La llama de las protestas pacíficas prendió también en India, donde millones de personas salieron a la calle para protestar contra una nueva ley sobre el reconocimiento de la ciudadanía india que discriminaba a quienes profesaban la religión musulmana. Los dos Estados más grandes y poderosos de Asia intentaron imponer su sombría y despótica visión sobre el resto del continente, tratando a las minorías como amenazas para la seguridad nacional. Así ocurrió en la provincia teóricamente autónoma de Sinkiang, donde se endurecieron las medidas represivas contra la población túrquica musulmana, mientras iba saliendo a la luz el verdadero horror de los “campos de reeducación”. Algo parecido ocurrió en Cachemira —único estado indio, hasta la fecha, de mayoría musulmana—, cuya autonomía especial quedó revocada y sustituida por un estado de sitio que continuaba en vigor en el momento de redactar estas líneas.
La política de demonización se abatió también sobre el Estado insular de Sri Lanka, donde estalló la violencia contra la población musulmana tras los atentados con bomba perpetrados el domingo de Pascua en tres iglesias y tres hoteles, que se saldaron con más de 250 víctimas mortales de religión cristiana. En noviembre, Gotabaya Rajapaksa fue elegido presidente, en un panorama ya saturado de líderes autoritarios y cada vez con menos esperanzas de sanar las heridas producidas por el conflicto interno prolongado durante decenas de años. En Filipinas, Rodrigo Duterte prosiguió con su sanguinaria “guerra contra las drogas” entre tímidos gestos de condena internacional.
En todo el sudeste asiático se afianzaron aún más en el poder gobiernos represivos que silenciaron a sus adversarios, amordazaron a los medios de comunicación y limitaron el espacio de la sociedad civil hasta tal punto que, en numerosos países, el mero hecho de participar en una protesta pacífica podía ser motivo de detención. En el sur de Asia, los gobiernos se mostraron ansiosos por mantenerse y buscaron nuevas formas de perpetuar la ya habitual represión, recurriendo, sobre todo, a la aprobación de leyes draconianas que penalizaban la disidencia en Internet.
Para legitimar la represión, los gobiernos asiáticos demonizaban sistemáticamente a las personas que los criticaban, describiéndolas como “agentes de fuerzas extranjeras” —en el mejor de los casos, “ingenuos”, y en el peor de ellos, “traidores”— en campañas de desprestigio amplificadas con ayuda de sofisticadas maniobras que se ponían en marcha desde las redes sociales. Asimismo, se oponían a la rendición de cuentas de las empresas, alegando que ésta obstaculizaría el rápido crecimiento económico que ambicionaban. Con frecuencia, permanecieron imperturbables ante los estragos del cambio climático.
Sin embargo, pese a la creciente dificultad que entrañaba el hecho de oponer resistencia, jóvenes de todo el continente continuaron desafiando el orden establecido, asumiendo con ello grandes riesgos. En Pakistán, el pacífico Movimiento para la Protección de la Etnia Pastún siguió congregando a decenas de miles de personas para protestar contra las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, pese a la detención de sus simpatizantes, la presentación de cargos en su contra y la prohibición de sus protestas. Las huelgas por el clima impulsaron a miles de personas a salir a la calle en distintos países, entre ellos Afganistán, donde manifestantes pacíficos tuvieron que enfrentarse también a graves amenazas al pedir el fin de un conflicto que había comenzado antes de que nacieran. En Vietnam, la gente protestó contra las políticas de China, mientras que en Laos estallaron protestas por los defectos de construcción de una presa.
También tuvieron éxito las protestas e iniciativas de la sociedad civil. En Sri Lanka, profesionales del derecho y activistas de la sociedad civil consiguieron evitar la reanudación de las ejecuciones, mientras que en Taiwán la lucha giró en torno a la igualdad de las personas LGBTI y concluyó con la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en marzo. En Pakistán, el gobierno anunció medidas contra el cambio climático y la contaminación del aire, y en Hong Kong la población obligó a las autoridades a retirar el proyecto de ley sobre extradición. En Maldivas, el Tribunal Supremo eligió por primera vez a dos mujeres entre sus jueces, desafiando así la presión del extremismo religioso.
Los engranajes de la justicia empezaron a girar lentamente en favor de la población rohinyá cuando la Corte Penal Internacional (CPI) autorizó una investigación sobre los delitos cometidos por el ejército de Myanmar en 2017, tras haber presentado Gambia una denuncia contra ese país por genocidio. Asimismo, se esperaba que la CPI revisara su decisión de no autorizar una investigación sobre los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Afganistán por todas las partes, que respondía a las presiones ejercidas por el gobierno de Estados Unidos.
Probablemente, el próximo año será tan complicado como el que acaba de terminar, pero, tal y como ha demostrado en repetidas ocasiones el activismo juvenil asiático, cuando no hay esperanza, es preciso crearla.
