Por ejemplo, un estudio publicado por el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires reveló que entre el 70 y el 80% de los niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 14 años, pudieron comprender que fueron abusados después de recibir clases de ESI.
“La educación sexual integral ha contribuido a que los y las estudiantes puedan reconocer y poner nombre a situaciones que vulneran su integridad física, su dignidad y su derecho a vivir libres de violencia de género y discriminación”, sostuvo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
La ESI también ha tenido una incidencia significativa en la reducción del embarazo en la adolescencia. En los últimos 4 años, entre 2018 y 2021, la tasa de embarazo entre niñas y adolescentes de 10 a 19 años bajó 46% como resultado de un proceso multicausal que responde al acceso a la ESI, a anticonceptivos de larga y corta duración, al acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y a políticas como el Plan ENIA que han contribuido en la toma de decisiones libres e informadas de las infancias y adolescencias.
Resultados de estudios internacionales (UNESCO) indican que la ESI contribuye a que se demore la edad de inicio de las relaciones sexuales, a que sean menos riesgosas y al mayor uso de preservativos y métodos anticonceptivos. El enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género previsto en la Ley 26.150 también ha contribuido a generar efectos positivos en la autonomía de los y las estudiantes a la hora de entablar relaciones afectivas y sexuales respetuosas y en el conocimiento que tienen sobre sus derechos y en las herramientas para defenderlos.
Los contenidos mínimos, básicos y obligatorios de la ESI han sido construidos y acordados en el marco del Consejo Federal de Educación, integrado por los ministros de educación de todas las provincias del país, y constituyen un piso mínimo que debe garantizarse para hacer efectivo el acceso a este derecho.
En contexto de elecciones presidenciales, debe haber un compromiso ineludible por parte de las y los candidatos de garantizar la protección y promoción de la educación sexual integral (ESI), un derecho humano ampliamente reconocido por los estándares internacionales de derechos humanos y una obligación legal del Estado.
En ese sentido, a través de una carta enviada a la Cámara Nacional Electoral (CNE), Amnistía Internacional elevó un documento con información y preguntas dirigidas a los candidatos solicitando que se manifestaran sobre este eje.
“Hace años ciertos sectores buscan instalar que la ESI no es científica sino “ideológica” y que sus contenidos pretenden adoctrinar a niños, niñas y adolescentes sobre un conjunto de valores contrarios a la tradición y la familia, en miras a deslegitimar la ESI. Sin embargo, existen sobradas pruebas de todo lo contrario y de su contribución a generar vínculos más sanos, a la toma de decisiones con información sobre el propio cuerpo y la sexualidad, a celebrar la diversidad, a reducir embarazos no intencionales en la adolescencia o identificar y prevenir situaciones de violencia y discriminación o de abuso sexual en las infancias”, agregó Mariela Belski.
En miras al fortalecimiento de las políticas educativas y de rendición de cuentas, Amnistía Internacional, junto a 100% Diversidad y Derechos, la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer – FEIM, FUSA Asociación Civil, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad – REDI y el Observatorio de las violencias de género - AHORA QUE SI NOS VEN envió una carta al Observatorio Federal por la ESI para que se garantice la producción a información relativa a las acciones de monitoreo y evaluación realizadas sobre la efectiva implementación de la ley.
Carta al OFESI
Adicionalmente, Amnistía internacional adhirió a una nota enviada a la Legislatura de la Provincia de Corrientes, en la que organizaciones de la sociedad civil manifiestan preocupación por un proyecto de ley que busca deslegitimar la ESI con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos.
