Amnesty International Argentina members and supporters celebrate the legalisation of abortion, outside Buenos Aires’s congressional palace, after its senate approved the historic law change, 29 December 2020. The landmark decision means Argentina becomes only the third South American country to permit elective abortions, alongside Uruguay, which decriminalised the practice in 2012, and Guyana, where it has been legal since 1995.

Amnistía Internacional lanzó hoy su primer llamado de emergencia global de recaudación de fondos para pedir a sus simpatizantes que contribuyan a luchar contra la creciente ofensiva de la que son objeto en todo el mundo periodistas, profesionales de la abogacía, activistas y organizaciones de derechos humanos que trabajan en la defensa y la promoción de los derechos humanos.

La organización hizo hincapié en que los recientes ataques por parte del Estado, o promovidos por el Estado, contra personal y oficinas de Amnistía Internacional ilustran el atrevimiento cada vez mayor de los gobiernos que son hostiles a los derechos humanos. En 2020, por ejemplo, la oficina de Amnistía Internacional en India se vio obligada a detener su trabajo al congelar las autoridades sus cuentas bancarias tras una serie de redadas y una campaña de difamatoria de gran resonancia; y Amnistía Internacional Nigeria sigue haciendo frente a amenazas de violencia por su labor de derechos humanos. Todo ello, después del encarcelamiento en 2017 de destacados miembros de Amnistía Internacional Turquía por cargos falsos.

“Para Amnistía Internacional, la capacidad de soportar estos ataques y continuar con nuestro trabajo independiente y vital de proteger los derechos humanos —que incluye brindar apoyo a defensores y defensoras de los derechos humanos en situación de riesgo— depende del respaldo y las donaciones voluntarias de personas de todo el planeta que comparten nuestra visión de un mundo en el que todas las personas disfruten de los derechos humanos. Lanzamos esta campaña con la esperanza de movilizar más apoyos.”

“En todo el mundo ha seguido creciendo entre personas que ocupan puestos de liderazgo una agenda abiertamente contraria a los derechos humanos, especialmente entre los llamados líderes de mano dura, que venden toxicidad, división y miedo. Al mismo tiempo, con sus ataques cada más descarados y mortales contra quienes se atreven a alzar la voz contra sus abusos de poder, estos dirigentes muestran lo frágiles que son en realidad.”

El propósito del llamamiento es ayudar a la gente, incluidos periodistas, profesionales de la abogacía y activistas, así como a quienes trabajan con ONG y en la defensa de los derechos humanos, a que continúen con su fundamental labor de denuncia de estos graves abusos sin temor a sufrir represalias. Las donaciones en respuesta al llamamiento de emergencia global de Amnistía Internacional nos ayudarán a hacer campaña en favor de quienes han sufrido violaciones de derechos humanos y ofrecer apoyo oportuno a quienes son objeto de ataques, lo que incluye financiar la reubicación urgente de personas en peligro y asistencia letrada gratuita para apoyar a quienes afrontan procesos judiciales insidiosos por la legítima labor que desempeñan, y cubrir los gastos médicos de personas que han sido objeto de tortura u otros malos tratos.

Derechos humanos amenazados

Como mostraron las investigaciones de Amnistía Internacional, en todo el mundo hay líderes que no dudan en emplear tácticas similares para silenciar a quienes les critican y pisotear los derechos humanos. Entre dichas tácticas figuran la vigilancia invasiva, el acoso judicial mediante el uso indebido de leyes mal definidas, las redadas y la intimidación por parte de las fuerzas de seguridad, y el uso de legislación abusiva.

En 2020, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, promulgó la Ley Antiterrorista, que otorgó al gobierno amplios poderes sin trabas para identificar como terroristas a personas que ejercen el activismo y procesarlas por ello.

Del mismo modo, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, puso en práctica un agresivo discurso contrario a los derechos humanos a través de medidas administrativas y legislativas con numerosos intentos de limitar las actividades de organizaciones de la sociedad civil. Desde su llegada al poder en 2019, las amenazas y agresiones contra defensores y defensoras de los derechos humanos se han incrementado de manera alarmante.

Durante los últimos días de 2020, el Parlamento de Turquía promulgó a toda prisa nueva legislación, supuestamente, para impedir la proliferación de financiación de armas de destrucción masiva, pero, en realidad, con enormes repercusiones en el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y su capacidad de recaudar fondos.

Muchos países de todo el mundo han utilizado la pandemia de COVID-19 como excusa para adoptar nuevas leyes restrictivas. En Hungría, el gobierno del primer ministro Viktor Orban modificó el Código Penal del país e introdujo nuevas disposiciones que amenazan a periodistas y otras personas con penas de cárcel de hasta cinco años por “difundir información falsa” sobre la COVID-19.

En Estados Unidos, el presidente Trump dirigió un gobierno que atacó a defensores y defensoras de los derechos humanos a través del hostigamiento jurídico, reprimió con violencia la libertad de reunión pacífica, y se retiró de instituciones internacionales de derechos humanos, abandonando, por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Ataques contra Amnistía Internacional, personal de la organización y representantes de la junta directiva

Durante los últimos años, también han sufrido ataques de las autoridades personal y oficinas de Amnistía Internacional. El gobierno de India congeló las cuentas de Amnistía Internacional India en septiembre de 2020, lo que obligó a la oficina a desprenderse de personal y paralizar por completo su trabajo de derechos humanos en India. La semana pasada, Amnistía Internacional lanzó una campaña digital para pedir al gobierno indio que descongele esas cuentas. Amnistía Internacional Nigeria está siendo objeto de una campaña de desprestigio constante, que incluye amenazas de violencia contra su personal, en respuesta a los llamamientos de la organización en favor de mayor transparencia en relación con el tiroteo en el peaje de Lekki en octubre de 2020. En 2017, los entonces presidente y directora de Amnistía Internacional Turquía Taner Kılıç e Idil Eser fueron encarcelados por cargos falsos de terrorismo; junto con otros dos defensores de los derechos humanos, fueron declarados culpables en julio de 2020 en un juicio injusto, a pesar de que las propias pruebas de la fiscalía demostraban su inocencia. Todo ello simplemente por denunciar y hacer campaña contra violaciones de derechos humanos.

“La pandemia de COVID-19 ha traído consigo, además de una represión global de los derechos humanos, desafíos nuevos y complejos para quienes hacen campaña por los derechos humanos. Numerosos Estados de todo el mundo han atacado a quienes defendían los derechos humanos y a otras voces críticas, que han censurado su gestión de la crisis de salud pública. En consecuencia, en muchas partes del mundo, las autoridades han utilizado medidas adoptadas contra la COVID-19, u otra legislación existente, para silenciar a quienes defienden los derechos humanos. Tiempos excepcionales requieren soluciones excepcionales. Debemos unirnos para afrontar la tarea titánica de hacer rendir cuentas a personas que ocupan puestos de liderazgo en todo el mundo. En pocas palabras, necesitamos movilizar más apoyo y recursos para que nuestro trabajo de derechos humanos pueda hacer frente a la magnitud del reto actual”, ha afirmado Julie Verhaar.

Para donar o para más información sobre el llamamiento: