De cara al 51° período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que inicia hoy, Amnistía Internacional hace un llamado al Estado argentino a poner los derechos humanos como eje central de toda propuesta para reconstruir la región y redoblar sus esfuerzos para poner fin a las estructuras de represión e impunidad en Nicaragua.
En este sentido, la organización sostiene que el principio de no intervención en los asuntos internos de un Estado, al que el Gobierno nacional aludió para evitar pronunciarse sobre las violaciones registradas durante las elecciones presidenciales del domingo 7 de noviembre en aquel país, no se aplica a las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. El 20 de octubre, la Argentina se había abstenido de votar, bajo un argumento similar, una resolución en el Consejo Permanente de la OEA que reclamaba a Nicaragua la “liberación inmediata" de los opositores detenidos.
Desde Amnistía Internacional se ha denunciado la sistemática violación de derechos humanos en Nicaragua desde 2018 y el modo en que los hostigamientos, el encarcelamiento, la represión a la disidencia política y la falta de acceso a la Justicia recrudeció a partir de mayo de este año. En consonancia con esto, la jornada electoral estuvo plagada de hechos de violencia política y actos de coacción electoral, sin dejar de lado que siete de los potenciales rivales del actual presidente Daniel Ortega no pudieron competir por haber sido detenidos y privados de ese derecho a lo largo de los últimos meses. En este sentido, la perspectiva de un cuarto mandato del actual jefe de Estado es “aterradora”.
“Todas estas irregularidades han sido denunciadas por Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos que alertaron sobre las condiciones en las que se realizarían las elecciones. Y el resultado del domingo tampoco estuvo exento de denuncias por diversos gobiernos y organizaciones internacionales, que lo repudiaron por considerar que se dieron en un contexto de graves restricciones de las libertades civiles y políticas. La posibilidad que estos crímenes se perpetúen es alarmante”, manifestó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. Tampoco se permitió la presencia de observadores internacionales ni el ingreso de periodistas internacionales al país.
Reunión con Cancillería
El pasado 4 de noviembre, Amnistía Internacional mantuvo una reunión con el Vicecanciller Pablo Tettamanti y su equipo del ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto con el fin de intercambiar sobre las principales preocupaciones en materia de derechos humanos en la región de cara a la participación del país en la Asamblea General de la OEA. A su vez, la organización compartió la Carta Abierta dirigida a todos los Estados miembros sobre situaciones urgentes de derechos humanos en la región.
El órgano principal de la OEA, compuesto por delegaciones de todos los Estados miembros sesionará entre el 10 y 12 de noviembre en formato virtual y bajo el lema “Por una América renovada”. La pandemia del Covid-19 tuvo consecuencias significativas que pusieron en evidencia las graves falencias estructurales de la región en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Reconociendo que Argentina ha apoyado y acompañado las distintas iniciativas y mecanismos de cooperación internacional, Amnistía Internacional reforzó la importancia de que el país continúe trabajando para garantizar el acceso universal a las vacunas, y la calidad de la asistencia médica y los medicamentos. Asimismo, Amnistía Internacional hace un llamado especial sobre la situación de Brasil y el impacto desproporcionado en grupos históricamente discriminados.
Respecto de la situación de las personas migrantes y refugiadas, es urgente que los Estados miembros de la OEA adopten una respuesta coordinada con el fin de proveer protección a las más de 5,6 millones de personas que salieron Venezuela, el movimiento de miles de personas producto de la crisis política y humanitaria en Haití, o quienes se ven desplazados por la situación de violencia generalizada, a la que se ha sumado desastres naturales asociados con el cambio climático, en Centroamérica.
Sobre la situación en Colombia, se exhorta a la Argentina y al resto de los Estados miembros a hacer todo lo que esté a su alcance para evitar que prevalezca la impunidad ante las violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por agentes de la fuerza pública o grupos que contaron con su tolerancia en el contexto del Paro Nacional en Colombia, entre abril y mayo de este año.
Finalmente, la organización hace un firme llamado a la Argentina, junto al resto de los Estados miembros, a elegir a quienes conformarán la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, teniendo presente los principios rectores de transparencia, imparcialidad, idoneidad y la importancia de tener un alto compromiso a favor de las víctimas de violaciones a derechos humanos, sus familias y comunidades.
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