Las autoridades saudíes deben dejar en libertad de inmediato y sin condiciones a Salma al Shehab, estudiante de doctorado de la Universidad de Leeds que ha sido condenada a 34 años de prisión únicamente por su escritura y su actividad pacífica en Twitter, ha manifestado Amnistía Internacional.

Salma al Shehab fue inicialmente condenada a seis años de prisión a mediados de 2022. Tras una apelación ante el Tribunal Penal Especializado el 9 de agosto de 2022, un juez elevó la pena a 34 años de prisión en un juicio manifiestamente injusto, seguidos de la prohibición de viajar durante otros 34 años a partir de la fecha de la excarcelación.

“Es indignante que a Salma al Shehab, estudiante de doctorado de la minoría chií de Arabia Saudí y madre de dos hijos, se le haya impuesto una pena cruel e ilegítima simplemente por publicar en Twitter y retuitear a activistas que apoyan los derechos de las mujeres”, ha declarado Diana Semaan, directora adjunta en funciones de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte.

“Para empezar, Salma al Shehab no debería haber sido declarada culpable, pero aumentar su condena de seis a 34 años tras un juicio sin las debidas garantías muestra la intención de las autoridades de utilizar su caso con fines ejemplarizantes en su implacable campaña de represión de la libertad de expresión. Debe ser puesta en libertad de inmediato y sin condiciones. Las autoridades saudíes deben permitirle reunirse con su familia y continuar sus estudios en Reino Unido.”

Salma al Shehab ha sido puesta en el punto de mira por utilizar Twitter para seguir a activistas de los derechos de las mujeres, escribir sobre ellas y apoyarlas, incluida Loujain al Hathloul, encarcelada tras un juicio manifiestamente injusto en el Tribunal Penal Especializado por “espiar para intereses extranjeros” y “conspirar contra su país”. Loujain fue puesta en libertad condicional en 2021, pero sigue sujeta a la prohibición arbitraria de viajar.

Reclusión prolongada en régimen de aislamiento

Según activistas con conocimiento del caso, Salma al Shehab fue detenida en enero de 2021 en la Dirección General de Investigaciones tras ser citada para un interrogatorio unos días antes de su vuelo de regreso al Reino Unido para continuar sus estudios. Fue recluida en régimen de aislamiento prolongado durante 285 días antes de comparecer ante el tribunal, lo que infringe las normas internacionales y la Ley de Procedimiento Penal de Arabia Saudí. Además, se le negó el acceso a representación letrada durante toda su detención en espera de juicio, incluidos los interrogatorios.

En su juicio de apelación, la fiscalía solicitó un castigo más duro. Basándose en la discreción del juez, el tribunal la condenó a 34 años por “apoyar a quienes intentan alterar el orden púbico, desestabilizar la seguridad y socavar la estabilidad del Estado” y por publicar tuits que “alteran el orden público, desestabilizan la seguridad de la sociedad y socavan la estabilidad del Estado”, citando los artículos 34, 38, 43 y 44 de la ley antiterrorista y el artículo 6 de la Ley de Delitos Informáticos. La condena impuesta a Salma al Shehab representa una alarmante escalada del uso de la ley antiterrorista de Arabia Saudí para criminalizar y restringir indebidamente el derecho a la libertad de expresión.

Otras activistas de los derechos de las mujeres, detenidas también por su actividad en Twitter

Amnistía Internacional ha sabido por activistas que conocen el caso de Salma que, tras su reclusión, varias activistas de los derechos de las mujeres han sido detenidas por sus comentarios en Twitter. No obstante, en Arabia Saudí el temor generalizado a sufrir represalias disuade a la gente de alzar la voz sobre estos casos en las redes sociales o en los medios de comunicación.

“Arabia Saudí debe poner fin a su implacable represión contra las activistas de los derechos de las mujeres y contra cualquier otra persona que se atreva a expresar libremente sus opiniones. A las mujeres como Salma hay que darles reconocimiento y protegerlas, no actuar contra ellas por expresar sus opiniones. Las autoridades también deben dejar de equiparar la libertad de expresión con “terrorismo”, y derogar o modificar sustancialmente la legislación antiterrorista y de delitos informáticos —que criminalizan la disidencia— y promulgar leyes que respeten plenamente el derecho y las normas internacionales de derechos humanos”, declaró Diana Semaan.