El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, por medio del cual se revisa el cumplimiento de las obligaciones y compromisos de los 193 Estados miembros de la ONU. A cada uno de ellos se lo examina cada 4 años y medio.
El documento de ejes presentado Amnistía Internacional:
- evalúa el estado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas a Argentina en el EPU anterior, bajo la categorización de Implementado, parcialmente implementado, no implementado
- brinda información rigurosa y actualizada sobre los desafíos en la implementación de los derechos humanos en Argentina
- presenta una serie de recomendaciones al gobierno para abordar los retos pendientes.
“El Examen Periódico Universal constituye una oportunidad para la rendición de cuentas de los Estados frente al cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. No existe otro mecanismo universal como éste. Argentina será sometida a examen y deberá explicar qué medidas ha adoptado para mejorar la situación de los derechos humanos en el país y por qué no ha habido avances en muchas de las recomendaciones aceptadas por el país. Los desafíos para contrarrestar la violencia de género en sus múltiples dimensiones, la perpetuación de hechos de violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad en todo el país, así como la relevancia de robustecer la institucionalidad en Argentina son algunos de los temas abordados que requieren atención urgente”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Ejes temáticos
Los años transcurridos desde la última revisión de Argentina han sido testigos de enormes desafíos. Incluso antes de la crisis sanitaria que estalló tras la pandemia del Covid-19, Argentina seguía sumida en una profunda crisis económica y social. Según cifras oficiales, en diciembre de 2021, el 37,7% de la población argentina vivía en la pobreza y la tasa de desempleo era del 8,2% en el tercer cuatrimestre del año.
La violencia contra las mujeres, niñas y personas LGBTI+ y la falta de medidas efectivas para enfrentarla siguen siendo motivo de grave preocupación. Pese a la relevancia de la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina se evidencian problemas en la aplicación de la ley en todo el país. Dieciséis años después de la promulgación de la ley nacional sobre Educación Sexual Integral (ESI), persisten importantes lagunas en su aplicación real y las jurisdicciones locales muestran retrocesos normativos que ponen en riesgo a la ESI.
Además, continúa la alarma por la proliferación de casos de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en diferentes jurisdicciones del país, y persiste la impunidad en las investigaciones sobre desapariciones forzadas. Mientras tanto, los pueblos indígenas siguen enfrentando graves dificultades para acceder a los derechos colectivos sobre su territorio. Las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, con un acceso limitado al mercado laboral formal y a una vivienda adecuada, se encuentran entre los grupos más vulnerados. Sigue pendiente el nombramiento del Defensor del Pueblo.
Además, el grupo de jóvenes de Amnistía Internacional presentó su propio informe aportando su mirada sobra la necesaria participación de las y los jóvenes en los asuntos que los conciernen, sobre el acceso a la ESI, sobre el impacto en las generaciones futuras por la falta de medidas de políticas para el cuidado del planeta, y sobre los desafíos de la conectividad en la era digital.
Argentina deberá entonces dar cuenta sobre las medidas adoptadas en estos y otros temas en su revisión, que tendrá lugar en 2023 en Ginebra.
Información adicional
- ¿Qué es el EPU?
- En este link se puede acceder a un cuadro con alguna de las recomendaciones que órganos de derechos humanos a nivel de Naciones Unidas y OEA le han hecho a la a Argentina de 2015 a esta parte.
- Los jóvenes en el EPU. Además de su informe, el Grupo de jóvenes de Amnistía Internacional Argentina elaboró un documento propio sobre las preocupaciones para ser llevadas frente al Consejo de DDHH (Página 29).
