Propiciar espacios de canalización de reclamos y generar un clima de no violencia deben ser los caminos elegidos por el gobierno para abordar las problemáticas sociales.
Desde el año pasado, el Ministerio de Seguridad de la Nación anunció una política de criminalización y represión de la protesta, que se hizo manifiesta a través de un documento que había sido debatido en el marco de una reunión del Consejo de Seguridad.
La historia de nuestro país demuestra que el derecho a la protesta social es una valiosa herramienta de cambio y que, por más molesta o ruidosa que pueda ser, no puede ser restringida de manera tal que desvirtúe su naturaleza.
Preocupa a Amnistía Internacional el avance de políticas públicas inconsultas y que atentan contra los derechos fundamentales de las personas. Es imperioso que el Estado pueda garantizar un clima de diálogo con los sectores involucrados.
