La ejecución colectiva de 81 hombres —saudíes y de otras nacionalidades— el sábado indica una escalada terrible en el uso de la pena de muerte por Arabia Saudí, que eleva a 92 el número de ejecuciones en este país en lo que va de año; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional.

El Ministerio del Interior anunció el sábado la ejecución de 81 personas, todas condenadas por una amplia diversidad de delitos, entre ellos “terrorismo”, asesinato, robo a mano armada y contrabando de armas. Varios de los hombres ejecutados también habían sido declarados culpables de “desestabilizar el tejido social y la cohesión nacional” y de “promover y participar en sentadas y protestas”, que incluyen actos amparados por el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.

“Esta ola de ejecuciones es aún más escalofriante si se tiene en cuenta que el sistema de justicia de Arabia Saudí está plagado de defectos, con la imposición de sentencias de muerte tras juicios manifiestamente injustos que incluyen fallos condenatorios basados en ‘confesiones’ obtenidas mediante tortura u otros malos tratos”, ha manifestado Lynn Maalouf, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

Este escandaloso número de ejecuciones revela asimismo la falta de transparencia de Arabia Saudí en los casos de pena de muerte, ya que sabemos que el número de juicios que dan lugar a una condena a muerte siempre es considerablemente superior al dato publicado oficialmente. Actualmente, muchas personas corren peligro inminente de ejecución en Arabia Saudí.”

Ejecuciones por participar en protestas

Según la documentación de Amnistía Internacional, 2 de los 81 hombres ejecutados el sábado habían sido condenados a muerte tras ser declarados culpables de delitos relacionados con su participación en protestas violentas contra el gobierno. El número de personas ejecutadas por cargos parecidos podría ser superior.

El Tribunal Penal Especializado condenó a muerte a Mohammad al Shakhouri el 21 de febrero de 2021 por presuntos delitos violentos relacionados con su participación en protestas antigubernamentales. No tuvo acceso a representación letrada durante su detención e interrogatorio y su familia no pudo visitarlo hasta ocho meses después de su arresto.

Al Shakhouri contó al tribunal que tenía contusiones y fuertes dolores en la espalda, las costillas y la boca tras haber sufrido tortura. Perdió la mayoría de los dientes tras recibir reiterados puñetazos en la cara a manos de los agentes de seguridad; aun así, se le denegó asistencia médica. Al Shakhouri se retractó de su “confesión” alegando que había sido obtenida mediante tortura, por lo que el juez dictó una condena a muerte discrecional.

Asad Ali, también ejecutado el sábado, había sido condenado a muerte por el Tribunal Penal Especializado el 30 de enero de 2021 por delitos parecidos. Contó al tribunal que había sufrido tortura física y emocional al ser interrogado mientras se encontraba en régimen de aislamiento, y que su “confesión” también había sido obtenida mediante tortura. Ali dijo que le habían denegado asistencia médica a pesar del dolor agudo que padecía.

Arabia Saudí ha llevado a cabo otras dos ejecuciones colectivas en años recientes, aunque ninguna de la misma magnitud que esta: en 2019 fueron ejecutadas colectivamente 37 personas, en su mayoría hombres chiíes condenados tras simulacros de juicio, y en 2016 se llevó a cabo la ejecución colectiva de 47 personas, entre ellas el prominente clérigo chií Sheikh Nimr al Nimr.

Amnistía Internacional ha documentado los casos de al menos 30 hombres más en peligro de ejecución que fueron condenados a muerte tras juicios injustos por cargos muy diversos a raíz de su oposición al gobierno o por participación en protestas antigubernamentales, tráfico de drogas, ataques violentos o asesinatos. El número total de personas condenadas a muerte por cargos similares probablemente sea muy superior.

En todos los casos documentados por Amnistía Internacional, los acusados fueron condenados tras juicios manifiestamente injustos, muchos de ellos empañados por denuncias de tortura durante la detención que la fiscalía no investigó incumpliendo las obligaciones internacionales de Arabia Saudí.

En marzo de 2022, Abdullah al Huwaiti, quien tenía14 años en el momento de cometerse el presunto delito, fue condenado a muerte tras un segundo juicio, después de que su condena a muerte inicial fuera anulada en noviembre de 2021. Volvió a ser condenado a muerte por los cargos de asesinato y robo a mano armada. Según documentos judiciales, estuvo cuatro meses recluido en régimen de aislamiento mientras era interrogado sin estar presentes sus progenitores ni un abogado.

