“Las autoridades de Arabia Saudita han ejecutado a más de 198 personas desde que comenzó 2024, el mayor número de ejecuciones registrado en el país desde 1990”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

A pesar de las reiteradas promesas de limitar el uso de la pena de muerte, las autoridades saudíes han multiplicado el número de ejecuciones al tiempo que incumplen sistemáticamente las normas internacionales sobre juicios justos y las salvaguardias para las personas procesadas. Las ejecuciones por delitos de drogas se dispararon este año: 53 hasta la fecha —una media de una ejecución cada dos días solo en julio—, frente a solamente dos en 2023. Las autoridades también han utilizado la pena de muerte como arma para silenciar la disidencia política, castigando a los miembros de la minoría chií del país que apoyaron las protestas “antigubernamentales” entre 2011 y 2013.

“Las autoridades de Arabia Saudita están llevando a cabo un baño de sangre implacable que muestra su escalofriante desprecio por la vida humana, al tiempo que promueven una campaña de palabras vacías para renovar su imagen”, ha manifestado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“La pena de muerte es un castigo abominable e inhumano que Arabia Saudita usa contra las personas por una amplia gama de delitos, incluidos la disidencia política y cargos relacionados con las drogas, tras juicios manifiestamente injustos. Las autoridades deben establecer de inmediato una moratoria de las ejecuciones y ordenar que se vuelva a juzgar a las personas condenadas a muerte de conformidad con las normas internacionales y sin recurrir a la pena capital”.

Ejecutado por apoyar “protestas antigubernamentales”

El 17 de agosto de 2024, la agencia saudí de noticias (SPA) anunció la ejecución de Abdulmajeed al Nimr, agente retirado de la policía de tráfico, por delitos de terrorismo relacionados con su pertenencia a Al Qaeda. Sin embargo, sus documentos judiciales cuentan otra historia sobre los cargos, que están relacionados con su presunto apoyo a las protestas “antigubernamentales” en la Provincia Oriental, de mayoría chií, de Arabia Saudita.

Las autoridades de Arabia Saudita están llevando a cabo una matanza implacable que muestra un escalofriante desprecio por la vida humana, al tiempo que promueven una campaña de palabras vacías para renovar su imagen.

Agnès Callamard, Amnistía Internacional

Según el documento judicial examinado por Amnistía Internacional, fue condenado inicialmente por el Tribunal Penal Especializado a nueve años de prisión el 25 de octubre de 2021, acusado de “intentar desestabilizar el tejido social y la unidad nacional participando en manifestaciones […] apoyando disturbios, coreando consignas contra el Estado y sus gobernantes”, así como de “disentir de la decisión de detener y enjuiciar a personas buscadas” y de unirse a un grupo de WhatsApp en el que había personas buscadas por motivos de seguridad. Tras la apelación, su condena fue aumentada hasta la pena de muerte. El Tribunal Penal Especializado no hizo ni una sola referencia a la implicación de Al Nimr con Al Qaeda. La discrepancia entre los cargos anunciados por la agencia saudí de noticias y los documentos judiciales de Al Nimr muestra una llamativa falta de transparencia en las actuaciones judiciales en casos de pena de muerte.

Tras su detención el 28 de octubre de 2017, se denegó a Al Nimr a durante alrededor dos años el acceso a asistencia letrada en los interrogatorios y en el periodo de prisión preventiva. Al Nimr pasó tres meses detenido sin que se le informara del motivo de su detención.

Según un documento judicial, la sentencia condenatoria de Al Nimr se basó únicamente en una “confesión” que, según dijo el condenado, fue obtenida bajo coacción, incluida la reclusión en régimen de aislamiento durante mes y medio.

Espectacular aumento de las ejecuciones por delitos de drogas

En 2024, las autoridades saudíes han ejecutado hasta ahora a 53 personas únicamente por delitos de drogas, cuando se habían registrado sólo dos ejecuciones por este tipo de delitos en el país en 2023. Entre mayo y junio, fueron ejecutadas por delitos de drogas tres personas de nacionalidad extranjera, procedentes de Siria y Nigeria. Este aumento ha continuado desde julio, y hasta el momento son 53 personas las que han sido ejecutadas únicamente por delitos de drogas en todo el país, 38 de ellas extranjeras.

