Las autoridades argelinas deben liberar a todos los periodistas detenidos injustamente, retirar todos los cargos por motivos políticos formulados contra al menos cinco de ellos y anular la sentencia condenatoria del periodista Ihsane El Kadi. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
La organización había pedido la liberación del periodista Ihsane El Kadi, condenado el 2 de abril por el Tribunal de Sidi Mhamed de Argel a cinco años de prisión —dos de ellos condicionales— por cargos infundados relacionados con la recepción de fondos con fines de “propaganda política” y “para poner en peligro la seguridad del Estado”. Poco antes de ser detenido el 24 de diciembre, Ihsane El Kadi había publicado un análisis sobre las próximas elecciones presidenciales que tendrán lugar en Argelia en 2024 en el que se criticaba el papel que desempeña el ejército argelino.
“Ihsane El Kadi es tan sólo el caso más reciente de periodistas víctimas de las autoridades argelinas en su implacable ataque a los medios de comunicación independientes. Las autoridades toman medidas extremas para silenciar las voces críticas, a pesar de que la Constitución argelina protege el derecho a la libertad de expresión y de prensa”, ha manifestado Amna Guellali, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“En los últimos meses, un tribunal ha condenado a un periodista argelino in absentia por cargos de espionaje, y al menos otros cinco están enjuiciados por cargos infundados, en su mayor parte relacionados con la ‘difusión de bulos’. Las autoridades también han cerrado al menos tres medios de comunicación tras ser acusados de retransmitir online sin autorización. Todos los periodistas encarcelados exclusivamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión, como los que se encuentran recluidos por cargos falsos de difusión de ‘noticias falsas’, deben ser puestos en libertad de forma inmediata e incondicional.”
Unos agentes de seguridad vestidos de civil detuvieron a El Kadi poco antes de la medianoche del 24 de diciembre de 2022 en su domicilio de Zemmouri, ciudad costera situada a 40 kilómetros al este de Argel, y ese mismo día lo llevaron esposado a las oficinas de los medios de comunicación online Radio M y Maghreb Émergent, ambos de su propiedad. Los agentes ordenaron a los miembros del personal que se marcharan, confiscaron los ordenadores y otros materiales y precintaron las puertas. El Tribunal de Sidi Mhamed suspendió dos de los cinco años de condena, medida que fue acompañada de la imposición de una multa de 700.000 dinares argelinos (unos 5.156 dólares estadounidenses).
Ataque contra periodistas independientes
Durante los últimos dos años, las autoridades argelinas han enjuiciado, detenido o recluido a al menos otros 11 periodistas y miembros del personal de medios de comunicación.
En uno de los casos más extremos, que tuvo lugar en octubre de 2022, un tribunal de Argel condenó al periodista Abdou Semmar a muerte por los cargos de espiar y “difundir bulos que podrían poner en peligro la seguridad nacional o el orden público”, en relación con el medio de comunicación online de su propiedad Algérie Part. El tribunal condenó a Semmar, que vive como refugiado en Francia, in absentia y sin asistencia letrada. Tras imponerle la condena, el juez emitió una orden de arresto internacional contra él. Semmar, que no tuvo acceso al expediente, cree que los cargos se deben a una investigación que llevó a cabo en 2020 sobre Sonatrach, la empresa nacional de gas y petróleo.
El 7 de febrero de 2023, un tribunal de Boumerdés condenó a Farid Herbi, periodista y fundador del medio de comunicación online Tout sur Boumerdes, a tres años de prisión y el pago de una multa por “difundir bulos que podrían poner en peligro la seguridad nacional o el orden público”. Herbi había criticado la forma en que el gobernador manejaba los proyectos de desarrollo de la provincia Boumerdés, en el este de Argelia.
El 8 de febrero, unos gendarmes detuvieron a Mustapha Bendjamaa, redactor jefe del periódico independiente argelino Le Provincial, por cargos relacionados con la “recepción de fondos extranjeros” (basado en el artículo 95 bis del Código Penal), por un dinero que había recibido para ayudar a la familia de una persona detenida, y la “publicación de documentos clasificados” (basado en el artículo 38 de la ley sobre la protección de la información y los documentos administrativos, que dispone hasta 10 años de prisión). Este último cargo tenía su origen exclusivamente en unas conversaciones privadas registradas en el teléfono que las autoridades le confiscaron durante su detención, y está relacionado con la información que el periodista había recibido sobre una persona denunciante de irregularidades de una empresa privada.
El 4 de febrero, el periodista Saad Bouakba fue detenido y puesto bajo custodia durante dos días. Un tribunal de Argel dictó su libertad condicional el 6 de febrero, pero le impuso la prohibición de viajar y le ordenó presentarse ante el tribunal cada dos semanas. El periodista estaba detenido por publicar en Facebook críticas contra los proyectos del gobierno local. En otra causa, un tribunal de apelación de Argel absolvió el 16 de enero a Zoheir Abderkane, periodista y fundador de una página de Facebook titulada Alternews. Sin embargo, la fiscalía recurrió la decisión del tribunal, y el periodista se enfrenta todavía a tres años de prisión y el pago de una multa.
Medios de comunicación clausurados
Tras cerrar los dos medios de comunicación de El Kadi en diciembre de 2022, las autoridades también presentaron una demanda civil contra Interface Media, la empresa matriz de esos dos medios, por “explotar un servicio de comunicación audiovisual sin autorización”. El 2 de abril, el Tribunal de Sidi Mhamed ordenó la disolución de Interface Media y el pago por parte de la empresa de una multa de 10 millones de dinares (unos 73.862 dólares) por los daños causados al órgano de regulación audiovisual.
El 15 de noviembre de 2022, la agencia oficial de medios de comunicación de Argelia informó de que la autoridad encargada de la regulación de los medios de comunicación audiovisuales había decidido cerrar el canal de televisión Al Adjawaa TV porque “había observado faltas a la ética profesional, relacionadas con la falta de respeto de las particularidades de la sociedad argelina y la vulneración de la moral pública”. Según algunos medios de comunicación, esta decisión estaba relacionada con la retransmisión por parte del canal de una escena de una película en la que aparecían unas personas besándose en ropa interior.
“Utilizar una legislación amañada para silenciar el periodismo es totalmente inaceptable; los medios de comunicación de Argelia deben poder ejercer el derecho a la libertad de expresión protegido por el derecho internacional”, ha agregado Amna Guellali.
