A pesar del compromiso de las autoridades saudíes de poner fin al uso de la pena de muerte contra personas menores de 18 años en el momento de la comisión del delito, siete varones jóvenes corren peligro de ejecución inminente después de que un tribunal de apelación confirmara su castigo, ha declarado hoy Amnistía Internacional. Su ejecución supondría una escalofriante escalada del empleo de la pena de muerte, incrementando la cifra sin precedentes de ejecuciones en el país que sólo en los últimos tres años ya se había multiplicado por siete.
“Las autoridades han prometido limitar el uso de la pena de muerte y han adoptado reformas legales que prohíben la ejecución de personas que tuvieran menos 18 años en el momento del delito. Si las autoridades quieren que tales promesas se tomen serio, deben ordenar detener inmediatamente la ejecución prevista de siete jóvenes que en el momento de ser detenidos eran niños”, ha manifestado Heba Morayef, directora de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
Es habitual que a los familiares no se les informe cuando el Tribunal Supremo y el rey ratifican penas de muerte, y a menudo tienen noticia de la ejecución de sus seres queridos a través de los medios de comunicación.
Los siete jóvenes eran niños menores de 18 años, y uno de ellos tenía sólo 12, en el momento de la comisión de los presuntos delitos. Además se les negó asistencia letrada durante todo el periodo de detención en espera de juicio. Entre marzo de 2022 y marzo de 2023, un tribunal de apelación confirmó sus condenas a muerte. Tras unos juicios sin las debidas garantías y empañados por “confesiones” obtenidas mediante tortura, seis de ellos fueron declarados culpables de cargos de terrorismo; el séptimo, de los cargos de robo a mano armada y asesinato.
Arabia Saudita es uno de los principales verdugos del mundo. En 2022, el reino ejecutó a 196 personas, la cifra anual de ejecuciones más elevada registrada por Amnistía Internacional en el país en los últimos 30 años. Es tres veces superior al número de ejecuciones llevadas a cabo en 2021 y al menos siete veces superior a las de 2020.
En lo que va de año, Arabia Saudita ha ejecutado a 54 personas por una amplia diversidad de delitos entre los que figuran el asesinato, el contrabando de drogas y delitos relacionados con el terrorismo.
Reformas legislativas ignoradas
Los castigos facultativos de la ley islámica, a los que los siete jóvenes han sido condenados, no se especifican en la sharia (ley islámica) y, por lo tanto, la magnitud del castigo queda al arbitrio de los jueces. En 2018, Arabia Saudita promulgó la Ley de Menores, que establecía una pena máxima de 10 años de prisión para cualquier persona menor de 18 años declarada culpable de un delito punible con un castigo facultativo de la ley islámica. Un Real Decreto dictado en 2020 también prohibió a los jueces la imposición de la pena de muerte opcional a personas menores de 15 años en el momento de la comisión del delito.
En mayo de 2023, la Comisión de Derechos Humanos de Arabia Saudita confirmó en una carta dirigida a Amnistía Internacional que “se ha[bía] abolido completamente la aplicación de la pena de muerte a personas menores de edad por delitos punibles con un castigo facultativo de la ley islámica” En noviembre de 2022, el país reanudó las ejecuciones por delitos de drogas, poniendo fin así a la moratoria de tales ejecuciones que, según la Comisión de Derechos Humanos del pais, estaba en vigor desde enero de 2020.
Juicios manifiestamente injustos
Seis de los siete jóvenes fueron declarados culpables de delitos de terrorismo por hechos como participar en protestas antigubernamentales o asistir al entierro de personas muertas a manos de las fuerzas de seguridad.
Los seis jóvenes condenados a muerte pertenecen a la minoría chií, que habitualmente hace frente a discriminación y juicios manifiestamente injustos por cargos imprecisos y muy diversos que tienen que ver con su oposición al gobierno.
Yousef al Manasif, que tenía entre 15 y 18 años en el momento de la comisión del presunto delito, fue condenado a muerte por un Tribunal Penal Especializado en noviembre de 2022.
Según el acta formal de acusación y la sentencia, que Amnistía Internacional ha podido leer, al Manasif fue declarado culpable de varios cargos. Entre ellos figuran: “Desestabilizar el tejido social y la cohesión nacional, y participar y promover la participación en sentadas y protestas que perturban la cohesión y la seguridad del Estado”. Sus familiares afirmaron que no se les permitió verlo ni visitarlo hasta seis meses después de su arresto, periodo durante el cual sostienen estuvo recluido en régimen de aislamiento. El tribunal de apelaciones confirmó su condena en marzo de 2023.
Otro de los acusados, Abdullah al Darazi, tenía 17 años en el momento del presunto delito. Entre los cargos por los que se lo condenó figuran “participar […] en disturbios en Al Qatif, y corear consignas contra el Estado y sembrar el caos” y “atacar a agentes de seguridad con cócteles molotov”. Abdullah al Darazi contó al tribunal que había permanecido tres años recluido en espera de juicio y que no le permitieron acceder a asistencia letrada ni durante la fase de investigación ni mientras estuvo en prisión preventiva.
Según la documentación procesal, a la que Amnistía Internacional ha tenido acceso, Abdullah al Darazi dijo al juez: “Solicito una evaluación médica independiente para demostrar las torturas a las que he sido sometido […]. Los expedientes de la unidad de investigaciones hospitalarias de Dammam demuestran que sigo recibiendo tratamiento a consecuencia de los golpes que me propinaron en los oídos mientras me interrogaban, y sigo pidiendo un informe médico sobre ello.”
El tribunal no realizó una investigación médica independiente ni investigó las denuncias de tortura de Abdullah; en vez de ello, en agosto de 2022, el Tribunal Penal Especializado de Apelaciones confirmó la pena de muerte dictada contra él.
“Ejecutar a personas que eran menores de 18 años en el momento de la comisión del delito por el que han sido condenadas, o por delitos no relacionados con el homicidio intencional, o tras juicios injustos porque, por ejemplo, éstos se basaron en confesiones obtenidas mediante tortura y otros malos tratos viola el derecho internacional. La pena de muerte es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante”, ha sostenido Morayef.
La magnitud de las ejecuciones es mucho mayor de la que se había tenido noticia
En la misma carta remitida en mayo a Amnistía Internacional por la Comisión de Derechos Humanos de Arabia, ésta desveló que en 2022 habían sido ejecutadas 196 personas. Dicha cifra de ejecuciones es mucho mayor que la comunicada por la agencia oficial de noticias saudí y que la registrada por Amnistía Internacional en 2022, que fue de 148.
“La discrepancia en el número de ejecuciones proporcionado por la Comisión de Derechos Humanos de Arabia Saudí y el publicado por la agencia de noticias saudí indica que la magnitud de la ejecuciones es incluso peor que la presentada habitualmente por dicha agencia. Si las autoridades saudíes desean que sus declarados planes de reforma se tomen en serio, el primer paso es establecer una moratoria de las ejecuciones y garantizar que los tribunales no admitan declaración alguna obtenida mediante tortura”, ha declarado Morayef.
