“Es absolutamente imperativo buscar soluciones efectivas para la crisis climática, y los vehículos eléctricos desempeñan un importante papel a este respecto. Sin embargo, si no se llevan a cabo cambios radicales, las baterías que alimentan los vehículos ecológicos seguirán estando manchadas por abusos contra los derechos humanos”, ha manifestado Kumi Naidoo, secretario general de Amnistía Internacional.
© Amnesty International/Afrewatch
“Las grandes empresas globales que dominan el sector de los vehículos eléctricos tienen los recursos y los conocimientos necesarios para crear soluciones energéticas que sean realmente limpias y justas, y las desafiamos a regresar a Oslo el año que viene con pruebas de un progreso real. Ahora que la demanda de baterías va en aumento, es hora de acometer una profunda transformación de nuestras fuentes de energía, dando prioridad a la protección de los derechos humanos y el medio ambiente.”
Violaciones de derechos humanos vinculadas a la extracción de minerales
Los vehículos eléctricos son fundamentales para apartar al sector de la automoción de los combustibles fósiles, pero actualmente no son tan éticos como algunos vendedores quisieran hacernos creer. Años de prácticas no reguladas en el sector han dado lugar a impactos perjudiciales en los derechos humanos y el medio ambiente, impactos que los gobiernos y el sector no están haciendo lo suficiente para abordar.
Amnistía Internacional ha documentado graves violaciones de derechos humanos vinculadas a la extracción de los minerales utilizados en las baterías de ión de litio, especialmente en la República Democrática del Congo. Una investigación llevada a cabo en 2016 concluyó que las personas, tanto menores de edad como adultas, que trabajan en minas de cobalto excavadas a mano en el sur de la República Democrática del Congo se enfrentan a graves riesgos para la salud, sin gozar ni de la protección del gobierno ni del respeto de las empresas que se benefician de su trabajo. La investigación de Amnistía ha vinculado estas minas con las cadenas de suministro de muchas de las principales marcas de dispositivos electrónicos y empresas de vehículos eléctricos.
A pesar de las proyecciones que calculan que la demanda de cobalto alcanzará las 200.000 toneladas al año para 2020, ningún país exige legalmente a las empresas que informen públicamente de sus cadenas de suministro de este mineral. Teniendo en cuenta que más de la mitad del cobalto mundial se origina en el sur de la República Democrática del Congo, las probabilidades de que las baterías que alimentan los vehículos eléctricos estén manchadas por el trabajo infantil y otros abusos son inaceptablemente altas.
Desde 2016 ha habido algunos progresos. En respuesta a la investigación realizada por Amnistía, varias empresas punteras, entre ellas Apple, BMW, Daimler, Renault y el fabricante de baterías Samsung SDI, han publicado datos sobre sus cadenas de suministro, y la organización pide hoy a otras que hagan lo mismo.
Amnistía Internacional también ha empezado a documentar violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas que viven cerca de minas de litio en Argentina. A las comunidades indígenas no se las consulta adecuadamente sobre los proyectos mineros en sus tierras, ni se les proporciona información suficiente sobre los impactos potenciales de la minería en sus fuentes de agua. Sin salvaguardias para los derechos humanos, el daño a las comunidades indígenas podría incrementarse a medida que aumenta la demanda de litio.
Otras amenazas emergentes
El impacto medioambiental de la fabricación de baterías también es motivo de preocupación. La mayoría de los fabricantes actuales de baterías de ión de litio se concentran en China, Corea del Sur y Japón, donde la generación de electricidad sigue dependiendo del carbón y otras fuentes de energía contaminantes.
Esto significa que, aunque los vehículos eléctricos son esenciales para abandonar los combustibles fósiles y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, es preciso hacer más para reducir la huella de carbono en la etapa de fabricación. Mientras tanto, la creciente demanda de minerales como el cobalto, el manganeso y el litio ha provocado un aumento del interés por la minería de los fondos marinos, que, según predicen los estudios, tendrá impactos graves e irreversibles en la biodiversidad.
Amnistía Internacional también pide a las empresas que garanticen que las baterías se eliminan de forma responsable. Ya existen pruebas significativas de que los residuos de baterías de dispositivos electrónicos, que contienen diversos materiales peligrosos, se han eliminado de manera irresponsable y han contaminado el suelo, el agua y el aire.
“Todas las etapas del ciclo vital de una batería, desde la extracción del mineral hasta la eliminación, entrañan riesgos medioambientales y para los derechos humanos”, ha manifestado Kumi Naidoo.
“Tenemos que cambiar de rumbo ya, o los menos responsables del cambio climático —las comunidades indígenas y los niños y niñas— serán quienes paguen el precio del abandono de los combustibles fósiles. Las soluciones energéticas del futuro no deben basarse en injusticias del pasado.”
Una visión alternativa
Aprovechando como plataforma la Cumbre Nórdica del Vehículo Eléctrico, Amnistía Internacional ha expuesto hoy su visión de una batería ética que no dañe los derechos humanos ni el medio ambiente en ninguna etapa de su ciclo vital. La organización pide a gobiernos, sector, innovadores y consumidores que emprendan acciones para, en un plazo de cinco años, crear una batería ética y sostenible, que pueda ser utilizada para vehículos eléctricos y dispositivos electrónicos.
El trabajo de Amnistía Internacional se centrará en las tres etapas del ciclo vital de la batería:
Extracción: Mapear las cadenas de suministro de minerales clave, pedir que se identifiquen, se prevengan y se aborden los impactos en los derechos humanos, y pedir que se prohíba la minería comercial de los fondos marinos.
Fabricación: Pedir que las huellas de carbono se revelen, minimicen y neutralicen adecuadamente, y pedir asimismo que se protejan y hagan cumplir legalmente los derechos al trabajo y en el trabajo, incluidos los derechos a la salud, la igualdad y la no discriminación.
Reutilización y recuperación: Pedir que los productos se diseñen y regulen de manera que se optimice su potencial de reutilización y se penalice su despilfarro, y pedir también que se impidan la exportación y eliminación ilegales o peligrosas de baterías.
El reto a las empresas
Amnistía Internacional ha subrayado hoy que las empresas de electrónica y de vehículos eléctricos tienen la responsabilidad de garantizar que sus productos no contribuyen a abusos contra los derechos humanos ni los perpetúan. La organización pide a los líderes del sector que se comprometan a llevar a cabo una revisión radical de su enfoque respecto a las soluciones energéticas.
Como primer paso, las empresas deben revelar públicamente la información sobre cómo se previenen, identifican y abordan los abusos contra los derechos humanos y los riesgos medioambientales durante el ciclo vital de sus baterías de ión de litio.
“Ahora que se avecina una crisis climática, los consumidores tienen derecho a reclamar que los productos comercializados como opción ética realmente soporten el escrutinio”, ha manifestado Kumi Naidoo.
“Las empresas que hacen caso omiso de los motivos de preocupación en materia de derechos humanos mientras se pasan a fuentes energéticas limpias están presentando a sus clientes una elección falsa: las personas o el planeta. Este enfoque está gravemente viciado y no traerá consigo los cambios sostenibles que necesitamos para salvar a la humanidad de la devastación climática. Pedimos a los líderes del sector que piensen seriamente en qué tipo de futuro desean construir.”
Información complementaria
Amnistía está colaborando con Greenpeace Estados Unidos para identificar y mapear los impactos medioambientales y de derechos humanos durante el ciclo vital de las baterías, incluidos los puntos críticos de intervención para fabricar una batería ética.
En Noruega se están realizando esfuerzos para crear en los actores empresariales una conducta de diligencia debida en materia de derechos humanos.
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