“La absolución de la activista por el derecho al aborto Vanessa Mendoza Cortés de los cargos de difamación es una victoria importante, aunque nunca debió haber sido acusada”, ha declarado Amnistía Internacional tras la decisión judicial hoy.

En una declaración pública conjunta con el Centro de Derechos Reproductivos, Women’s Link Worldwide y Front Line Defenders, las organizaciones aplauden la decisión de hoy que absuelve a Vanessa Mendoza Cortés y recuerdan a las autoridades que ésta no debe ser objeto de nuevos actos de intimidación ni de represalias por desempeñar su importante y legítimo trabajo de derechos humanos.

“La absolución de hoy defiende el derecho a la libertad de expresión de Vanessa Mendoza Cortés y reafirma la legitimidad de los esfuerzos de todas las personas que defienden los derechos de las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, Vanessa Mendoza Cortés ha pagado un alto precio por defender los derechos humanos. Ha soportado un proceso judicial injusto y prolongado que ha durado más de cuatro años, lo que ha afectado a su crucial labor y la de la organización a la que representa”.

“Pedimos a las autoridades de Andorra que reconozcan públicamente la legitimidad del trabajo de derechos humanos que lleva a cabo Vanessa Mendoza Cortés. Las autoridades deben tomar medidas concretas para garantizar que tanto ella como otras activistas pueden defender los derechos humanos de las mujeres y las niñas en Andorra, incluido el derecho a un aborto seguro y legal, sin intimidación ni temor a represalias”.

“Andorra debe cumplir sus obligaciones de despenalizar el aborto y facilitar el acceso a un aborto seguro y legal en el país”.

Información complementaria

Vanessa Mendoza Cortés, presidenta de la organización de derechos de las mujeres Stop Violències, fue acusada de difamación criminal tras manifestar su preocupación por la prohibición total del aborto en Andorra durante una reunión del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer para examinar el historial del país sobre los derechos de las mujeres celebrada en 2019.

En 2020, tras una denuncia del gobierno, la fiscalía presentó tres cargos de difamación criminal contra Vanessa, pero, a raíz de la indignación internacional, fueron retirados dos de los cargos que acarreaban penas de prisión. En diciembre de 2023, Vanessa Mendoza Cortés fue a juicio acusada de “desprestigio a las instituciones”.

La acusación se basó en las disposiciones del Código Penal andorrano que castigan la difamación de instituciones estatales y los jefes del Estado. Según las normas internacionales de derechos humanos, las autoridades gubernamentales y públicas deben ser legítimamente sometidas a escrutinio o crítica pública. Las leyes que protegen frente a los ataques a la reputación no deben estar concebidas para proteger valores abstractos o instituciones estatales.

El injusto procesamiento de Vanessa Mendoza Cortés y los esfuerzos concertados para deslegitimar su trabajo de promoción de los derechos sexuales y reproductivos siguen un patrón global de intimidación, ataques y estigmatización de quienes defienden el derecho al aborto.