“Aunque esto representaría un paso significativo para Arabia Saudí si se implementase, el uso continuo de la pena de muerte en el país alcanzó el año pasado un máximo estremecedor con 184 ejecuciones”, declaró Heba Morayef, directora regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“La pena de muerte es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante; ningún país debería seguir usándola y el historial de Arabia Saudí es especialmente negativo en este sentido. Arabia Saudí debe declarar ya una moratoria oficial de las ejecuciones como primer paso para abolir totalmente la pena de muerte.
“Tampoco debería olvidarse que decenas de hombres y mujeres, activistas pacíficos de derechos humanos, siguen encarcelados tras ser declarados culpables en juicios manifiestamente injustos sólo por hacer campaña en favor de la igualdad y la justicia en un entorno enormemente represivo”.
Las autoridades saudíes anunciaron ayer que el país no seguirá usando la pena de muerte contra personas menores de 18 años en el momento del delito. La pena capital será sustituida por una pena máxima de 10 años de prisión.
Según la información obtenida por Amnistía Internacional, el Real Decreto excluye los delitos tipificados en la ley antiterrorista. No está claro a qué pena serán condenadas las personas menores si son juzgadas en aplicación de esta ley. Amnistía Internacional ha documentado el abuso que hacen las autoridades saudíes de la ley antiterrorista, que contiene definiciones excesivamente generales e imprecisas de “terrorismo” y “delito terrorista”, e incluye varias disposiciones que penalizan la expresión pacífica de opiniones.
Arabia Saudí se burla desde hace años del derecho internacional, que prohíbe el uso de la pena de muerte contra personas menores de 18 años en el momento del delito. Amnistía Internacional lleva tiempo haciendo campaña en favor de la anulación de las condenas a muerte impuestas a Ali al Nimr, Abdullah al Zaher y Dawood al Marhoon, tres jóvenes de la minoría chií de Arabia Saudí detenidos cuando eran menores de 18 años y que corren riesgo inminente de ser ejecutados tras haber sido sometidos a juicios manifiestamente injustos ante el Tribunal Penal Especializado.
Las autoridades no han publicado aún el Real Decreto que contiene el anuncio y siguen sin estar claras sus normas de aplicación. Que sepa Amnistía Internacional, las familias de las personas condenadas a muerte no han recibido aún ninguna información sobre los casos de sus seres queridos.
La semana pasada, el Tribunal Supremo de Arabia Saudí ordenó a todos los tribunales que pusieran fin a las penas de flagelación opcionales y las sustituyeran por otras de privación de libertad y/o multas. No está claro aún si esto se aplica a las penas de flagelación preceptivas para otros delitos en virtud de la ley islámica, como el consumo de alcohol y los delitos sexuales.
La Ley de Menores
El reciente anuncio sigue a la Ley de Menores, promulgada en 2018, que prohibió a los jueces la imposición de la pena de muerte opcional a menores de 15 años. Sin embargo, no excluía la posibilidad de condenar a muerte a menores declarados culpables de los delitos hadd (castigados con duras penas fijas por la ley islámica) ni para los delitos en los que se podía aplicar el principio de qesas (represalia), por el que la ley islámica permite castigar el asesinato y las lesiones físicas con una pena equivalente, es decir, la muerte para el asesinato y la misma lesión para las lesiones físicas. Por tanto, esta ley incumplía las obligaciones contraídas por Arabia Saudí en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño.
El anuncio, que representa un paso adelante respecto de la Ley de Menores, debe ir seguido de unas normas de aplicación claras que no excluyan a ningún menor de la reforma.
Información complementaria
En su Informe anual sobre la pena de muerte, Amnistía Internacional reveló que Arabia Saudí había ejecutado a un número sin precedentes de personas en 2019, a pesar de que hubo una disminución general de las ejecuciones en todo el mundo. Las autoridades saudíes ejecutaron el año pasado a 184 personas, el número más elevado registrado por Amnistía Internacional según las cifras del Ministerio del Interior desde el año 2000.
