Está aumentando la presión para que se haga rendir cuentas a las autoridades saudíes por la ejecución extrajudicial de Jamal Khashoggi y otras violaciones de derechos humanos que se han venido cometiendo durante mucho tiempo contra periodistas, voces críticas y defensores y defensoras de los derechos humanos, ha afirmado Amnistía Internacional hoy.

La publicación, esta semana, de un informe de los servicios de inteligencia de Estados Unidos en el que se llega a la conclusión de que el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, aprobó una operación que tenía por objeto capturar o matar a Jamal Khashoggi ha llevado al gobierno estadounidense a dictar sanciones contra diversas autoridades saudíes. Días después, Reporteros sin Fronteras presentó ante la Fiscalía General alemana una denuncia contra el príncipe heredero y otros altos funcionarios saudíes por la ejecución extrajudicial de Jamal Khashoggi y la persecución en general de periodistas en Arabia Saudí.

“Más de dos años después del asesinato de Jamal Khashoggi con la aprobación del Estado, su familia no tiene aún información sobre el paradero de sus restos, mientras que los altos funcionarios involucrados continúan eludiendo la acción de la justicia y son libres de seguir ejerciendo su brutal represión de la disidencia pacífica”, ha señalado Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Sin embargo, el caso de Khashoggi no se ha olvidado y ahora es otra vez el centro de atención. Jamás ha sido más urgente hacer rendir cuentas a los responsables del homicidio de Jamal Khashoggi. Una rendición de cuentas genuina podría tener repercusiones enormes para el gran número de defensores y defensoras de los derechos humanos detenidos y perseguidos injustamente en Arabia Saudí, así como para múltiples activistas en el exilio de la diáspora saudí.”

Amnistía Internacional ha hecho hincapié reiteradamente en que el juicio, celebrado a puerta cerrada en Arabia Saudí, en el que se declaró a ocho personas culpables del homicidio de Jamal Khashoggi carecía de credibilidad y transparencia. Por ello, la organización ha pedido insistentemente que se abra una investigación internacional, independiente e imparcial, en la que se identifique a todas las personas involucradas, cualquiera que sea su rango o posición, a fin de garantizar que los responsables del homicidio de Jamal Khashoggi responden ante la justicia. La desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial del periodista constituyen crímenes de derecho internacional, por los que cualquier Estado puede iniciar investigaciones y enjuiciamientos.

“El brutal homicidio de Jamal Khashoggi debe interpretarse en el contexto de la represión sistemática que ejerce el gobierno saudí contra periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y demás agentes de la sociedad civil. Esta escalofriante campaña orquestada de represión de la disidencia y la oposición política dentro y fuera del país, que incluye detenciones y tortura de defensoras de los derechos humanos, lleva años teniendo lugar bajo la dirección de los más altos niveles del gobierno saudí”, ha añadido Heba Morayef.

“Las autoridades saudíes deben tomar de inmediato medidas para dejar en libertad a las decenas de voces críticas y defensores y defensoras de los derechos humanos que han sido encarcelados injustamente por la expresión pacífica de sus opiniones.”

Amnistía Internacional ha documentado al menos 47 casos de personas que cumplen condenas de hasta 30 años de prisión en Arabia Saudí por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Entre ellas figura la defensora de los derechos de las mujeres Loujain al-Hathloul, que sido puesta recientemente en libertad condicional.