"Mohamed Ramadhan y Hussain Moosa nunca debieron haber sido condenados sobre la base de una presunta confesión, falsa y obtenida mediante tortura. Ahora, pese a que han aparecido pruebas del propio gobierno bahreiní que respaldan las denuncias de tortura de los procesados, el sistema judicial confirmó, una vez más, la decisión de quitarles la vida. Esto sienta un inquietante y nuevo precedente en el historial de Bahréin de menosprecio hacia las garantías procesales.
“La pena de muerte es atroz en todas las circunstancias, pero su uso es aún más terrible cuando sigue a un juicio injusto. Pedimos a las autoridades bahreiníes que anulen de inmediato las sentencias condenatorias y las penas impuestas a Ramadhan y Moosa. En lugar de condenar a muerte a las víctimas de este juicio irreparablemente irregular, deben exigir cuentas a los responsables de su tortura y garantizar que los procesados reciben una reparación, rehabilitación y garantías blindadas de no repetición”.
Información general
Las fuerzas de seguridad detuvieron a Hussain Ali Moosa Hussain Mohamed, empleado de hotel, el 21 de febrero de 2014, y a Mohamed Ramadhan Issa Ali Hussain, el 20 de marzo de 2014, en el aeropuerto internacional de Bahréin, donde prestaba servicio como miembro del servicio de seguridad.
Llevaron a ambos al Departamento de Criminalística, donde los torturaron durante su interrogatorio. Mohamed Ramadhan se negó a firmar una “confesión”, a pesar de que había sido sometido a palizas y a electrocución. Hussain Ali Moosa dijo que lo habían obligado a “confesar” y a incriminar a Mohamed Ramadhan tras haber estado varios días colgado de las extremidades y sometido a palizas.
El 29 de diciembre de 2014, un tribunal penal los condenó a muerte por el homicidio de un policía, muerto al explotar una bomba en Al Deir, pueblo situado al noreste de Manama, el 14 de febrero de 2014. El Tribunal Penal Superior de Apelación confirmó la sentencia y las condenas a muerte el 27 de marzo de 2015, y el Tribunal de Casación las ratificó el 16 de noviembre de 2015. También se confirmaron las penas de entre seis años de prisión y cadena perpetua impuestas a otras 10 personas en la misma causa. En marzo de 2018, la Unidad Especial de Investigación envió a la fiscalía un memorándum en el que se describían informes médicos emitidos por facultativos del Ministerio del Interior compatibles con la denuncia de Mohamed Ramadhan de que lo habían torturado, y recomendó una revisión del juicio. El 22 de octubre de 2018, el Tribunal de Casación suspendió las condenas a muerte y ordenó que un grupo nuevo grupo de jueces del Tribunal Penal Superior de Apelación reexaminara la causa.
