En el año en que el atentado a la AMIA cumplió 26 años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió al Estado un informe en el que concluyó que el Estado argentino es responsable por la violación del derecho a la vida de sus 85 víctimas fatales así como a la integridad de los cientos de heridos.
El reporte es resultado de la causa internacional iniciada en 1999 por la Asociación Civil Memoria Activa, que nuclea un grupo de víctimas y familiares de las víctimas del atentado. En el contundente informe la Comisión también atribuye al Estado la responsabilidad por la impunidad y el encubrimiento que resultaron en la violación a los derechos de acceso a la información, a las garantías judiciales, a la igualdad y la protección judicial.
“Las perversas maniobras de encubrimiento perpetradas por agentes de los distintos poderes estatales son una violación al derecho de toda la sociedad de conocer los hechos detrás del atentado. La decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe inaugurar una nueva etapa en la lucha de las víctimas y sus familiares, que llevan más de dos décadas reclamando por verdad y justicia, sin éxito”, afirmó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Recomendaciones del informe
El reporte establece recomendaciones para el Estado argentino que incluyen:
- conducir y concluir, de forma eficaz y en un plazo razonable, la investigación de los hechos,
- sancionar a todos los responsables materiales e intelectuales de estas graves violaciones de derechos humanos, así como también a quienes hayan obstaculizado o encubierto las investigaciones.
-Que el Estado mantenga reuniones periódicas con los familiares a fin de brindarles información sobre los avances de las investigaciones y garantizarles el acceso a toda la información relevante vinculada al caso.
-El Estado debe reparar económicamente a las víctimas y realizar acciones concretas que contribuyan a preservar la verdad y la memoria en relación al atentado y la búsqueda de justicia de las víctimas y sus familiares.
- Implementar una serie de medidas tendientes a fortalecer las capacidades estatales en materia de prevención de ataques terroristas que constituyan actos discriminatorios.
