“Garantizar unas cadenas de suministro de baterías limpias y verdes debe ser una prioridad para las empresas y los gobiernos durante la recuperación postpandemia”, declaró hoy Amnistía Internacional. La organización publicó un conjunto de principios destinados a garantizar que las baterías de ion-litio con las que funcionan los vehículos eléctricos y muchos dispositivos electrónicos y que son esenciales para abordar el cambio climático, no estén ligadas a abusos contra los derechos humanos o daños medioambientales.

Investigaciones anteriores de Amnistía pusieron de manifiesto que el cobalto extraído por menores en la República Democrática del Congo podría estar entrando en las cadenas de suministro de algunas de las principales marcas de electrónica y vehículos eléctricos del mundo, mientras, en América del Sur, los datos indican que la extracción de litio pone en peligro los recursos hídricos y los frágiles ecosistemas de los pueblos indígenas. Mientras tanto, la demanda creciente de tecnologías para baterías “verdes” conlleva nuevos riesgos para el medio ambiente, como la contaminación de las zonas mineras, daños en el lecho marino y una cantidad de residuos cada vez mayor debido a un diseño ineficiente.

“Aunque tecnologías como los vehículos eléctricos son esenciales para abandonar los combustibles fósiles, la revolución de las baterías tiene riesgos propios para los derechos humanos y para el planeta. Este es un momento crítico para replantearse la forma en que funcionan nuestras economías e industrias: en medio de la pesadilla de la pandemia, tenemos la oportunidad de crear un futuro más justo y más sostenible”, declaró Mark Dummett, director del Programa de Asuntos Globales de Amnistía Internacional.

“Pedimos a las empresas de todos los eslabones de la cadena de suministro de las baterías que aporten su granito de arena para garantizar que están realmente propulsando el cambio. Los derechos humanos deben estar en el centro de sus operaciones, lo que podría traducirse en hacer más transparentes las cadenas de suministro, ofrecer reparación donde hayan causado daños o garantizar que se consulta con las comunidades indígenas sobre los proyectos de minería que las afectan.

“Los gobiernos también deben mostrar liderazgo apoyando inversiones y soluciones de energía basadas en una transición justa. La falta de respeto a los derechos humanos debe ser un factor no negociable para cualquier empresa implicada en la industria de las baterías; eso significa que los gobiernos han de hacer cumplir la legislación de protección medioambiental, investigar las denuncias de abusos y convertir en requisito legal la diligencia debida en materia de derechos humanos”.

Energía para el cambio

En Energía para el cambio: Principios para las empresas y los gobiernos de la cadena de valor de las baterías, Amnistía Internacional expone los principios básicos que gobiernos y empresas deben respetar para evitar cometer abusos contra los derechos humanos y causar daños al medioambiente, contribuir a ellos o estar directamente relacionados con ellos.

Los principios fueron firmados por varias organizaciones de derechos humanos y medioambientales; el 1 de febrero se dará a conocer la lista completa.

Los principios se aplican a cualquier actividad relacionada con la industria, como el sector financiero, que está financiando una enorme expansión de la energía verde y tecnología para baterías a través de grandes fondos ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza).

Amnistía Internacional pide a los fabricantes que diseñen baterías con la máxima eficiencia en el uso de los recursos, incluidas innovaciones para usar menos materiales y minerales, y que trabajen hacia un contenido 100% reciclado seguro de las baterías.

El informe también pone de relieve los peligros de la explotación minera de los fondos marinos y pide a empresas y gobiernos que apoyen proactivamente una moratoria de esta práctica.

Un informe reciente de Greenpeace advertía de que se está procediendo a “repartir” el lecho marino a pesar de la seria preocupación que suscita el impacto de la minería en los ecosistemas marinos. Greenpeace halló que la exploración minera del lecho marino, patrimonio mundial, está monopolizado por un pequeño número de grandes empresas a pesar de las serias advertencias de la comunidad científica medioambiental.

Amnistía Internacional pide también a los gobiernos y las empresas que trabajen con quienes defienden los derechos medioambientales y las comunidades indígenas, garantizando que se las consulta e informa debidamente sobre las operaciones planeadas y sus riesgos potenciales.

“Las empresas deben tratar a quienes defienden los derechos humanos y el medioambiente como aliados, no como oponentes”, concluyó Mark Dummett.

“Poner los intereses empresariales por encima de la protección de los derechos humanos y el medioambiente ha sido lo normal por demasiado tiempo. El resultado es una escandalosa desigualdad global, un devastador cambio climático y una serie, aparentemente sin fin, de malas noticias sobre el futuro. No tiene por qué ser así: debemos garantizar que las nuevas tecnologías ponen a todo el planeta en el camino hacia un lugar mejor”.