“La noticia de que las autoridades saudíes han retirado su atroz petición de que Israa al Ghomgham sea ejecutada representa un enorme alivio. Sin embargo, aunque su vida ya no corre peligro, la activista aún se enfrenta a una absurda condena de prisión sólo por participar en manifestaciones pacíficas”.
“Ahora, la Fiscalía de Arabia Saudí debe retirar de forma inmediata su petición de pena de muerte contra los otros cuatro acusados que están siendo juzgados junto con Israa al Ghomgham. Todos ellos han sido detenidos por ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión.
“La pena de muerte es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante —y su uso es horrible en todas las circunstancias—, pero recurrir a la ejecución como medio para castigar a quienes se manifiestan pacíficamente constituye una violación del derecho internacional especialmente espantosa. Las autoridades deben adoptar medidas para abolir la pena de muerte.
“En lugar de tratar a las personas se manifiestan pacíficamente como si fueran delincuentes y recurrir a medidas extremas para intimidarlas y que guarden silencio, las autoridades saudíes deben garantizar que Israa al Ghomgham y los demás detenidos únicamente por ejercer su derecho de disidencia pacífica son puestas en libertad de inmediato y sin condiciones”.
Información complementaria:
Israa al Ghomgham fue detenida junto con su esposo, Mousa al Hashim, en diciembre de 2015 por su participación en las protestas en protestas para reclamar más derechos y reformas en favor de la minoría chií que tuvieron lugar en la región de Qatif (provincia Oriental de Arabia Saudí), tras la Primavera Árabe. La activista está siendo juzgada, junto con Ahmed al Matrood, Ali Ouwaisher, Mousa al Hashim, Khalid al Ghanim y Mujtaba al Muzain, por el célebre Tribunal Penal Especializado de Arabia Saudí, que se ocupa de los casos de lucha contra el terrorismo.
Los seis se enfrentan a varios cargos entre los que figura “participar en protestas”, que es punible en virtud del Real Decreto 44/A, decreto que desarrolla la Ley para los Delitos de Terrorismo y su Financiación, de 2014.
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