Amnistía Internacional Argentina se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores y Culto Jorge Faurie con el objetivo de dialogar sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
La organización Internacional y el canciller debatieron sobre el rol de Argentina y de la comunidad internacional en la búsqueda de salidas pacíficas a esta crisis; sobre la garantía de justicia ante las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el país, y también sobre la recepción solidaria de migrantes y refugiados venezolanos.
La violación masiva de derechos civiles, políticos, económicos y sociales que se manifiesta en la escasez y falta de acceso a alimentos y medicinas, el deterioro de los servicios de salud, así como en la violencia y la represión política del Estado ya han generado la salida de más de 4 millones personas del país desde 2015, de los cuales al menos 150 mil se encuentran radicados o en proceso de radicación en Argentina.
Amnistía Internacional y Faurie también hablaron sobre la importancia de que Argentina como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) apoye la creación de una comisión de investigación internacional para Venezuela, un mecanismo necesario para frenar la impunidad y permitir que las víctimas de violaciones a los derechos humanos puedan aspirar a obtener verdad, memoria, justicia, reparación y garantías de no repetición en el futuro.
Esta decisión estaría, además, alineada con el informe presentado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Michelle Bachelet, presentado este mes al CDH, que documenta las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Venezuela en los últimos años y comprueba que las víctimas no han tenido acceso efectivo a la justicia y a una reparación adecuada.
Más allá de la consideración y el estudio que estos hechos puedan tener por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que mantiene un examen preliminar sobre Venezuela desde inicios de 2018, Amnistía Internacional también le recomendó a Argentina que considere la posibilidad de activación de la jurisdicción universal como forma de juzgar los responsables por crímenes de derecho internacional ocurridos en Venezuela.
