La próxima semana, los jefes de Estado y de gobierno de los 46 Estados miembros del Consejo de Europa, la principal organización europea de derechos humanos, se reunirán en una cumbre que sólo se ha celebrado anteriormente otras tres veces desde su fundación en 1949 Con Europa atravesando una crisis de derechos humanos y una guerra a gran escala en el continente, esta cumbre es crucial.
La última reunión de este tipo, en 2005, se comprometió a “construir una Europa sin líneas divisorias” y “una Europa más humana e inclusiva”, e incluso señaló el rumbo del Convenio de Estambul sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres. Ésta se anuncia como una oportunidad para que los Estados miembros “reafirmen el compromiso con los derechos humanos”.
Algo muy oportuno, ya que justo el año pasado Rusia fue expulsada del Consejo de Europa por las atroces violaciones masivas de derechos humanos perpetradas al lanzar una invasión en gran escala de Ucrania. Pero tal reafirmación serán palabras vacías si, antes de seguir adelante, el Consejo de Europa no aprende del error que cometió al no haberse enfrentado al prolongado desprecio de Rusia por sus obligaciones legales.
Visto retrospectivamente, el organismo pecó de complacencia con Rusia al no haber actuado para detener el retroceso de los derechos humanos cuando Moscú implicó a sus fuerzas en una brutal guerra en Chechenia, luchó contra Georgia y ocupó Crimea, mientras asfixiaba a la sociedad civil rusa. Sin embargo, la Consejo reaccionó de forma más enérgica recientemente, expulsando sin demora a Rusia tras su ataque a Ucrania, y con esa respuesta renacieron las esperanzas de una reafirmación del compromiso de Europa con los derechos humanos de acuerdo al espíritu fundacional del Consejo de Europa.
Es preciso terminar con la complacencia también en el caso de Turquía, que lleva ya demasiado tiempo retrocediendo en materia de derechos humanos, reprimiendo a la sociedad civil e ignorando las sentencias vinculantes del Tribunal de Estrasburgo, y que se ha retirado del Convenio de Estambul. Las autoridades turcas muestran una falta de respeto flagrante hacia las obligaciones fundamentales en materia de derechos humanos que se siguen ineludiblemente de su pertenencia al Consejo de Europa.
Una ausencia notoria de la agenda de la Cumbre será la situación de Osman Kavala, [preso de conciencia y] defensor de los derechos humanos que languidece injustamente en la cárcel en Turquía desde 2017, a pesar de dos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 2022 y 2019, que piden su puesta en libertad inmediata. Lejos de acatarlas estas sentencias, las autoridades turcas lo sometieron a nuevos enjuiciamientos por cargos infundados y lo condenaron a cadena perpetua, enviando así un mensaje aterrador a todos los defensores y defensoras de los derechos humanos en Turquía.
Nuestro propio colega, Taner Kiliç, estuvo más de un año encarcelado arbitrariamente cuando era presidente de Amnistía internacional Turquía. Aunque ya ha quedado en libertad, se enfrenta aún a una nueva investigación por cargos relacionados con el terrorismo tras la anulación de su sentencia condenatoria por el Tribunal de Casación de Turquía el año pasado y a pesar de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que condenó su detención en espera de juicio por su trabajo en el ámbito de los derechos humanos.
Es preciso reforzar las herramientas de que dispone el Consejo de Europa para abordar el incumplimiento de sus resoluciones judiciales por parte de sus Estados miembros. El cuestionamiento de la autoridad del Tribunal, y en concreto la desobediencia de un fallo vinculante tras un procedimiento de infracción, como sucedió en el caso de Osman Kavala, deberían debatirse por norma en la Cumbre y en las reuniones ministerialese anuales.
Los órganos de tratados y el comisario/a para los Derechos Humanos deben tener invitaciones permanentes para visitar los Estados a fin de mantener bajo observación y, si es necesario, denunciar las violaciones de derechos y la impunidad persistentes, y pedir que se termine con ellas.
Es muy frecuente que en política, tras hablar mucho, se actúe demasiado poco. Y el mejor ejemplo de esto es la emergencia climática. El Consejo de Europa tiene un papel fundamental que desempeñar aquí, ya que la crisis climática, causada en gran medida por Europa, está perpetuando una crisis de derechos humanos. Amnistía propone un instrumento jurídicamente vinculante que reconozca el derecho a un medioambiente saludable y sostenible, así como la creación de una comisión de expertos independientes que formule recomendaciones sobre políticas y vigile su cumplimiento por parte de los Estados. Sin embargo, los argumentos jurídicos y económicos contra estas iniciativas parecen estar teniendo éxito.
Esa inacción respecto a la emergencia climática está llevando a miles de personas, especialmente jóvenes, a protestar pacíficamente y presionar a los gobiernos. Sin embargo, en toda la región están aumentando las restricciones impuestas a activistas, periodistas y organizaciones de la sociedad civil que han decidido hacer oír su voz y oponerse a las violaciones de los derechos humanos. La Cumbre debe comprometerse a asegurar que todas las personas tengan realmente garantizados los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación.
Se prevé que muchas víctimas de crímenes de guerra en Ucrania solicitarán ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos verdad, justicia y reparación por las graves violaciones de estos derechos sufridas antes de septiembre de 2022, cuando Rusia dejó de formar parte del TEDH. El Tribunal deberá recibir recursos adicionales para abordar esta tarea.