Este repunte de las ejecuciones por delitos de drogas suscita serios temores por la suerte de decenas de personas presas condenadas por delitos similares actualmente en espera de ejecución. Hoy, las autoridades han ejecutado por delitos de drogas a dos hombres egipcios que estaban recluidos en la prisión de Tabuk.

Amnistía Internacional ha documentado los casos de cuatro hombres egipcios condenados a muerte recluidos en la prisión de Tabuk por delitos de drogas. Los cuatro son parte de un grupo de al menos 50 personas condenadas a muerte por delitos relacionados con las drogas recluidas en la prisión de Tabuk, la mayoría de ellas egipcias.

Este mes, Omar (seudónimo), uno de los hombres, contó a Amnistía Internacional: “Llevo siete años en el corredor de la muerte por la posesión de ocho gramos de hachís. También fui declarado culpable de la intención de recibir drogas, que no confesé y que he negado. ¿En qué otro lugar del mundo se condena a muerte a alguien por esto?”

Las autoridades condenaron a la pena capital a los hombres en enero de 2019 por varios cargos de drogas y confirmaron la pena en noviembre de 2019. Desde entonces, los condenados no han recibido ninguna información sobre el estado de su caso y si el Tribunal Supremo ha confirmado su pena de muerte.

La única manera de limpiar la imagen del país es a través de una reforma genuina y la adhesión a los derechos humanos y el derecho internacional.

Agnès Callamard, Amnistía Internacional

Omar añadió: “He preguntado a todas las entidades gubernamentales que podrían saber, desde el Ministerio del Interior hasta el Consejo Judicial Supremo, y nadie ha podido decirme el estado de mi caso. Mi hijo ha crecido siete años sin mí. Esto hace que sienta que ya estoy muerto… Hace unos días, compartí una última comida con otro recluso antes de que se lo llevaran para ser ejecutado la mañana siguiente. No supo de su ejecución inminente hasta esa mañana. Lo único que quiero saber es el estado de mi caso”.

Según el documento judicial analizado por Amnistía Internacional, los cuatro hombres no contaron con asistencia letrada durante todo el periodo de prisión preventiva, los interrogatorios y el juicio preliminar que desembocó en su condena a muerte. Tras su sentencia condenatoria, el tribunal declaró que tenían derecho a que un representante legal presentara un recurso de apelación. Sin embargo, el tribunal solo nombró un abogado para uno de los condenados.

Omar contó a Amnistía Internacional que, durante la vista de la apelación, el juez le dijo que no podía oponerse a su condena porque no tenía abogado. Omar presentó personalmente otra apelación ante el Consejo Judicial Supremo después de la sentencia condenatoria, pero no sabe si la han recibido o no. Todavía no tiene abogado.

“Condenar a muerte a personas tras juicios injustos que carecen de transparencia y de las debidas garantías procesales es abominable y pone de relieve la cruda realidad del país. La única manera de limpiar la imagen del país es a través de una reforma genuina y la adhesión a los derechos humanos y el derecho internacional. De lo contrario, estos hitos represivos quedarán en primera línea de cualquier campaña”, ha dicho Agnès Callamard.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado o del método de ejecución utilizado por el Estado.

Información complementaria

La SPA ha confirmado hoy la ejecución número 198 llevada a cabo este año. El número real de ejecuciones podría ser más alto si tenemos en cuenta que la Agencia no informó de la cifra real de ejecuciones en 2022.

En 2022, Arabia Saudita ejecutó a 196 personas, la cifra anual de ejecuciones más elevada registrada por Amnistía Internacional en el país en los últimos 30 años. En marzo de ese año, el príncipe heredero Mohammed bin Salman dijo que el país se había “librado” de la pena de muerte excepto en los casos en que es obligatoria en virtud de la sharia (ley islámica). Sin embargo, en noviembre de 2022, las autoridades llevaron a cabo las primeras ejecuciones por delitos de drogas en casi tres años, revocando así una moratoria de las ejecuciones por este tipo de delitos anunciada por la Comisión de Derechos Humanos Saudita en 2021.

Este mismo año, Amnistía Internacional analizó el proyecto de Código Penal del país, que establece la pena de muerte como castigo y sigue permitiendo a los jueces utilizar su criterio para imponerla por asesinato, violación, blasfemia o apostasía.