“El operativo de seguridad y el uso de la vía penal para reprimir los reclamos indígenas imprime mayor violencia en los territorios y profundiza el conflicto, desviando la atención del problema estructural de fondo: la deuda histórica del Estado Nacional y los estados provinciales con las comunidades indígenas y el reconocimiento de sus territorios. El Estado argentino debe garantizar los derechos territoriales de las comunidades indígenas en nuestro país y abstenerse de utilizar la represión y herramientas judiciales para perseguir y criminalizar los reclamos”, señaló Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.
Los hechos
El martes 4 de octubre, el Comando Conjunto de las fuerzas federales hizo un operativo con balas de goma y gases lacrimógenos de la comunidad Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi. El hecho resultó en la detención de 7 mujeres, una de las cuales está embarazada, y 6 niños y niñas. En el lugar había además dos bebés, uno de un mes y otro de cuatro.
La razón invocada para llevar adelante el operativo fue que el 26 de septiembre hubo un incendio de un puesto móvil de Gendarmería Nacional que custodiaba el predio en el que estaba la comunidad mapuche. Este hecho estaba siendo investigado en la Justicia Federal, a cargo de la jueza federal subrogante Silvina Domínguez, con la carátula “incendio, atentado y resistencia a la autoridad” y bajo secreto de sumario.
Luego del incendio y con el argumento de reforzar la seguridad en la zona, el Gobierno Nacional mediante la Resolución 637/2022 creó el Comando Conjunto de las fuerzas federales, conformado por la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Amnistía Internacional manifiesta máxima preocupación frente a los hechos que vienen sucediéndose y convoca a las autoridades nacionales y provinciales a abrir canales de diálogo para resolver los reclamos territoriales e implementar políticas integrales que garanticen los derechos de las comunidades.
Ley de emergencia territorial
Al día de hoy, Río Negro no terminó el relevamiento territorial indígena, establecido en la Ley Nacional 26.160. Hasta el momento, se relevó casi el 50% de las comunidades registradas en su territorio (53 de 108) y el último proceso terminado fue hace más de 2 años. La demora de más de 15 años en la implementación de la ley también opera como factor de violencia e inseguridad en la zona.
Tal como establece el derecho internacional de los derechos humanos, el Estado debe abordar el reclamo indígena por su territorio con mecanismos de diálogo con las comunidades y las organizaciones para evitar que la violencia siga aumentando en la zona.; y garantizando sus derechos.
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