Un borrador filtrado del primer código penal escrito de Arabia Saudita revela lamentables carencias en cuanto a las normas universales de derechos humanos y expone la hipocresía tras las promesas del príncipe heredero Mohammad bin Salman de hacer que su gobierno sea progresista e inclusivo. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy. Las autoridades saudíes no han compartido el borrador del código penal para su consulta con la sociedad civil independiente, pero una serie de expertos en cuestiones jurídicas saudíes han confirmado la autenticidad del borrador filtrado.

El informe, titulado Manifiesto por la represión, analiza el borrador filtrado de código penal y revela cómo, en lugar de mejorar el pésimo historial de derechos humanos del país como parte de la agenda reformista del príncipe heredero, contraviene el derecho internacional y codifica en una ley escrita prácticas restrictivas existentes.

El borrador de código penal tipifica como delito el derecho a la libertad de expresión, pensamiento y religión, y no protege el derecho a la libertad de reunión pacífica.

También tipifica las relaciones sexuales “ilegítimas” consentidas, la homosexualidad y el aborto, y no protege a las mujeres y las niñas de la violencia por motivos de género. Asimismo, codifica el uso de la pena de muerte como uno de los castigos principales, y sigue permitiendo castigos corporales tales como la flagelación. El informe destaca asimismo casos recientes de represión de la disidencia, e ilustra los peligros de adoptar el borrador tal como está.

“La ausencia de un código penal escrito ha alimentado durante mucho tiempo injusticias y violaciones sistémicas de derechos humanos en Arabia Saudita . Un primer código penal escrito brindaría una oportunidad crucial para que las autoridades saudíes transformen su abusivo sistema de justicia penal en un sistema que respete los derechos humanos. Sin embargo, nuestro análisis del borrador filtrado revela que se trata esencialmente de un manifiesto por la represión que afianzaría las violaciones de derechos humanos y suprimiría libertades”, ha manifestado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“Tal como está, el borrador echa por tierra la ilusión de que el príncipe heredero pretende adoptar una agenda auténticamente reformista. Arabia Saudita  se encuentra en una encrucijada crítica: ahora que el borrador de código penal aún está siendo sometido a revisión legislativa, las autoridades todavía tienen la oportunidad de demostrar al mundo que sus compromisos de reforma son algo más que promesas huecas. Deben consultar urgentemente con personas expertas de la sociedad civil independiente y modificar el borrador de código penal para garantizar que está alineado con las normas existentes; también deben reevaluar las leyes vigentes para respetar y defender los derechos humanos.”

Junto con su informe, Amnistía Internacional lanza hoy también una campaña global para pedir la liberación de personas injustamente encarceladas o condenadas a muerte —como parte de la represión de las autoridades— por ejercer su derecho a la libertad de expresión.

“La campaña de Amnistía Internacional tiene como objetivo generar presión internacional para que se introduzcan reformas en materia de derechos humanos, desvelando la sombría verdad tras los intentos de Arabia Saudita  de blanquear su imagen internacional. La campaña destacará casos sumamente alarmantes de personas que han sido encarceladas injustamente o se enfrentan a la pena de muerte simplemente por expresar pacíficamente sus opiniones. Expondremos las escalofriantes consecuencias de la represión en el país y generaremos presión en los aliados clave de Arabia Saudita  para que pidan una reforma auténtica”, ha manifestado Agnès Callamard.

El borrador de código penal —filtrado por primera vez online en julio de 2022— ha sido elaborado en secreto y está siendo revisado sin permitir el diálogo con la sociedad civil independiente y con personas expertas. Las autoridades saudíes no han compartido el borrador del código penal con personas expertas de la sociedad civil independiente, y tampoco lo han publicado. Sin embargo, una serie de expertos en cuestiones jurídicas saudíes, entre ellos un miembro del Colegio de Abogados y dos bufetes de abogados saudíes, han compartido y comentado públicamente el borrador de 2022, confirmando su autenticidad.

La organización escribió al Consejo de Ministros y la Comisión de Derechos Humanos de Arabia Saudita  para hacerles llegar el análisis realizado por Amnistía Internacional y preguntas sobre el borrador de código penal. El 4 de febrero, la Comisión de Derechos Humanos saudí respondió negando la autenticidad del borrador y declarando que el proyecto de código penal se encuentra actualmente en fase de revisión legislativa. Amnistía Internacional invita a las autoridades saudíes a publicar la versión más reciente del borrador para que la sociedad civil independiente haga sus comentarios y sugerencias.

El informe de Amnistía Internacional analiza el borrador filtrado, de 116 páginas, y examina su alineamiento con el derecho internacional de los derechos humanos y su potencial para perpetuar abusos contra los derechos humanos existentes. El informe se basa en un decenio de documentación de derechos humanos sobre la represión ejercida por las autoridades saudíes contra el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, y sobre el uso de la tortura y otros malos tratos y la pena de muerte, y se basa también en entrevistas con personas expertas familiarizadas con el panorama legislativo de Arabia Saudita .

