Con el fin de lograr que los diputados insistan con la sanción de la ley de movilidad jubilatoria, Amnistía Internacional lanzó una acción urgente global para que sus activistas presentes en más de 160 países insten a que el poder legislativo no les dé la espalda a los jubilados argentinos.
Según la Constitución Nacional, el Congreso Nacional puede insistir en la aprobación de una ley vetada por el Presidente con el voto de dos tercios de sus miembros. Es decir que se requiere una mayoría de dos tercios en cada una de las cámaras del Congreso de la Nación para dejar sin efecto el veto del Poder Ejecutivo.
El 22 de agosto el Senado de la Nación había aprobado el proyecto de ley que busca actualizar la fórmula previsional con el objetivo de recomponer una parte de la pérdida que las jubilaciones sufrieron en los primeros meses del año.
¿Qué establece el proyecto?
La nueva ley, que Javier Milei vetó, ajusta las pensiones a la tasa de inflación, con una compensación adicional del 8,1%, y garantiza que la pensión mínima cubra el paquete básico de alimentos. Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, esta reforma supondría un costo fiscal adicional del 0,43% del PBI. Se trata de un paso importante para mejorar los ingresos de los jubilados argentinos.
El 2 de septiembre el Presidente de la Nación vetó la ley con el argumento de mantener el equilibrio fiscal.
Mañana, la Cámara de Diputados debe tomar la iniciativa por haber sido la cámara de origen. Luego, si se aprueba por dos tercios de los votos de sus miembros, pasará al Senado, que también deberá aprobarla con la misma mayoría.
“El ajuste en jubilaciones viene siendo una práctica consolidada en los últimos años. En un contexto de profunda crisis, el Estado argentino debe poner en el centro de la toma de decisiones a las personas y sus derechos, teniendo en cuenta sus compromisos internacionales. Las personas mayores deben poder acceder a bienes y servicios fundamentales. Es su derecho”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
¿Qué es una acción urgente?
La Acción Urgente (AU) es una estrategia de solidaridad impulsada por Amnistía Internacional por la cual miles de personas de todo el mundo se suman para exigir el respeto de los derechos humanos. De esta manera, AI activa una red integrada por decenas de miles de personas que unen su capacidad de acción enviando cartas y mensajes de correo lo más rápidamente posible al país de que se trate.
Información complementaria: ¿Qué pasa con las jubilaciones?
Hoy los jubilados tienen ingresos de pobreza. En junio, casi tres millones de personas jubiladas recibían 276.000 pesos, mientras que el costo total de la canasta básica era de 282.000.
La caída de las jubilaciones fue uno de los principales motores del ajuste fiscal llevado adelante por el actual gobierno. Según datos oficiales, en los 7 primeros meses del año, las asignaciones para jubilaciones y pensiones cayeron al menos un 25,8% en términos reales respecto al año anterior. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IAAF), la reducción total del gasto primario de la administración pública nacional durante el primer bimestre de 2024 (pesos argentinos $ 3.869.000 millones) fue del 43% ($ 1.682.000 millones) explicada por la reducción del gasto en jubilaciones y pensiones, que fue del 33% respecto del primer bimestre de 2023.
Los fundamentos del Poder ejecutivo Nacional para millones de jubilados recibían menos de 270 USD, mientras que el costo total de los bienes y servicios esenciales se fijaba en 280 USD. vetar esta ley están centrados en el objetivo de mantener el déficit fiscal, y cumplir a cualquier costo con los compromisos asumidos con el FMI.
Jubilados: una realidad siempre postergada | Amnistía Internacional Argentina (amnistia.org.ar)
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