Nota original - La Nación - El Mundo - P.3
CIUDAD DE MÉXICO.- Amnistía Internacional (AI) pidió ayer a la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, investigar los "crímenes de lesa humanidad" perpetrados en Venezuela por parte del gobierno. La organización de derechos humanos denunció en un informe presentado en Ciudad de México ejecuciones extrajudiciales selectivas, detenciones arbitrarias y muertes y heridas por uso excesivo de la fuerza " del gobierno de Nicolás Maduro de forma sistemática y generalizada desde al menos 2017". "Como hemos denunciado desde hace años, en Venezuela hay una política sistemática de represión en contra de personas opositoras (...) simplemente por el hecho de protestar, por la que el gobierno de Nicolás Maduro tendrá que rendir cuentas ante la Justicia internacional", dijo Erika Guevara, directora para las Américas de AI, tras la presentación. Durante las protestas de enero pasado se produjeron 11 ejecuciones extrajudiciales del total de 33 personas que perdieron la vida en esas manifestaciones "a manos de agentes de las fuerzas del Estado", señaló AI, que subrayó el parecido de esos ataques con los de 2014 y 2017. Una de esas víctimas mortales es Jhonny Godoy, que vivía en la comunidad de La Vega, uno de los sitios emblemáticos del chavismo, donde grabó un video contra Maduro. El 25 de enero, Godoy fue reducido en su casa por agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), golpeado durante 30 minutos y asesinado de una bala en el tórax. En medio de esas protestas de principios de año, añadió AI, "más de 900 personas fueron detenidas arbitrariamente en todos los estados del país, incluyendo niños y adolescentes". Las protestas de 2014 dejaron 43 muertos y las de 2017, otros 120. "Los probables crímenes de lesa humanidad que las autoridades han cometido no pueden quedar impunes", dijo Guevara. "Las autoridades hasta el más alto nivel, incluyendo Nicolás Maduro, supieron de estos hechos públicos y notorios y no tomaron las medidas necesarias para impedirlos ni para investigarlos. El encubrimiento de estos hechos y otros subsecuentes ha sido parte de la política de represión", precisó el informe, de 52 páginas.
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