Cada uno de los 950 latigazos que las autoridades sauditas planean infligir al bloguero disidente Raif Badawi será un mazazo a la libertad de expresión y una burla a las obligaciones internacionales contraídas por el país en materia de derechos humanos. Así lo advirtió Amnistía Internacional, ante el temor de que la flagelación pública de este hombre pueda reanudarse.

Estos temores se han visto intensificados después de que el Tribunal Supremo de Arabia Saudita anunciara el 6 de junio en los medios de comunicación que había confirmado una condena de 10 años de prisión y 1.000 latigazos para Raif Badawi, sin posibilidad de apelación.

“Tras permanecer entre rejas durante cinco meses desde su última flagelación pública, la amenaza inminente de una reanudación de este castigo cruel e inhumano pende sobre Raif Badawi. Al confirmar su terrible sentencia, en flagrante desafío a la prohibición internacional de la tortura y otros malos tratos, el Tribunal Supremo de Arabia Saudita ha dejado claro que las autoridades no buscan justicia, sino que pretenden dar ejemplo con él y erradicar la libertad de expresión”, dijo Amnistía Internacional.

“Millones de activistas de Amnistía Internacional, periodistas y dirigentes políticos de todo el mundo lo han dicho: Raif Badawi es un preso de conciencia que debe ser puesto en libertad de forma inmediata e incondicional. Esta pena indignantemente cruel debe ser eliminada, y las autoridades deben anular la declaración de culpabilidad y la condena de Raif Badawi.”

Raif Badawi fue condenado originalmente en mayo de 2014 por montar un foro online de debate público y por “insultar al Islam”. Los primeros 50 latigazos se le administraron en una plaza pública de Yidda el 9 de enero, pero los restantes se aplazaron, en principio por razones médicas y después por motivos desconocidos.

Ensaf Haidar, esposa del bloguero, ha recibido asilo junto con sus tres hijos en Canadá, y desde allí ha hecho una fuerte campaña por la excarcelación de su esposo.

“El mes sagrado del Ramadán, que está a punto de comenzar, ha sido tradicionalmente una ocasión para liberar a presos. Por ello, instamos al rey Salman a aprovechar la ocasión para liberar a Raif Badawi y dejar que se reúna con su familia, que también ha sufrido cada brutal paso de sus injustos juicio y castigo”, ha manifestado Said Boumedouha.

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Arabia Saudita, que es Estado Parte en la Convención de la ONU contra la Tortura, está legalmente obligado a respetar la prohibición absoluta de la tortura y otras penas crueles, inhumanas y degradantes como la flagelación. La prohibición de la tortura es una norma perentoria del derecho internacional, vinculante para todos los Estados.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos ha calificado la flagelación diciendo que es “como mínimo, una forma de pena cruel e inhumana […] prohibida por el derecho internacional de los derechos humanos, y en particular por la Convención contra la Tortura, que Arabia Saudí ha ratificado”.

Los dirigentes políticos de Estados Unidos, aliado estratégico de Arabia Saudita han calificado el castigo de Raif Badawi de “inhumano”, mientras que los de la Unión Europea se han comprometido a entablar contactos con los dirigentes sauditas para garantizar que se respeta la libertad de expresión de todas las personas.

En una declaración oficial emitida el 7 de marzo de 2015, el Ministerio de Asuntos Exteriores saudita expresó su “sorpresa y consternación” por la campaña internacional que pedía la liberación de Raif Badawi. La declaración añadía que “el reino rechaza de manera inequívoca toda agresión realizada bajo el pretexto de los derechos humanos”.

En los últimos tres años, el gobierno saudita ha eliminado sistemáticamente todo activismo de derechos humanos en el país, en parte al amparo de la legislación “antiterrorista” vigente desde febrero de 2014. El abogado de Raif Badawi, Waleed Abu al Khair, fue el primer defensor de los derechos humanos condenado en virtud de esa ley.

Las autoridades sauditas siguen utilizando la ley como pretexto para reprimir el activismo de derechos humanos y la libertad de expresión, mientras que los gobiernos occidentales han proclamado su firme coalición con Arabia Saudí para luchar contra el terrorismo, incluido el grupo armado autodenominado Estado Islámico.

En Yidda, el 3 y 4 de junio las autoridades sauditas fueron las anfitrionas del quinto periodo de sesiones del Proceso de Estambul, un foro creado para proponer medidas prácticas con las que combatir la intolerancia religiosa. Una de las premisas del Proceso es la importancia de garantizar la libertad de opinión y expresión como elemento clave para ejercer el derecho a la libertad de religión.

Resulta irónico que, a tan sólo unos metros de esta reunión, Raif Badawi permaneciera encerrado en su celda de la prisión y el Tribunal Supremo saudí emitiera la resolución en la que confirmaba su condena por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión.