"Argentina sigue enfrentando una serie de desafíos urgentes que particularmente afectan a las comunidades más vulnerables del país. La presidencia argentina del G20 implica un enfoque en el desarrollo económico y el comercio, pero esto nunca puede separarse de los derechos humanos. Cada vez que esto ha sucedido, ha dejado a millones de personas abandonadas, alimentando potenciales disturbios sociales y políticos", dijo Salil Shetty, Secretario General de Amnistía Internacional.
En una reunión con el presidente Mauricio Macri y otros miembros de su gabinete, Salil Shetty discutió los puntos de vista de la organización sobre los desafíos y oportunidades con respecto al contexto de derechos humanos en el país y el papel clave que juega Argentina en relación con otras cuestiones regionales y globales.
El Secretario General agradeció la generosidad de Argentina hacia los migrantes y refugiados que huyen de la crisis de derechos humanos en Venezuela; pero también enfatizó en la necesidad de que los líderes regionales, incluida Argentina, trabajen para encontrar una solución real en Venezuela que ponga los derechos humanos como eje central.
La iniciativa del presidente Macri de abrir un debate en el Congreso sobre el aborto es un paso importante hacia el cumplimiento de la obligación internacional de Argentina en derechos humanos. Medio millón de mujeres se someten a abortos cada año en el país y más de tres mil mujeres argentinas han pagado con sus vidas por la criminalización del aborto. Además, la opinión pública es cada vez más clara: en una encuesta reciente realizada para Amnistía Internacional, el 59% de las personas entrevistadas estaban a favor de la despenalización del aborto.
"En la era de #NiUnaMenos, #MeToo y el gran impulso para los derechos de las mujeres en todo el mundo, pero también en un momento en que los derechos de las mujeres están siendo atacados en las Américas, Argentina podría enviar una señal poderosa al dar el paso histórico de despenalizar el aborto, dando un ejemplo importante a sus vecinos y alineando al país con algunos de sus socios económicos importantes en otras partes del mundo", dijo Salil Shetty.
Amnistía Internacional también pidió al presidente Macri que aborde los problemas urgentes de derechos humanos, incluidos los de los pueblos Indígenas. En una visita a Salinas Grandes en la provincia de Jujuy, el Secretario General escuchó las preocupaciones de las comunidades indígenas acerca del impacto potencial del rápido crecimiento de la minería de litio en sus medios de subsistencia, su suministro de agua y el medio ambiente. En este contexto cambiante, sus voces no han sido tomadas en cuenta.
Argentina está obligada a buscar el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades Indígenas. Debe hacerlo, no solo para cumplir sus obligaciones, sino porque se trata de respetar a las personas que tienen un reclamo histórico de sus territorios y una sabiduría ancestral acerca de la explotación sustentable de la tierra.
"La consulta plena y la garantía de que los pueblos Indígenas se beneficiarán de la extracción de litio demostrarán que Argentina habla en serio sobre el mensaje de equidad y sostenibilidad que quiere dar durante su presidencia del G20", señaló Salil Shetty.
Finalmente, el Secretario General de Amnistía Internacional expresó su preocupación al presidente Macri por las señales alarmantes sobre el derecho a la protesta y la libertad de expresión en Argentina. La acción policial de mano dura en las protestas, incluidas las detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza, ha ido en aumento como resultado de la priorización de temas de seguridad.
Mientras el gobierno ha hablado sobre la importancia del diálogo con la sociedad civil, muchos defensores de los derechos humanos y organizaciones no gubernamentales están denunciando una creciente estigmatización y campañas de desprestigio.
"En un momento en que muchos gobiernos justifican retrocesos en las libertades cívicas en nombre de la seguridad, Argentina debe demostrar a la región y al mundo entero cómo encontrar el equilibrio adecuado entre proteger los derechos de su población en su conjunto y respetar plenamente el derecho a la protesta pacífica. Para hacerlo, el Estado debe garantizar que las fuerzas de seguridad estén entrenadas de manera sensible y que tengan pautas claras para el uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de acuerdo con los estándares internacionales", dijo Salil Shetty.
