En respuesta a la ejecución de Hussein Abo al Kheir, de nacionalidad jordana y padre de ocho hijos, que llevaba desde 2015 en espera de ejecución tras ser declarado culpable de tráfico de drogas en un juicio sin garantías, Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha declarado:
“Al ejecutar a Hussein Abo al Kheir sin ni siquiera notificárselo a su familia, las autoridades saudíes han vuelto a revelar su cruel desprecio por la vida humana. Aunque siguen alardeando de que las nuevas reformas legislativas aportan salvaguardias para los derechos humanos, la ejecución de Hussein tras un juicio sin garantías deja al descubierto su total incumplimiento de estas garantías.
“Las autoridades penitenciarias mantuvieron incomunicado a Hussein durante años, le negaron representación letrada y no investigaron su denuncia de haber sido torturado para conseguir las ‘confesiones’ en las que se basó su sentencia condenatoria. Nadie debería tener que padecer ese tortuoso suplicio. Las autoridades deben entregar inmediatamente el cadáver de Hussein Abo al Kheir a sus familiares para que éstos puedan enterrarlo dignamente.
“Arabia Saudí debe establecer de inmediato una moratoria oficial de las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte en el país. Las autoridades deben revisar los casos de todas las personas condenadas actualmente a muerte con vistas a conmutarles la condena u ofrecerles un nuevo juicio que sea justo y en el que no se recurra a la pena de muerte. También deben eliminar la pena de muerte de todas las leyes, empezando por la Ley de Control de Drogas, que deja a discreción de los jueces la imposición de la pena de muerte por delitos de tráfico de drogas y otros delitos relacionados.
“Los aliados internacionales de Arabia Saudí también deben dejar claro que las autoridades saudíes no pueden seguir ejecutando con impunidad, y pronunciarse enérgicamente en favor de otras personas que podrían estar en peligro de ser ejecutadas.”
Información complementaria
Desde el 1 de marzo de Arabia Saudí ha ejecutado a 11 personas, condenadas por delitos como terrorismo, asesinato, violación, secuestro y tráfico de drogas. En noviembre de 2022, las autoridades saudíes reanudaron las ejecuciones por delitos relacionados con drogas tras una pausa entre febrero de 2020 y octubre de 2022.
Hussein Abo al Kheir, de 57 años, fue detenido por funcionarios saudíes en 2014, y posteriormente acusado de tráfico de drogas. Fue condenado a muerte en 2015 tras un juicio manifiestamente injusto. Su ejecución contraviene una decisión del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, emitida el pasado mes de octubre y en la que se declaraba que Hussein Abo al Kheir se encontraba detenido de manera arbitraria y se pedía la anulación de su condena a muerte y su “liberación inmediata e incondicional”. Su ejecución también viola el derecho internacional de los derechos humanos, que prohíbe el empleo de la pena de muerte para castigar delitos que no se ajusten a lo que se entiende por “los más graves delitos”, que entrañan el homicidio intencional.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado y del método de ejecución utilizado por el Estado. La pena de muerte viola el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.
