Las autoridades argelinas deben anular la decisión de disolver por acusaciones de motivación política la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos (LADDH), un grupo independiente de 38 años de antigüedad, y deben permitirle funcionar de forma libre y legal. Así lo han manifestado hoy Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Además, las autoridades deben poner fin a su represión general de las organizaciones de la sociedad civil independientes y deben garantizar que estas organizaciones pueden actuar en un entorno seguro y propicio.
El Tribunal Administrativo de Argel disolvió la LADDH después de una denuncia presentada por el Ministerio del Interior el 29 de junio de 2022, según manifestó la organización el 20 de enero de 2023, después de tener noticia de la sentencia porque la encontró en Internet. La LADDH, que asegura que no tenía conocimiento de los procedimientos judiciales, incluida la denuncia, es la organización más recientemente atacada por la campaña de las autoridades para neutralizar a las organizaciones de la sociedad civil.
“Las autoridades argelinas parecen decididas a cerrar toda actividad independiente que pudiera arrojar luz sobre las violaciones de derechos humanos”, ha manifestado Eric Goldstein, director adjunto para Oriente Medio y el Norte de África de Human Rights Watch. “En ese contexto, era sólo cuestión de tiempo que fueran a por la organización de derechos humanos más antigua y establecida de todas.”
La sentencia judicial, de seis páginas, mencionaba una petición inicial del Ministerio del Interior, fechada el 4 de mayo de 2022, que pedía la disolución de la Liga alegando que ésta tenía “varias secciones que reclaman su nombre y su legitimidad legal”, lo cual es contrario al artículo 48 de la Ley 90-31 de Asociaciones, promulgada en 1990 y relativa a los reglamentos de las asociaciones.
La referencia se remitía a divisiones producidas en la Liga en el pasado y a la ley de asociaciones que estaba vigente por aquel entonces. Esas divisiones no pueden utilizarse para justificar la violación del derecho a la libertad de asociación que constituye el cierre de la Liga, según han manifestado Human Rights Watch y Amnistía Internacional. La sentencia decía también que las “actividades [del grupo] no eran conformes a su propósito”, establecido en sus reglamentos.
La LADDH es la organización de derechos humanos independiente más antigua de Argelia. Fundada en 1985 e inscrita oficialmente en 1989, ha desempeñado continuamente un papel destacado en la defensa de los derechos humanos y la democracia. Desde 2019 ha adoptado un papel muy visible en la denuncia de la represión del movimiento de protesta Hirak.
El 30 de enero, las autoridades cerraron la Casa de Derechos Humanos y de la Ciudadanía en Tizi Uzu, afiliada desde 1990 a la LADDH y que incluía una biblioteca, un centro de documentación y otras actividades. El 23 de enero, las autoridades cerraron el Centro de Documentación de Derechos Humanos (CDDH) de la LADDH en Bugía, por orden del gobernador de la ciudad, que citó la sentencia por la que se disolvía la Liga. La oficina de Bugía, una de las más activas del grupo, organizaba reuniones y sesiones de formación centradas en los derechos civiles para residentes y activistas. También proporcionaba asistencia letrada gratuita y asesoramiento sobre cuestiones que iban desde la violencia intrafamiliar hasta la terminación del empleo.
En su decisión, el tribunal justificó la disolución de la Liga diciendo que ésta llevaba a cabo “actividades sospechosas” tales como “abordar en sus publicaciones la cuestión de la migración ilegal”, “organizar manifestaciones” ante tribunales y “publicar documentos y declaraciones en redes sociales en los que acusa a las autoridades de reprimir protestas”. El tribunal concluyó también que la Liga había violado la ley al no notificar debidamente a las autoridades cambios internos y actividades, y al colaborar con organizaciones extranjeras e internacionales.
La sentencia sostiene que la LADDH violó los artículos 18, 19 y 23 de la Ley 12-06 de Asociaciones de 2012. Los artículos 18 y 19 exigen a las asociaciones que informen a las autoridades sobre los cambios en su estado y en su organización interna y que presenten informes anuales tanto económicos como de actividad. El artículo 23 dispone que la cooperación con asociaciones internacionales y extranjeras debe “respetar las constantes y los valores nacionales” y “requiere la aprobación previa de las autoridades competentes”.
Las acusaciones contra el grupo incluyen “mantener relaciones con organizaciones en Libia y Túnez”, enviar “informes e información errónea a entidades de la ONU” y reunirse con la Federación Internacional de los Derechos Humanos, Euromed Rights y la Coordinadora Magrebí de Organizaciones de Derechos Humanos, grupos que las autoridades consideran “hostiles con Argelia y bajo la influencia del grupo de presión marroquí-sionista y de miembros de la izquierda francesa en el Parlamento Europeo”.
