Amnistía Internacional envió una carta a la Cancillería argentina para expresar preocupación ante la decisión del gobierno de retirar su denuncia sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).
A través de una carta firmada por Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina; y Érika Guevara Rosas, directora para las Américas, Amnistía Internacional reaccionó a la respuesta del Estado argentino en la que manifestaba que el examen sobre Venezuela seguiría su curso.
Amnistía Internacional considera indispensable que el Estado argentino demuestre un claro compromiso con la verdad, justicia y reparación de las víctimas de violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos.
Además, insta a que el gobierno se posicione de manera clara y contundente en contra de las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional que se han cometido y se siguen cometiendo a diario en Venezuela.
Si bien la organización reconoce el compromiso del gobierno argentino a la tarea de la Corte Penal Internacional y la disponibilidad para colaborar en el desarrollo de exámenes e investigaciones, exhorta a que Argentina apoye públicamente la labor de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y considere iniciar investigaciones en Argentina en base al principio de jurisdicción universal. Ambas vías, como es de su conocimiento, consisten hoy en las pocas esperanzas de verdad, justicia y reparación para el pueblo venezolano.
Información adicional
A través de una carta, el 28 de mayo, Amnistía Internacional había expresado preocupación ante la decisión del gobierno de retirarse de la petición interpuesta en conjunto con Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú en 2018 a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para que se investigara al gobierno de Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad.
Días más tarde, la organización recibió la respuesta del gobierno a través de la cual Cancillería confirmaba la veracidad de la información difundida por la prensa y reiteraba el compromiso del gobierno argentino a la tarea de la Corte Penal Internacional y la disponibilidad para colaborar en el desarrollo de exámenes preliminares e investigaciones, incluyendo declaraciones testimoniales y otras diligencias probatorias.
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