Mariela Belski, directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, se reunió con el fiscal general de la Ciudad, Luis Cevasco, con el objetivo de manifestar su profunda preocupación tras la aprobación del protocolo que establece lineamientos dirigidos a los fiscales y a las fuerzas de seguridad en el marco de manifestaciones públicas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La preocupación de Amnistía Internacional reside en que la resolución FG N 25/2016 del Ministerio Público Fiscal profundiza una política pública que tiene como fin criminalizar y coartar la protesta social.
En la reunión, muy amena y constructiva, Amnistía Internacional Argentina y el fiscal general de la Ciudad expresaron sus divergencias en referencia a la normativa. Del encuentro también participó Paola García Rey, Directora del área de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional Argentina.
Amnistía Internacional transmitió su inquietud, entre otras cosas, por las restricciones impuestas al derecho a la protesta social. El derecho internacional tiene dicho que libertad de reunión pacífica es un derecho, no un privilegio. La comunicación previa de una manifestación no debe ser una exigencia para obtener autorización.
La organización subrayó también que el artículo 78 del Código Contravencional reconoce "que el ejercicio regular de los derechos constitucionales no constituye contravención" y el manifestarse es parte de ese conjunto de derechos.
En oportunidad del encuentro, Amnistía Internacional insistió en que no se busca la inacción estatal o la pasividad de las autoridades frente a eventuales disturbios que reclaman control, sino que justamente lo que se persigue es definir los límites que el Estado debe respetar para proteger el derecho humano a manifestarse.
En este contexto, cabe recordar que el 17 de febrero el Gobierno Nacional aprobó el Protocolo de Actuación de las fuerzas de Seguridad del Estado en manifestaciones públicas. Amnistía Internacional se pronunció oportunamente sobre la falta de constitucionalidad que restringe ilegítimamente el derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa.
"A Amnistía Internacional le preocupa que, contrariamente a lo que establece el derecho internacional de los derechos humanos, los Estados presenten a los movimientos sociales que promueven muchas de las protestas, como una amenaza. Por el contrario, el Estado tiene el deber de garantizar el respeto a la libertad de reunión. Además, el espacio para la protesta y la reivindicación de derechos debe ser resguardado", señaló Mariela Belski.
La organización considera que es de suma importancia que se desarrolle un debate serio, informado y participativo en torno al derecho a manifestarse y expresarse. Es por ese motivo, que la organización continuará analizando tanto el protocolo de la Ciudad como el de la Nación. Asimismo, en referencia a la normativa porteña, solicitará una reunión con el ministro de Justicia de la Ciudad para seguir conversando de modo constructivo y seguir construyendo y aportando nuestra mirada y experiencia.
