Amnistía internacional repudia las sanciones impuestas a la abogada de un líder indígena asesinado


Amnistía Internacional repudia las sanciones impuestas por la justicia de Tucumán a una abogada defensora de derechos humanos integrante de la organización ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales).

María Belén Leguizamón Salvatierra es abogada en el caso Javier Chocobar, líder de la comunidad indígena Chuschagasta, quien fue asesinado a tiros hace siete años por defender su territorio.

En ocasión del 12 de octubre –día en que también se cumplía el séptimo aniversario de la muerte de Chocobar–, la abogada había manifestado públicamente su preocupación por el retardo injustificado de la justicia en el caso. Además, invitaba a la sociedad a acompañar a la comunidad en su reclamo público, como parte del ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

Chocobar 1

Llamativamente, el 9 de noviembre, la Sala IV de la Cámara Penal de Tucumán intimó a Leguizamón a concurrir a medios periodísticos para aclarar sus dichos en relación con la causa de Chocobar.

Los órganos internacionales de protección de derechos humanos se han pronunciado en reiteradas oportunidades acerca de la importancia de la labor que desarrollan aquellas personas que, individual o colectivamente, promueven y procuran la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

“Como ha dicho la Corte Interamericana, el respeto por los derechos humanos depende en gran parte de las garantías efectivas y adecuadas de que gocen las defensoras y defensores de los derechos humanos para desplegar libremente sus actividades, por lo que debe prestarse especial atención a las acciones que limiten u obstaculicen su trabajo”, expresó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Amnistía Internacional recuerda que, en todo estado de derecho, el ejercicio de la libertad de expresión y reclamo a las autoridades es una herramienta más con la que cuentan las personas, víctimas y familiares para pedir justicia.
Las sanciones impuestas a María Belén Leguizamón sientan un precedente preocupante en tanto este tipo de medidas suelen tener un efecto disciplinador e intimidatorio, cuyo fin último es el de reprimir e inhibir manifestaciones que hacen a la libertad de expresión.

Para más información sobre ataques a defensores y defensoras de derechos humanos en América, visitá la plataforma web que hace pocos días presentó Amnistía Internacional.

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