Arabia Saudí: Detengan la ejecución inminente de un joven


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Ante la noticia de que Mustafa al Darwish podría ser ejecutado de forma inminente después de que su causa haya sido remitida a la Presidencia de Seguridad del Estado tras la confirmación por el Tribunal Supremo de su condena a muerte, Lynn Maalouf, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha declarado:

“Las autoridades saudíes deben detener inmediatamente todos los planes de ejecutar a Mustafa al Darwish, que fue declarado culpable de participar en disturbios contra el gobierno y condenado a muerte tras un juicio plagado de deficiencias basado en una ‘confesión’ obtenida mediante tortura. El tiempo para salvarle la vida se acaba rápidamente.

“El uso de la pena de muerte es una abominable violación del derecho a la vida en todas las circunstancias. Seguir adelante con esta ejecución perjudicaría enormemente el reciente progreso de Arabia Saudí en el uso de la pena de muerte, que hizo disminuir un 85% las ejecuciones en 2020.

“El derecho internacional de los derechos humanos prohíbe terminantemente el uso de la pena de muerte contra personas menores de 18 años en el momento del delito. Dado que el acta formal de acusación no especifica el mes preciso en el que se cometieron los presuntos delitos, Mustafa al Darwish podría haber tenido 17 o 18 años en ese momento.

“En lugar de ejecutar a Mustafa al Darwish, las autoridades deben anular inmediatamente su sentencia condenatoria y ordenar que sea juzgado de nuevo con las debidas garantías”.

Información complementaria

La última semana de mayo de 2021, la causa contra Mustafa al Darwish fue remitida a la Presidencia de la Seguridad del Estado. Ante la ausencia de información transparente en torno a los procesos judiciales, Amnistía Internacional cree que esta remisión podría indicar su ejecución inminente, en cuanto el rey ratifique la condena a muerte.

Mustafa al Darwish, de 26 años, fue detenido en mayo de 2015 por su presunta participación en disturbios entre 2011 y 2012. Durante su reclusión, estuvo seis meses en régimen de aislamiento y de incomunicación y se le negó el acceso a asistencia letrada hasta que comenzó su juicio, dos años después, lo que violó su derecho a un juicio justo. En marzo de 2018, el Tribunal Penal Especializado lo condenó a muerte por una serie de cargos entre los que figuraban “participación en rebelión armada contra los gobernantes, bloquear carreteras y sembrar la discordia”, “formar [...] una red terrorista armada y disparar contra agentes de seguridad” y “buscar la ruptura de la cohesión nacional mediante su participación en más de 10 disturbios”.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia de la persona acusada y del método utilizado para llevar a cabo la ejecución.

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