Publicado originalmente en Listín Diario 

La República Dominicana celebra este mes de mayo sus elecciones presidenciales. Ante ese escenario, una revisión de los planes de gobierno de las nueve candidaturas deja una profunda preocupación ante la ausencia de una perspectiva seria y robusta de derechos humanos, que debería ser parte de los ejes centrales de cualquier propuesta política de esta envergadura.

Aunque de forma genérica todos los planes de gobierno han incluido en sus plataformas algunas referencias a los derechos humanos, la profundidad y amplitud de estos compromisos varían significativamente. Algunos planes han propuesto medidas concretas para mejorar la educación, la salud y otros derechos sociales, económicos y culturales, lo cual es positivo. Sin embargo, son pocos los que han desarrollado propuestas que aborden directamente los derechos humanos de las personas LGBTIQ+, trabajadoras sexuales, personas con VIH, personas haitianas y otras personas racializadas, estas han sido parte significativa del debate público sobre la situación de derechos humanos en el país en los últimos años.

Con relación al tema migratorio, la situación de las personas haitianas que buscan protección o una vida mejor en la República Dominicana, algunos planes de gobierno proponen medidas para su integración en la sociedad, con visiones centradas en la economía. Sin embargo, carecen de un enfoque y medidas claras para la protección de sus derechos humanos, y erradicar las formas de discriminación y racismo sistémico de las que son víctimas.

Es crucial que el próximo presidente o presidenta establezca políticas migratorias que garanticen el respeto a la dignidad y los derechos humanos de todas las personas, y que aseguren que las personas haitianas puedan acceder a la protección internacional. Ninguna persona haitiana debe ser devuelta a Haití ante la crisis que amenaza sus vidas actualmente.

Los planes de gobierno también deberían incluir medidas para la prevención y sanción de las violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades en operativos migratorios, como los que Amnistía Internacional ha denunciado.

Adicionalmente, los planes de gobierno de las nueve candidaturas presentan una gran ausencia: la situación y los derechos de las personas dominicanas de ascendencia haitiana, quienes enfrentan un largo legado de racismo y barreras institucionales para la restitución de su nacionalidad y el goce de sus derechos humanos. Por ello, es indispensable que quien lidere el próximo gobierno impulse y diseñe soluciones institucionales para evitar la apatridia, y garantizar el compromiso del Estado de restituir la nacionalidad de las personas de ascendencia haitiana, así como entregar y renovar la documentación de las personas beneficiarias de la Ley No. 169-14.

También nos preocupa enormemente que ninguna candidatura asuma un compromiso claro en su plan para gobernar sin discriminación, garantizando el derecho a la igualdad de todas las personas ante la ley; como por ejemplo asumir un liderazgo en la promoción de una ley para promover la igualdad y la no discriminación que ha sido un clamor del movimiento de derechos humanos dominicano desde hace años.

El racismo, un problema sistémico en el país, requiere una respuesta integral e institucional del Estado. A pesar de ello, solo una de las propuestas de programa de gobierno menciona el racismo como problemática. La ausencia de este tema en la mayoría de las propuestas no solo es lamentable, sino también debe causar preocupación, dado que quienes tienen la intención de liderar el gobierno del país deben mostrar un compromiso expreso y decidido de desmantelar las violencias y discriminación racial que viven las personas negras en el país. Pero en su lugar, solo guardan silencio y esto no es un buen augurio para los derechos humanos.

La protección de las mujeres y las niñas sigue siendo un área crítica y una deuda histórica, especialmente en el contexto de la violencia de género en el país. Aunque varias candidaturas han prometido fortalecer las instituciones y leyes relacionadas con los derechos humanos de las mujeres, la despenalización del aborto no es un compromiso común de todas las candidaturas.

Los planes de gobierno revisados dejan importantes vacíos y áreas de oportunidad. Por ello, es imperativo que, quien asuma la presidencia en agosto de 2024, demuestre un liderazgo comprometido con un desarrollo nacional integral, es decir, uno que tenga en el centro el respeto y la garantía de los derechos humanos de todas las personas en la República Dominicana.

El pueblo dominicano merece un gobierno que priorice su dignidad y sus derechos humanos.

Los ojos del mundo estarán observando los comicios y esperamos que el gran ganador sean los derechos de todas las personas en el país.

La autora es directora para las Américas de Amnistía Internacional