Buenos Aires, 27 de agosto de 2015.- Amnistía Internacional expresó su profunda preocupación por las denuncias de violaciones de a los derechos humanos que se estarían produciendo en la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia, en el contexto de un operativo de las autoridades venezolanas para combatir la inseguridad y el contrabando en la zona.

Desde el 21 de agosto y hasta el día de ayer se habrían deportado al menos 1.000 personas a Colombia, de acuerdo a las declaraciones recogidas en la prensa del Gobernador del Estado Táchira. Según las denuncias recibidas por Amnistía Internacional, las personas deportadas habrían sido detenidas en operativos de la Fuerza Armada y expulsadas a Colombia sin oportunidad de impugnar su expulsión o sin tener la posibilidad de recoger sus pertenencias. En algunos casos se han denunciado maltratos durante la detención, desalojos forzosos y demolición de casas donde vivían o se cree que vivían nacionales colombianos sin ningún tipo de respeto de garantías.

“Nos preocupan especialmente los informes que indicarían que grupos familiares habrían sido separados y que habría resultado en algunos casos en niños y niñas abandonados en Venezuela después de la expulsión de sus padres a Colombia”, sostuvo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Amnistía Internacional reconoce que el Estado tiene el deber de mantener la seguridad y el orden público, incluido en las zonas fronterizas y que en algunas circunstancias extraordinarias y previstas en la ley, pueden decretar estados de excepción por un período limitado. Sin embargo, estas acciones no pueden resultar en violaciones de derechos humanos. Los procedimientos de expulsión o deportación deben contener todas las salvaguardias previstas en los instrumentos legales internos y ajustarse a las normas internacionales de derechos humanos.

“El estado venezolano debe asegurarse de que los casos de todas las personas cuya expulsión o deportación se está considerando sean examinados individualmente mediante un procedimiento justo y transparente en el que puedan impugnar la expulsión y lograr que se revisen sus casos. Es fundamental que se garantice el respeto a los DDHH cuando los funcionarios de inmigración y el personal militar lleven a cabo las detenciones, deportaciones o expulsiones. Todas las denuncias de abuso deben investigarse sin demora y de forma independiente e imparcial”, afirmaron desde Amnistía.

Así mismo, la organización declaró que es fundamental que la suspensión de garantías constitucionales durante el estado de excepción, y sostuvo que, según sus obligaciones internacionales de derechos humanos, Venezuela está obligada a proteger el derecho a la vida, a la integridad física, al debido proceso y a la protección judicial entre otros, aun cuando rige un estado de excepción, y las disposiciones en un estado de excepción no deben entrañar discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, origen nacional, idioma, religión u origen social. Cada medida tomada bajo el estado de excepción debe ser evaluada por su proporcionalidad frente al contexto, la intensidad, profundidad y carácter de la emergencia.

El 21 de agosto se decretó un estado de excepción en 5 municipios del Estado Táchira, como medida para combatir el paramilitarismo, el narcotráfico y el contrabando en esta zona fronteriza. Previamente, el 19 de agosto se habría producido un enfrentamiento entre fuerzas del orden y supuestos contrabandistas en el que habrían resultado heridos 3 miembros de la Fuerza Armada y un civil.