Las autoridades de Arabia Saudita deben poner en libertad inmediata e incondicional a Manahel al Otaibi, activista de los derechos de las mujeres e instructora de educación física de 29 años, que ha sido condenada a 11 de años de prisión por su elección de la vestimenta y su apoyo a los derechos de las mujeres, han declarado hoy Amnistía Internacional y ALQST. La sentencia contradice directamente el discurso gubernamental de reforma y de empoderamiento de la mujer.
Manahel al Otaibi fue condenada en una vista celebrada en secreto ante el tristemente célebre tribunal antiterrorista de Arabia Saudita, el Tribunal Penal Especializado, el 9 de enero de 2024, pero la sentencia sólo se conoció semanas después en la respuesta oficial del gobierno saudita a una petición de información incluida en una comunicación conjunta de relatores y relatoras especiales de la ONU sobre el caso de Manahel.
Los cargos contra ella estaban relacionados únicamente con su elección de vestimenta y sus opiniones expresadas en Internet, que incluían pedir en las redes sociales el fin del sistema de tutela masculina en Arabia Saudita, publicar vídeos de sí misma vistiendo “ropa indecente” e “ir a las tiendas sin llevar una abaya” (vestido tradicional). Su hermana Fawzia al Otaibi se enfrenta a cargos similares, pero huyó del país en 2022 por temor a ser arrestada tras recibir una citación para ser interrogada.
Sin embargo, según la misión permanente de Arabia Saudita en Ginebra, Manahel al Otaibi fue declarada culpable de absurdos “delitos de terrorismo” en aplicación de los artículos 43 y 44 de la draconiana Ley Antiterrorista del reino, que penaliza a “toda persona que cree, inicie o utilice un sitio web o un programa en un ordenador o un dispositivo electrónico […] o publique información sobre la fabricación de artefactos incendiarios, explosivos o cualquier otro dispositivo empleado en crímenes terroristas”, así como a “toda persona que, por cualquier medio, retransmita o publique noticias, declaraciones, o rumores falsos o maliciosos, o equivalentes para cometer un crimen terrorista”. La familia al Otaibi no ha tenido acceso a su documentación procesal ni a las pruebas presentadas contra ella.
“La sentencia condenatoria y la pena de 11 años de prisión impuestas contra Manahel constituyen una terrible y cruel injusticia. Desde el momento del arresto de Manahel, las autoridades sauditas la han sometido a un implacable catálogo de abusos, que van desde su detención ilegítima por apoyar los derechos de las mujeres hasta su desaparición forzada durante más de cinco meses mientras era interrogada, juzgada y condenada en secreto y sufría repetidas palizas en prisión. Con esta condena, las autoridades saudíes han dejado al descubierto la vacuidad de sus tan pregonadas reformas en materia de derechos de las mujeres de los últimos años y han demostrado su aterrador empeño de silenciar la disidencia pacífica”, ha sostenido Bissan Fakih, responsable de campañas de Amnistía Internacional sobre Arabia Saudita.
“La confianza de Manahel en que podía actuar con libertad podría haber supuesto una publicidad positiva para el tan elogiado discurso de Mohammed bin Salman según el cual éste dirigía las reformas en materia de derechos de las mujeres en el país. En cambio, al arrestarla e imponerle ahora esta indignante pena, las autoridades saudíes han evidenciado una vez más la naturaleza arbitraria y contradictoria de sus supuestas reformas, y su firme decisión de controlar a las mujeres de Arabia Saudita”, ha afirmado Lina Alhathloul, responsable de observación e incidencia de ALQST.
Aunque las autoridades han eliminado algunas de las restricciones impuestas a las mujeres por el sistema de tutela masculina, muchas prácticas discriminatorias siguen vigentes. La muy esperada Ley del Estatuto Personal, de 2022, que se suponía que iba a ser una reforma importante, en la práctica codifica, en lugar de abolir, muchos elementos restrictivos del sistema, incluidas las cuestiones relativas al matrimonio, el divorcio, la custodia infantil y la herencia.
Irónicamente, Manahel al Otaibi creyó en un primer momento en las promesas de reforma formuladas por el príncipe heredero Mohammed bin Salman. En una entrevista televisiva que concedió en 2019 a la cadena alemana Deutsche Welle, Manahel describió los “cambios radicales” que se estaban produciendo en el reino saudita, incluidas las reformas del código indumentario, y dijo que se sentía libre para expresar sus opiniones y vestir como quisiera, en vista de las declaraciones del príncipe heredero. Sin embrago, fue arrestada el 16 de noviembre de 2022 precisamente por ejercer esas libertades.
Tras ser arrestada, Manahel al Otaibi fue sometida a abusos físicos y psicológicos en la prisión de Malaz, en Riad, y a desaparición forzada durante cinco meses, desde el 5 de noviembre de 2023 hasta abril de 2024. El 14 de abril de 2024, cuando finalmente pudo ponerse de nuevo en contacto con sus familiares, les contó que la mantenían recluida en régimen de aislamiento y que tenía una pierna rota a consecuencia de los abusos físicos. También dijo que le negaban atención médica.
“Las autoridades sauditas deben poner en libertad de inmediato y sin condiciones a Manahel al Otaibi y a todas las personas detenidas actualmente en el reino por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos. Hasta la puesta en libertad de Manahel, las autoridades deben garantizar su seguridad y su acceso a atención médica adecuada”, ha declarado Lina Alhathloul.
“Es hora de que las autoridades sauditas reformen las disposiciones discriminatorias de la Ley del Estatuto Personal y abolan totalmente el sistema de tutela masculina”, ha afirmado Bissan Fakih.
Según la respuesta del gobierno sauditas a la ONU, a fecha de 25 de enero de 2024, la sentencia dictada contra Manahel al Otaibi era apelable y su caso seguía siendo “examinado por los tribunales”.
La sentencia condenatoria de Manahel se dicta en un contexto de recrudecimiento de la represión de la libertad de expresión en Arabia Saudita, incluidas las opiniones expresadas en Internet. Durante los últimos dos años, los tribunales sauditas han dictado sentencias condenatorias e impuesto largas penas de prisión contra decenas de personas por expresar sus opiniones en las redes sociales, entre ellas muchas mujeres, como Salma al Shehab (27 años), Fatima al Shawarbi (30 años), Sukaynah al Aithan (40 años) y Nourah al Qahtani (45 años).
En 2019, en el marco de una iniciativa para abrir el país al turismo, las autoridades anunciaron la relajación de los códigos indumentarios para las mujeres extranjeras que lo visiten. Sin embargo, esa concesión no se ha extendido a las ciudadanas sauditas y las mujeres residentes en el país, que sufren inseguridad jurídica por vestir libremente en público. Posteriormente, también en 2019, en un vídeo promocional publicado por la agencia de seguridad del Estado, las autoridades llegaron a calificar el feminismo como una forma de pensamiento “extremista”, pero se vieron obligadas a rectificar rápidamente y la Comisión de Derechos Humanos sauditatuvo que aclarar que el feminismo “no es delito”.
