Más recientemente, Amnistía Internacional ha denunciado el crecimiento de las detenciones arbitrarias por motivos políticos y de las amenazas sostenidas a la sociedad civil en el país. Las detenciones arbitrarias son parte de la política de represión del gobierno como forma de sofocar a la disidencia y disciplinar a la población. Sin ir más lejos, el preso de conciencia Javier Tarazona permanece detenido desde el 2 de julio de 2021. Sigue necesitando atención médica urgente, al igual que otras personas detenidas arbitrariamente como Emirlendris Benítez y Guillermo Zárraga. Asimismo, el 11 de junio los sindicalistas de SIDOR (Siderúrgica del Orinoco) Leandro Azócar y Daniel Romero fueron detenidos arbitrariamente, desconociéndose su paradero durante ocho días. Cinco días después, al menos siete miembros del pueblo indígena Yukpa también fueron sometidos a detención arbitraria y luego liberados condicionalmente.
En ese contexto, Amnistía Internacional considera que las declaraciones del presidente Alberto Fernández en la reciente Cumbre del Mercosur no hacen más que desconocer la responsabilidad del gobierno de Venezuela en la crisis de los exiliados desde ese país hacia distintas partes del mundo en los últimos años.
Amnistía Internacional reitera su llamado a la liberación inmediata e incondicional de las y los detenidos de forma arbitraria por motivos políticos y al cese inmediato del uso de detenciones arbitrarias y de otras estrategias tales como la censura para silenciar la disidencia. Además, llama a Argentina a reaccionar de modo contundente ante las violaciones de derechos humanos en Venezuela.
Finalmente, la organización hizo un llamado adicional a Venezuela para que brinde acceso irrestricto a la Relatoría Especial sobre la Situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos y al Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, así como a otros mandatos de Procedimientos Especiales.