En peligro de ejecución por ejercer su libertad de expresión

A finales de marzo de 2022 está previsto que el académico saudí Hassan al Maliki comparezca ante el Tribunal Penal Especializado en la reanudación de su juicio, que podría dar lugar a su condena a muerte por cargos relacionados con el ejercicio de su libertad de expresión. Los 14 cargos en su contra incluyen “injurias a los gobernantes y al consejo de ulemas del país”, “conceder entrevistas a periódicos y cadenas de televisión occidentales que son hostiles [al Reino]”; “escribir libros y documentos de investigación […] y publicarlos fuera del Reino” y “posesión de 348 libros no autorizados por la autoridad competente”.

En un caso parecido, el clérigo Salman Alodah también se enfrenta a la pena de muerte ante el Tribunal Penal Especializado por cargos relacionados con su presunto apoyo a disidentes encarcelados y a la Hermandad Musulmana, grupo político prohibido. Alodah estuvo sometido al régimen de aislamiento durante los cinco primeros meses de su detención, en incumplimiento de normas internacionales como las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela), sin que se le permitiera tener contacto con familiares ni abogados excepto una breve llamada un mes después de su arresto.

En agosto de 2018, Salman Alodah compareció ante el Tribunal Penal Especializado en una vista secreta en la que se formularon 37 cargos en su contra, entre ellos reclamar libertad de expresión y reformas políticas en Arabia Saudí. En mayo de 2019, tras otra vista secreta, su abogado comunicó a su familia que la fiscalía había pedido la pena de muerte. Continúa sometido a juicio en espera de sentencia.

“Hassan al Maliki y Salman Alodah deben quedar en libertad de inmediato y sin condiciones. Ninguna persona debería enfrentarse a la pena de muerte sólo por ejercer su derecho a la libertad de expresión. El uso de las ejecuciones por el Estado como instrumento político para reprimir las voces críticas es un gravísimo error de la justicia”, ha dicho Lynn Maalouf.

Cambios recientes en la imposición de condenas a muerte

En 2020 se emitió un Real Decreto que anunciaba el fin del uso de la pena capital contra personas que fueran menores de 18 años en el momento del delito, y sólo en los casos discrecionales no relacionados con la legislación antiterrorista. No especificaba si el anuncio se extendía a los menores condenados por delitos hadd (castigados con duras penas fijas por la ley islámica) y por delitos en los que era aplicable el principio de qisas (represalia). El Real Decreto incumple las obligaciones contraídas por Arabia Saudí en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño.

A principios de 2021, las autoridades saudíes anunciaron importantes reformas en relación con la pena de muerte, incluida una suspensión de las ejecuciones por delitos de drogas, que obedecen a condenas de muerte dictadas a discreción del juez y no establecidas por la ley islámica. Aunque al parecer ya se está aplicando esta suspensión, aún no se ha formalizado y seguirá siendo no oficial mientras la legislación existente sobre drogas siga incluyendo la pena capital y las personas ya condenadas a muerte por delitos relacionados con drogas continúen en el corredor de la muerte.

Más aún, se siguieron dictando condenas a muerte y llevando a cabo ejecuciones por otros delitos en que los jueces pueden imponer la pena capital a su discreción. Jafar Sultan y Sadiq Thamer, ciudadanos bahreiníes, fueron condenados a muerte a discreción del juez el 7 de octubre de 2021 por delitos de “terrorismo” que incluían contrabando de explosivos, recibir formación militar en Irán y “participar en manifestaciones en Bahréin que promovían el derrocamiento del gobierno”. Su fallo condenatorio fue confirmado por el Tribunal de Apelación en enero de 2022, aunque todavía podría ser anulado por el Tribunal Supremo.

La pena de muerte constituye la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante y una violación del derecho a la vida. Amnistía Internacional pide a las autoridades saudíes que suspendan de inmediato las ejecuciones, declaren una suspensión oficial de todas las ejecuciones y adopten legislación que declare la abolición absoluta de la pena de muerte para todos los delitos.

Además, Arabia Saudí debe garantizar que los tribunales no admiten “confesiones” ni otras declaraciones obtenidas mediante tortura y que todas las denuncias de abusos son investigadas eficazmente y sin demora por un organismo independiente.