Canadá exportó armas por valor de 81,4 millones de dólares canadienses a Perú entre 2014 y 2021

Amnistía Internacional pide al gobierno canadiense que suspenda las exportaciones de armas a Perú dada la represión letal por el Estado peruano, que comenzó en diciembre de 2022, de quienes se manifiestan pacíficamente.

 Según informes, la represión violenta por la policía y las fuerzas militares peruanas de las protestas generalizadas que estallaron tras la detención y destitución del expresidente Pedro Castillo ha causado la muerte de al menos 49 personas y heridas a más de mil. Amnistía Internacional ha calificado la represión de “sistémicamente racista” porque está dirigida de forma desproporcionada contra personas indígenas, que sufren históricamente discriminación, el acceso desigual a la participación política y la negación de sus derechos humanos.

En las reuniones que mantuvo esta semana con autoridades canadienses en Ottawa, Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, subrayó la urgencia de detener las exportaciones de armas a su país. “La cruel indiferencia del Estado hacia la vida y los derechos de las personas debe servir de alarma a cualquier país que haya vendido o tenga previsto vender armas a Perú”, dijo. “A menos que suspenda inmediatamente las exportaciones de armas a Perú, Canadá corre el riesgo de facilitar más ataques mortales y racistas contra manifestantes y contra sus derechos a la libertad de expresión y de reunión”.

“Seguir vendiendo armas a Perú suscita preocupación por el cumplimiento por Canadá de sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos”, observó Navarro. En virtud del Tratado sobre el Comercio de Armas, del que Canadá es firmante, el gobierno no debe autorizar exportaciones de armas cuando éstas puedan ser utilizadas para cometer una violación grave del derecho internacional de los derechos humanos o facilitar su comisión, y no se puedan mitigar estos riesgos.

Según datos publicados por el gobierno canadiense, Canadá exportó a Perú equipos y tecnología de carácter militar por valor de 81,4 millones de dólares canadienses entre 2014 y 2021 (los datos correspondientes a 2022 se harán públicos al final de mayo). El gasto de más envergadura fue la venta por valor de 67 millones de dólares de 32 vehículos blindados LAV II, pedido que se despachó en 2016.

Amnistía Internacional no ha confirmado de forma independiente si las armas compradas a Canadá se han utilizado contra manifestantes en Perú. Sin embargo, en cinco de los ocho años que abarcan los datos, Canadá envió a Perú armas de fuego o piezas de armas de fuego, incluidas 25 ametralladoras pesadas en 2016. Además, en 2018, 2019 y 2020, las exportaciones de armas de Canadá a Perú incluyeron “agentes químicos, ‘agentes biológicos’, ‘agentes de represión de disturbios’, materiales radioactivos, equipos, componentes [o] materiales conexos”.

Según los datos recabados a través de una Investigación Especializada de Respuesta a la Crisis de Amnistía Internacional a principios de 2023, las fuerzas armadas y la Policía Nacional de Perú usaron de forma ilegítima y a veces indiscriminada fuerza letal y medios menos letales contra manifestantes, especialmente contra personas indígenas y campesinos y campesinas. El informe inicial de Amnistía Internacional documentó la muerte de 12 personas a causa del uso de armas de fuego durante la represión. El equipo también halló datos que indicaban el uso intensivo de municiones potencialmente letales, así como de gas lacrimógeno, que también puede ser letal cuando se usa de forma inadecuada o cuando se dispara desde un lanzador directamente contra el cuerpo. El informe documentaba la muerte de una persona —alcanzada en la cabeza por una bomba de gas lacrimógeno— y decenas de heridas causadas por armas menos letales.

En respuesta, las Secciones francófona y de habla inglesa de Amnistía Internacional Canadá enviaron una carta el 30 de marzo de 2023 a la ministra canadiense de Asuntos Exteriores, Mélanie Joly, en la que exponían las consecuencias para los derechos humanos de la exportación de armas a Perú.

“La gravedad de nuestras conclusiones iniciales y la realidad de la represión continua por las fuerzas de seguridad del Estado contra la población civil en Perú, junto con las obligaciones contraídas por Canadá en virtud del Tratado sobre el Comercio de Armas, imponen la suspensión de cualquier permiso nuevo para la exportación de bienes militares a Perú hasta que Canadá pueda garantizar que éstos no se van a usar para cometer violaciones de derechos humanos”, escribían en la carta Ketty Nivyabandi, secretaria general de Amnistía Internacional Canadá (habla inglesa) y France-Isabelle Langlois, directora general de Amnistía Internacional Canadá Francófona.

El miércoles, el gobierno de Canadá no había respondido al llamamiento de Amnistía Internacional de detener las exportaciones de armas a Perú. “El reciente silencio del gobierno de Canadá sobre las ventas de armas a Perú es atronador, pero no es demasiado tarde para hacer lo correcto”, dijo Navarro, que se reunió con autoridades del Departamento de Asuntos Globales de Canadá el jueves. “Esta es la medida más importante que puede adoptar el gobierno canadiense para proteger a las personas peruanas cuyas vidas y derechos corren peligro”.

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