Amnistía Internacional señala que el borrador de código penal sólo abarca delitos discrecionales (tazir), para los que la ley islámica no especifica penas, no tipifica delitos que tienen penas fijadas en virtud de la ley islámica (los llamados delitos hadd o qisas), y sigue otorgando a los jueces amplios poderes discrecionales para determinar si se alcanza el umbral probatorio.

Libertades criminalizadas

En el último decenio, las autoridades saudíes han restringido severamente la libertad de expresión, y han atacado a una gran cantidad de voces discrepantes —desde defensores y defensoras de los derechos humanos hasta periodistas, pasando por clérigos y activistas de defensa de los derechos de las mujeres— mediante el encarcelamiento, el exilio o la libertad condicional con prohibición de viajar. Las autoridades han utilizado disposiciones relativas a la lucha antiterrorista y a la lucha contra la ciberdelincuencia para silenciar la expresión crítica y el pensamiento independiente. En un caso estremecedor, Salma al-Shehab, estudiante de doctorado y madre de dos hijos, cumple 27 años de prisión por apoyar los derechos de las mujeres en X (antes Twitter).

En otro proceso abierto, Manahel al Otaibi, instructora de fitness, bloguera y defensora de los derechos humanos que lleva en desaparición forzada desde noviembre de 2023, se encuentra en espera de juicio ante el Tribunal Penal Especializado, el tristemente conocido tribunal antiterrorista de Arabia Saudita , por publicar fotos de ella misma sin la abaya (vestido largo tradicional) y contenidos en protesta contra las represivas leyes de Arabia Saudita  sobre tutela masculina.

El borrador de código penal reforzaría estas medidas represivas tipificando, en términos vagos, como delito la difamación, los insultos y el cuestionamiento al poder judicial, lo que amenaza con nuevas violaciones de las libertades individuales y perpetúa la represión de la disidencia.

El borrador también tipifica las relaciones sexuales “ilegítimas” consentidas, las relaciones sexuales consentidas entre dos hombres, la “conducta indecente” y la “imitación de otro sexo mediante su vestimenta y aspecto”. Estas disposiciones permitirían perseguir y acosar a miembros de la comunidad LGBTI. Aunque Amnistía Internacional ha documentado casos de personas declaradas culpables de estos actos, estos procesamientos y sus sentencias quedaban al criterio del juez al no estar estos actos tipificados como delitos en la legislación saudí existente. Las penas asociadas a estos actos en el borrador de código penal son más severas que las que actualmente imponen los jueces.

En ausencia de un código penal en Arabia Saudita , los jueces hacen su interpretación de la ley islámica (sharia) y la jurisprudencia para determinar lo que constituye delito y para imponer castigos. Estas prácticas permiten a los jueces un amplio poder discrecional en la adjudicación de los casos, y dejan una vaga definición de los delitos y los castigos, lo que viola el derecho internacional de los derechos humanos.

El borrador de código penal perpetúa la violencia de género

Durante años, las mujeres y las niñas de Arabia Saudita  han sufrido una discriminación generalizada tanto en la ley como en la práctica, sin una legislación nacional adecuada que las proteja de la violencia de género. Resulta alarmante que el borrador de código penal no permita el procesamiento individual de personas que cometen actos —que podrían incluir la agresión o el asesinato— en nombre del “honor”. Esta nueva disposición concedería en la práctica a quienes cometen abusos inmunidad, en flagrante violación del derecho internacional.

El borrador también dispone una definición excesivamente amplia y vaga del acoso, y no reconoce como delito la violación conyugal.

Codificación del uso de la pena de muerte

A pesar de las promesas del príncipe heredero Mohammad bin Salman de limitar la pena capital a los delitos más graves, tal como establece la ley islámica, durante su gobierno ha habido un aterrador aumento de las ejecuciones, incluida una de las ejecuciones colectivas más grandes de los últimos decenios: la ejecución de 81 hombres llevada a cabo en marzo de 2022.

El borrador de código penal de Arabia Saudita  establece la pena de muerte como castigo principal para una diversidad de delitos, que van desde el asesinato hasta la violación, pasando por delitos no violentos como la apostasía y la blasfemia, lo cual es contrario al derecho internacional. El borrador permite que las personas que fueran menores en el momento del delito sean ejecutadas por ciertos crímenes, y establece la edad de responsabilidad penal en la escalofriante cifra de siete años. El Comité de los Derechos del Niño, en el que Arabia Saudita  es Estado Parte, recomienda que la edad mínima para la responsabilidad penal no sea inferior a los 12 años.

El borrador también sigue permitiendo retrógrados castigos corporales, que podrían incluir la flagelación y la amputación de manos, por delitos como el adulterio y el robo. Los castigos corporales son una forma de tortura y otros malos tratos y están prohibidos por el derecho internacional.

“Es fundamental que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU establezca un mecanismo para supervisar la situación de los derechos humanos en Arabia Saudita  para que las autoridades saudíes no puedan seguir ocultando la terrible realidad de su represión comprando el silencio del mundo y difundiendo una imagen de progreso y glamour con su costosa maquinaria de relaciones públicas”, ha manifestado Agnès Callamard.