Argelia: se intensifica la represión mientras aumentan las detenciones de defensores y defensoras de los derechos humanos – Amnistía Internacional Argentina | Defendemos los derechos humanos

Argelia: se intensifica la represión mientras aumentan las detenciones de defensores y defensoras de los derechos humanos


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Las autoridades argelinas han intensificado en las últimas semanas su agresión a la sociedad civil con la detención, únicamente en febrero, de 27 activistas pacíficos y defensores y defensoras de los derechos humanos. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

El 20 de febrero, un tribunal de la ciudad occidental de Tlemcen condenó a Faleh Hammoudi, director de la sección local de la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos (LADDH), a tres años de prisión y una multa de 100.000 dinares (705 dólares estadounidenses). Unos días después, el 24 de febrero, un juez de instrucción de Argel ordenó la detención preventiva de Zaki Hannache, activista conocido por su trabajo de observación de la represión gubernamental contra el Hirak, un movimiento masivo de protesta que lleva pidiendo un cambio político desde 2019.

Las autoridades argelinas inicialmente toleraron algunas protestas y limitaron los procesamientos a quienes llevaban la bandera amazigh durante las manifestaciones; sin embargo, desde 2020 han intentado suprimir las protestas del Hirak y han detenido a centenares de activistas, periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos a los que han recluido en prisión preventiva o han condenado en virtud de cargos imprecisos, incluido el de terrorismo. En la actualidad, al menos 290 personas se consumen en las cárceles argelinas simplemente por expresar de forma pacífica sus opiniones, según tanto el Comité Nacional para la Liberación de Detenidos (CNLD), grupo nacional de vigilancia, como la LADDH.

“Los cargos falsos y de motivación política formulados contra Faleh Hammoudi y Zaki Hannache son característicos de la represión cada vez más intensa de la disidencia ejercida por las autoridades argelinas, quienes están utilizando la ley como arma para silenciar a quienes las critican”, ha manifestado Amna Guellali, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Tres años después de que comenzara el movimiento de protesta del Hirak, no se ve el final de la escalada de represión de las autoridades argelinas. Pedimos la liberación de todos los activistas pacíficos y defensores y defensoras de los derechos humanos en Argelia.”

Las autoridades de Argelia detuvieron a Faleh Hammoudi el 19 de febrero y lo condenaron al día siguiente, después de que concediera al canal de televisión argelino Al Maghribiya TV una entrevista en la que comentó las violaciones de derechos humanos cometidas en Argelia. Esto se conoce como procedimiento de “comparecencia inmediata” y normalmente se aplica a las personas atrapadas en el acto de cometer un delito. Faleh Hammoudi fue condenado por “ofender a organismos públicos”, “difundir noticias falsas” que podrían dañar la seguridad nacional, y dirigir una “organización no inscrita en registro”. Los primeros dos cargos guardan relación con los comentarios que realizó en la entrevista, mientras que el tercero está relacionado con sus actividades con la LADDH, a la que las autoridades acusan de no cumplir una draconiana ley de 2012 sobre asociaciones.

Tres años después de que comenzara el movimiento de protesta del Hirak, no se ve el final de la escalada de represión de las autoridades argelinas. Pedimos la liberación de todos los activistas pacíficos y defensores y defensoras de los derechos humanos en Argelia.


Amna Guellali, Amnistía Internacional


Otros ocho miembros de la LADDH están siendo procesados actualmente por su participación en el Hirak, o por sus críticas a las autoridades. Al menos cuatro se enfrentan a cargos relacionados con el terrorismo, definidos de forma muy imprecisa en virtud de la ley argelina de manera que incluyen “intentar hacerse con el poder o cambiar el sistema de gobernanza por medios inconstitucionales”.

Entre ellos se encuentra Hassan Bouras, actualmente en huelga de hambre para protestar contra su detención preventiva desde el 12 de septiembre. Kaddour Chouicha, vicepresidente de la LADDH, y Djamila Loukil y Said Boudour, integrantes de la LADDH en Orán, también están siendo procesados por cargos de terrorismo desde abril de 2021, pero no se encuentran detenidos.

Zaki Hannache fue detenido el 19 de febrero y está acusado de “difundir noticias falsas” en relación con su trabajo de documentación de las huelgas de hambre llevadas a cabo por varias personas en prisión preventiva, que fueron detenidas por participar en las protestas del Hirak o por criticar a las autoridades. Zaki se enfrenta también a un cargo de “apología del terrorismo” en relación con sus publicaciones online, incluida una publicada en febrero sobre el youtuber exiliado Amir DZ, contra quien se ha dictado una orden de arresto a causa de su activismo.

En diciembre de 2021, Zaki Hannache ganó el premio Ali Boudoukha por su trabajo de documentación de las detenciones de activistas, manifestantes pacíficos y periodistas. Según un abogado que conoce el caso, la policía confiscó el galardón y el dinero del premio cuando detuvo a Zaki en su casa, y ahora Zaki se enfrenta a un cargo adicional de recibir dinero destinado a “dañar la seguridad del Estado o el funcionamiento normal de las instituciones, o la unidad nacional, o la integridad territorial, o los intereses fundamentales de Argelia, o la seguridad o el orden públicos”, en virtud del artículo 95 bis del Código Penal, que podría dar lugar a una pena de hasta siete años de prisión y una multa de 700.000 dinares argelinos (4.943 dólares estadounidenses).

Información complementaria

El LADDH es uno de los principales grupos de derechos humanos de Argelia. Es miembro de varias organizaciones no gubernamentales internacionales, como Euromed Rights y la Federación Internacional de Derechos Humanos.

Al igual que muchos grupos de la sociedad civil de Argelia, el LADDH fue inscrito legalmente en registro, pero se encontró con obstáculos administrativos al intentar obtener una nueva inscripción en virtud de una ley de 2012. Esta situación pone a sus miembros en riesgo de ser procesados y encarcelados por realizar actividades en una asociación “no acreditada, suspendida o disuelta”.

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