Buenos Aires, 28 de junio de 2013.- Representantes de Amnistía Internacional se entrevistaron hoy en Buenos Aires con la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, para pedirle la colaboración del ministerio público fiscal con la causa que lleva adelante la Justicia argentina acerca de los crímenes de derecho internacional cometidos en España durante la Guerra Civil y el franquismo.

Amnistía Internacional expresó su preocupación por la actuación en la causa de la fiscalía, que en abril de 2010 pidió que la investigación fuera desestimada, con el argumento de que "los tribunales españoles no tuvieron ni tienen traba legal alguna para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen franquista". Desde entonces, la fiscalía no ha realizado prácticamente actividad en la causa judicial.

Esteban Beltrán y Mariela Belski, directores ejecutivo de Amnistía Internacional España y Argentina, respectivamente, explicaron a la Procuradora General, jefa de los fiscales argentinos, que en España se archivan sistemáticamente las denuncias de las víctimas y se rechaza investigar estos crímenes de derecho internacional. Sobre ellos pesa el principio de jurisdicción universal, por lo que cualquier estado puede ejercer su competencia.

En el juzgado federal de María Servini de Cubría se investiga una querella presentada en 2010 por familiares de quienes fueron víctimas de los crímenes cometidos en España entre 1936 y 1977. Sin embargo, España no colabora adecuadamente con los pedidos de cooperación realizados por la jueza argentina, co

n el argumento de que el Poder Judicial de España está investigando y "tiene preferencia" para hacerlo.
El estado español ha puesto múltiples obstáculos al avance de la causa. En mayo último, por ejemplo, se suspendieron las primeras declaraciones testimoniales de víctimas ante la jueza argentina, que iban a realizarse por videoconferencia desde el consulado argentino en Madrid. Esto sucedió luego de que el gobierno español mostrara su rechazo a las audiencias, en una nota enviada a la embajada argentina.

Este comportamiento del estado español parece destinado a garantizar la impunidad de los crímenes y niega el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Luego de que la Audiencia Nacional declinara, a favor de juzgados territoriales, su competencia sobre la querella presentada en 2006 por homicidios y desapariciones forzadas (al menos 114.266 desapariciones) cometidos entre 1936 y 1951, Amnistía Internacional constató que, de los 47 casos derivados, al menos 38 se han archivado.

Más tarde, en febrero de 2012, el Tribunal Supremo dictó la sentencia 101/2012 que estableció la imposibilidad de investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo en base a argumentos que, para Amnistía Internacional, son contrarios al derecho internacional."España no está investigando los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo y, aunque lo estuviera haciendo, no tiene jurisdicción preferente con respecto a la Argentina", dijo Esteban Beltrán.

Los representantes de Amnistía Internacional se entrevistaron durante esta semana con familiares de las víctimas que son querellantes en la causa judicial y con otras organizaciones argentinas de derechos humanos. También participaron de un evento académico sobre los crímenes del franquismo y la Guerra civil española en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.