Las autoridades de Arabia Saudí deben poner en libertad de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente por el mero hecho de expresar sus opiniones en línea antes de la próxima celebración del Foro para la Gobernanza de Internet (FGI) en Riad, han manifestado 40 ONG y organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, en una declaración conjunta publicada hoy.
Uno de los temas clave del foro anual sobre políticas públicas digitales, que se celebrará del 15 al 19 de diciembre de 2024, es la promoción de los derechos humanos en la era digital. Las organizaciones han destacado la hipocresía que supone que Arabia Saudí sea el país anfitrión del evento mientras continúa encarcelando, haciendo desaparecer por la fuerza e intimidando a las personas para que guarden silencio.
“Las autoridades de Arabia Saudí tienen 100 días antes de que comience el FGI para demostrar que van a suavizar su represión draconiana de la libertad de expresión, y para demostrar que van a utilizar este evento como una oportunidad para llevar a cabo verdaderas reformas y no como parte de una campaña de lavado de imagen”, ha declarado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“Para demostrar que el hecho de acoger la conferencia sobre el futuro de Internet es algo más que un cínico ejercicio de relaciones públicas, antes de que comience el FGI las autoridades saudíes deben poner en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente sólo por ejercer su derecho a la libertad de expresión en línea”.
Un gran número de activistas de la sociedad civil y defensores y defensoras de los derechos humanos que suelen asistir a la conferencia anual han expresado su grave preocupación por viajar a Arabia Saudí para participar en ella, pues temen ser objeto de detención, hostigamiento o vigilancia, dado el historial de Arabia Saudí de silenciar y encarcelar a personas críticas.
Amnistía Internacional pide al comité organizador del FGI que obtenga garantías públicas de las autoridades saudíes de que no se negará a nadie la entrada en el país para participar en la conferencia, de que ninguna de las personas que participen en el FGI sufrirá hostigamiento, ni detención ni vigilancia, y de que todas ellas podrán hablar libremente.
En los últimos años, Amnistía Internacional ha documentado cómo las autoridades saudíes han ejercido una escalofriante represión contra las personas que manifiestan en el más mínimo indicio de disidencia u opiniones críticas en Internet.
Entre las personas que han sido condenadas por expresarse en Internet se encuentra Salma al Shehab, que fue detenida en enero de 2021 y, tras un juicio manifiestamente injusto, condenada en enero de 2023 a una impactante pena de 27 años de prisión seguida de la prohibición de viajar durante 27 años por cargos de terrorismo falsos, simplemente porque había tuiteado en apoyo de los derechos de las mujeres.
Otro caso muy inquietante es el de Manahel al Otaibi, a quien el tribunal antiterrorista de Arabia Saudí condenó en enero de 2024 a 11 años de prisión por publicar en las redes sociales mensajes en los que promovía los derechos de las mujeres y por compartir en Internet imágenes suyas en un centro comercial sin llevar la abaya (túnica tradicional holgada de manga larga).
Entre las personas perseguidas se encuentran también Abdulrahman al Sadhan, trabajador de la Media Luna Roja, que en abril de 2020, tras un juicio manifiestamente injusto, fue condenado a 20 años de prisión seguidos de una prohibición de viajar durante 20 años por sus tuits satíricos, y Mohammad bin Nasser al Ghamdi, maestro de escuela jubilado, que fue condenado a muerte en julio de 2023 por criticar a las autoridades en X (antes Twitter) y por su actividad en línea en YouTube.
“Estos casos ilustran la oscura verdad sobre la represión de la libertad de expresión en Internet por parte de las autoridades saudíes, Que si quieren asumir seriamente un papel de liderazgo mundial en política pública digital, deben demostrar su compromiso con el respeto del derecho a la libertad de expresión para todas y todos reformando las imprecisas leyes que criminalizan la expresión, como la Ley de Delitos Informáticos, y poniendo fin definitivamente a su represiva campaña contra las personas críticas, tanto dentro como fuera de Internet”, ha señalado Agnès Callamard.
