Hoy tras la decisión judicial de trasladar el caso de la defensora de los derechos de las mujeres, Loujain al-Hathloul, al Tribunal Penal Especializado de Arabia Saudí, la directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y África del Norte, Lynn Maalouf, manifestó:

“Con el historial de derechos humanos de Arabia Saudí, de nuevo en el centro de atención por ser anfifitrión del G20, las autoridades saudíes podrían haber decidido poner fin a la pesadilla de dos años para la valiente defensora de los derechos de las mujeres, Loujain al-Hathloud. En cambio, con un movimiento descorcentante, transfirieron su caso al SCC (Tribunal Especializado que juzga casos de terrorismo); una institución utilizada para silenciar a la disidencia y conocida por dictar largas penas de prisión tras juicios sin las debidas garantías. Esta es otra señal más de que las afirmaciones de Arabia Saudí sobre sus reformas de los derechos humanos son una farsa".

“Loujain al-Hathloul debe ser puesta en libertad de manera inmediata e incondicional, y todos los cargos contra ella deben retirarse. También pedimos a las autoridades saudíes que se le permita ser atendida por un médico de su elección, así como acceder debidamente a su abogado y a su familia".

Antecedentes
En 2018, Arabia Saudí arrestó a 13 activistas por los derechos de las mujeres por ejercer su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión. Cinco permanecen detenidas y comparecieron hoy ante un tribunal: Loujain al-Hathloul, Samar Badawi, Nassima al-Sada, Nouf Abdulaziz y Maya’a al-Zahrani. No está claro cuál fue el resultado de las sesiones para las otras cuatro defensoras de derechos humanos.

Loujain al-Hathloul emprendió una huelga de hambre de dos semanas el 26 de octubre. Según miembros de la familia que estaban presentes en la sala del tribunal, ella estaba temblando y hablando en voz baja durante la sesión de hoy, mientras leía su defensa de cuatro páginas. Al personal diplomático de varios estados se les negó la entrada al juzgado con el pretexto de las regulaciones COVID-19. Amnistía Internacional ha documentado cómo los juicios ante el SCC son intrínsecamente injustos.