La Ley de Asociaciones de 2012 es sumamente restrictiva y no se adecúa a las normas internacionales sobre libertad de asociación. Su artículo 2 dispone que los objetivos de una asociación “deben encajar en el interés general y no ser contrarios a los fundamentos y valores nacionales o al orden público y las buenas costumbres”. Esas disposiciones tienen una redacción demasiado vaga para que las asociaciones puedan predecir razonablemente si alguna de sus actividades constituirá un delito. Las disposiciones de la ley, excesivamente amplias e imprecisas, amenazan el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de asociación, han manifestado Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
Las disposiciones legales utilizadas para disolver la LADDH son incompatibles con el derecho a la libertad de asociación protegido por el derecho y las normas de derechos humanos tanto internacionales como africanos. Las asociaciones deben tener libertad para determinar sus estatutos y actividades y para tomar decisiones sin la injerencia del gobierno, y no deben ser disueltas por sus actividades legales y pacíficas. Las organizaciones de la sociedad civil deben tener libertad para comunicarse con organizaciones no gubernamentales extranjeras, organizaciones intergubernamentales y órganos internacionales de derechos humanos.
El 6 de diciembre de 2022, la policía de Bugía impidió que la sección de la Liga en esa ciudad acogiera la undécima edición de su Foro de Derechos Humanos. Said Salhi, vicepresidente de la LADDH, dijo que la policía había informado a miembros del personal de la Liga de que el gobernador había prohibido el foro, incluidas sus actividades.
Despiadada represión de las organizaciones de la sociedad civil
Las autoridades han estado reprimiendo otras grandes asociaciones. En octubre de 2021, un tribunal disolvió la Agrupación Acción Juventud (conocida por su nombre en francés, Rassemblement Action Jeunesse, o RAJ), alegando que no cumplía la ley, que creaba caos y que alteraba el orden público. La RAJ apeló contra esta decisión ante el Consejo de Estado, el tribunal administrativo de más alta instancia del país. La resolución del Consejo se aplazó hasta el 23 de febrero de 2023.
Cáritas, organización benéfica de la iglesia católica, anunció su cierre el 25 de septiembre de 2022, después de que las autoridades la criticaran por proporcionar asistencia médica y servicios a migrantes, según informaron los medios de comunicación. Fundada en 1962, Cáritas ofrecía una diversidad de actividades y servicios de beneficencia en Argel.
En mayo de 2022, el gobernador de Orán pidió a un tribunal que disolviera Santé Sidi Houari (SDH), una asociación centrada en rehabilitar el patrimonio cultural de la ciudad de Orán. Sin embargo, el tribunal administrativo de Orán denegó la petición en diciembre.
La asociación cultural SOS Bab El Oued, en Argel, suspendió sus actividades después de que las fuerzas de seguridad registraran sus oficinas y confiscaran materiales en abril de 2021. El presidente de esta conocida asociación local, Nacer Meghnine, fue condenado a un año de prisión por “dañar el interés nacional” e “incitar a una reunión desarmada”, en relación con las actividades de la asociación y la participación de sus miembros en el movimiento Hirak.
El derecho a la libertad de expresión está garantizado por el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por el artículo 10 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, ambos instrumentos ratificados por Argelia. Las asociaciones deben tener libertad para determinar sus reglamentos y para llevar a cabo actividades sin la injerencia del Estado. La Declaración de la ONU sobre los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos establece claramente el derecho de las organizaciones de la sociedad civil a recabar, obtener y difundir ideas e información, a abogar por los derechos humanos, a participar en el gobierno y en la gestión de los asuntos públicos, a acceder a los organismos internacionales de derechos humanos y comunicarse con ellos, y a presentar propuestas sobre reformas políticas y legislativas a escala local, nacional e internacional, entre otras cosas.
Además, el artículo 53 de la Constitución de Argelia garantiza el derecho a la libertad de asociación, y permite la formación legal de asociaciones sobre la base de una simple declaración.
“Argelia se está hundiendo rápidamente, cada vez más, en una crisis de derechos humanos donde no queda prácticamente espacio para el trabajo y las actividades sobre estos derechos”, ha manifestado Amna Guellali, directora adjunta para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional. “El desmantelamiento del grupo de derechos humanos más antiguo del país por parte de las autoridades pasará a la historia como un acto vergonzoso que debe ser anulado de inmediato.”
