Buenos Aires, 06 de septiembre de 2015 - Amnistía Internacional Argentina presentó un relevamiento sobre los conflictos indígenas en el territorio nacional que muestra y da cuenta de la situación de violencia y exclusión que viven. Con ese propósito lanzówww.territorioindigena.com.ar una herramienta de consulta abierta, de actualización periódica y a disposición de todas las comunidades que lo requieran.

El mapeo muestra 183 conflictos presentes en Argentina en los que comunidades indígenas exigen el cumplimiento de sus derechos frente a gobiernos (municipales, provinciales, nacional), empresas (agropecuarias, mineras, petroleras, de turismo, entre otras), y ante jueces y fiscales del Poder Judicial que desoyen las normativas vigentes.

El relevamiento de Amnistía Internacional no pretende ser exhaustivo, sino que es el comienzo de un documento que pretende ir construyéndose y actualizándose sistemáticamente, con los aportes de organizaciones referentes en el trabajo con pueblos originarios, abogados, académicos, y referentes indígenas.

Dentro del universo de casos, Amnistía decidió destacar seis realidades para demostrar la significativa distancia entre los derechos vigentes en leyes provinciales, nacionales y tratados internacionales de derechos humanos y su efectiva aplicación: un asesinato impune, petroleras que vulneran derechos, un sitio sagrado usurpado por empresarios, obras de infraestructura que inundan territorios, una mujer mapuche a juicio y con posible condena a prisión, y la larga lucha Qom que trasciende las fronteras del país.

Mientras que la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos reconocen la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas, y asegura su participación en la gestión referida a sus recursos naturales, los pueblos originarios siguen reivindicando su derecho al territorio, mientras sufren de forma desproporcionada violencia, exclusión y pobreza.

“El Estado reconoce en la actualidad la existencia de al menos 955 mil personas pertenecientes a más de treinta pueblos originarios. Y el mismo Estado admite que se trata de un “subregistro” y que son muchos más. Aún así, un discurso recurrente se refiere a los pueblos originarios como un hecho del pasado y no como una cultura que está viva y presente en la actualidad”, explica Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

El mapeo fue realizado con el aporte y colaboración de Darío Aranda y de las organizaciones AADI, ANDHES, Defensoría del Pueblo de la Nación, ENDEPA, GAJAT y SERPAJ. Todos los casos relevados han sido difundidos por las propias comunidades y organizaciones que acompañan.