“La salud y la vida son derechos humanos. Estamos ante la que ya es una de las mayores crisis de la historia, en la que están amenazados estos dos derechos que nos son tan básicos y preciosos. Las pruebas científicas y las recomendaciones de autoridades mundiales de salud demuestran la gravedad de la COVID-19 para la salud de las personas y los sistemas de atención de la salud de todos los países. Somos 220 millones de personas en Brasil. ¿Se imaginan si nos infectamos y tenemos que ir corriendo a los hospitales al mismo tiempo, como sucedió en la mayoría de los países afectados? Esto es lo que el gobierno brasileño, como prioridad, debe evitar ahora”.
“Además, hay que tomar todas las medidas necesarias para garantizar que todas las personas, incluidas las más pobres que viven en las favelas, las poblaciones marginadas y rurales, los pueblos indígenas y las comunidades quilombolas, las personas sin hogar y otros grupos vulnerables, pueden protegerse y tienen acceso a agua, saneamiento, seguridad alimentaria, seguridad e ingresos. Tampoco se puede olvidar a las personas privadas de libertad, hacinadas en celdas superpobladas, y a las personas adolescentes que son responsabilidad del sistema socioeducativo. La pandemia de COVID-19 puede ser devastadora para la mayoría de los grupos socioeconómicamente vulnerables, así como para las personas mayores y a quienes tienen el sistema inmunitario más débil”.
“El Estado brasileño tiene la obligación de garantizar la protección de toda la población, sin dejar atrás a nadie. De la dirección de los gobiernos federal, estatales y municipales y demás autoridades depende tomar todas las medidas que estén en su mano para proteger a toda la población brasileña sin excepción, respetando los derechos humanos, además de animar a la ciudadanía a que cumpla las medidas sanitarias adecuadas, y servir de ejemplo”.
“Ayer publicamos un documento con recomendaciones a los países de América en respuesta a la COVID-19, para garantizar que todas las medidas que adopten son compatibles con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Estas recomendaciones incluyen garantizar los derechos de la población trabajadora y su seguridad social; el acceso de toda la ciudadanía al agua, a saneamiento básico y a asistencia médica; y una respuesta a la pandemia sensible al género; así como proteger el derecho de las personas a la privacidad. Los Estados no deben discriminar, dejar atrás a los grupos de alto riesgo, usar la represión o la fuerza excesiva para aplicar medidas de salud pública ni censurar o limitar el acceso a información basada en datos y a la prevención”.
