En respuesta a la publicación del informe de la ONU sobre el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, que concluye que fue víctima de “una ejecución extrajudicial de la que el Estado de Arabia Saudí es responsable en virtud del derecho de los derechos humanos”, y que “existen pruebas creíbles que justifican una mayor investigación sobre la responsabilidad individual de altos funcionarios saudíes, incluido el príncipe heredero”, Lynn Maalouf, directora de investigación para Oriente Medio de Amnistía Internacional, declaró:

“Pedimos al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que adopte de inmediato la recomendación de la relatora especial de iniciar una investigación penal internacional de seguimiento. El informe de la ONU confirma que las medidas adoptadas hasta la fecha por Arabia Saudí para garantizar la rendición de cuentas no sólo son inadecuadas, sino que violan en sí mismas las normas de derechos humanos, en cuestiones tanto de procedimiento como de fundamento.”



 

“Las personas de las que se demuestre que son responsables de este despreciable acto deben comparecer ante la justicia, independientemente del cargo que ocupen. El secretario general Guterres debe transmitir una enérgica señal que indique que se responderá con firmeza a los homicidios selectivos de disidentes, periodistas, activistas, y defensores y defensoras de los derechos humanos en todo el mundo.”

“Las conclusiones del informe confirman que las vidas de los disidentes y críticos saudíes que residen en el extranjero corren peligro. La comunidad internacional debe seguir presionando a las autoridades saudíes para que pongan fin a su implacable represión de todas las formas de libre expresión que se manifiesten mediante el patrón continuado de detenciones arbitrarias, tortura y juicios flagrantemente injustos, seguidos de ejecuciones, de una amplia variedad de miembros de la sociedad civil saudí.”