del 5 de marzo ocurre en el contexto de reiteradas denuncias por violaciones a los derechos humanos en la provincia, con el argumento de la lucha contra la pandemia.
Durante la primera etapa de emergencia sanitaria ocurrida entre marzo y diciembre del 2020, las autoridades impusieron restricciones al ingreso a la provincia. Más de 8500 personas estuvieron por meses varadas fuera de la provincia de Formosa aguardando el regreso a sus hogares. Familias enteras permanecieron en la ruta sin alimentos, medicamentos o condiciones sanitarias aptas para atravesar la pandemia.
En una segunda etapa, ocurrida entre enero y febrero del 2021, se registraron detenciones compulsivas en centros de aislamiento para personas con COVID-19 y todos sus contactos estrechos. En numerosas ocasiones, los ciudadanos fueron trasladados en horas de la madrugada a los llamados “Centros de Alojamiento” o “Centros de Atención Sanitaria” (CAS), donde -según las denuncias recibidas por Amnistía Internacional- no se respetaba el distanciamiento social, ni las condiciones de higiene recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, no se brindaba información acerca de cuánto tiempo debían permanecer en esos centros y hubo casos de personas que estuvieron en los CAS hasta más de 30 días.
La pandemia a nivel global puso enormes desafíos a los estados en la gestión de la Pandemia. Amnistía Internacional reconoce el esfuerzo que tanto el Estado nacional como las provincias llevan a cabo para dar una respuesta integral a la crisis sanitaria. Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, limitada y necesaria; debe estar sujeta a un examen periódico y significativo. El acceso a la información y la transparencia en la definición de las políticas sanitarias es un elemento clave de la rendición de cuentas de los Estados frente a la Pandemia. La violencia y represión nunca puede ser la respuesta estatal para resolver la crisis COVID-19.
Amnistía Internacional considera que los hechos que vienen denunciándose constituyen una oportunidad para la creación de una mesa de dialogo que incluya al Gobierno Nacional, provincial y representantes de la sociedad civil, a efectos de lograr acuerdos sobre las medidas que se adopten en el marco pandemia, asegurándose que sean razonables y respetuosas de los derechos humanos.
