En el día en que se conmemora el Respeto a la Diversidad Cultural, se cumplen nueve años del crimen del líder indígena Javier Chocobar, quien fue asesinado por defender su territorio. El 12 de octubre de 2009, el líder indígena Javier Chocobar de la comunidad originaria de Los Chuschagasta, en Tucumán, fue asesinado por un empresario y terrateniente de la zona mientras defendía su territorio ancestral.

Actualmente, se lleva adelante el juicio oral por el asesinato de Chocobar y se espera la sentencia la próxima semana. Luego de años de lucha sostenida, la justicia de Tucumán tiene la oportunidad de poner fin a la impunidad, dar con la verdad y sancionar a los responsables del crimen.

“Es obligación de los gobiernos llevar adelante una investigación exhaustiva e imparcial, sin demoras injustificadas, con el objetivo de determinar la responsabilidad por este crimen y reparar a las víctimas o sus familiares; y adoptar medidas eficaces para evitar que dichas violaciones se repitan en el futuro. La impunidad en estos casos transmite un mensaje de tolerancia del Estado respecto a las violaciones a la vida e integridad de los pueblos indígenas”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

En ocasión del día del Respeto a la Diversidad Cultural, Amnistía Internacional exhorta al Estado argentino a garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas que aún hoy enfrentan graves obstáculos en los reclamos por el reconocimiento de sus territorios y sus derechos humanos a lo largo de todo el país. En este sentido, resulta fundamental avanzar en la titulación de los territorios indígenas y en la sanción de una ley que regule la propiedad comunitaria, reconocida por la Constitución Nacional y tratados de derechos humanos.

 Los hechos que derivaron en el asesinato de Javier Chocobar

La tarde del 12 de octubre de 2009, el empresario Darío Amín llegó con dos hombres al territorio de Chuschagasta, en Tucumán. Les dijo a los miembros de la comunidad que él era el propietario del lugar y los amenazó con desalojarlos. Cuando la comunidad se acercó a pedirles que se fueran, los agresores abrieron fuego, asesinaron a Chocobar e hirieron a otras dos personas, Andrés y Emilio Mamani. En este video se observa el momento preciso de los disparos que dieron muerte a Javier Chocobar.

Este crimen derivó en un proceso penal que investiga la responsabilidad del empresario Amín como autor del delito de homicidio calificado y de ex agentes de policía Luis Humberto Gómez y Eduardo José del Milagro Valdivieso Sassi como partícipes necesarios por la muerte de Chocobar. La organización ANDHES está a cargo de representar a la comunidad ante la justicia.

El proceso tuvo innumerables dilaciones. Sin embargo,  tras nueve años de lucha es momento que se avance en la búsqueda de la verdad y la reparación.

En 2017 el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas en sus observaciones finales a Argentina señaló su especial preocupación por la impunidad en el asesinato de Javier Chocobar e instó al Estado a adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los pueblos indígenas que sufren amenazas, persecuciones y otros actos violentos tanto por parte de funcionarios públicos como de particulares, y prevenir, investigar y sancionar dichos actos.

“A una semana de conocer la sentencia por la responsabilidad de la muerte de Chocobar el poder judicial de Tucumán tiene una nueva oportunidad para dar un mensaje contundente y demostrar que los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país son respetados, determinando la verdad de los hechos ocurridos y la responsabilidad de los autores del asesinato”, sostuvo Belski.

La situación de los pueblos indígenas en el país

La comunidad Chuschagasta, ubicada en la provincia de Tucumán, es sólo un ejemplo de un largo entramado de despojo del territorio ancestral que sufren las comunidades indígenas a lo largo de todo el país. La mayoría de las comunidades indígenas no cuenta con un reconocimiento legal de sus tierras acorde a sus formas de uso y ocupación tradicional.

Amnistía Internacional relevó diferentes casos y recientemente recuperó el testimonio de referentes indígenas de distintas partes de Argentina que relatan las situaciones de discriminación, vulnerabilidad y sufrimiento a los que son sometidos frente a gobiernos (municipales, provinciales, nacional), empresas (agropecuarias, mineras, petroleras, de turismo, entre otras), jueces y fiscales que desoyen las normativas vigentes.

El Estado argentino tiene la oportunidad de hacer justicia, reparar a la comunidad de Chuschagasta y saldar así parte de la deuda histórica con los pueblos indígenas en su lucha por la identidad y el territorio.