En respuesta a la creciente cifra de muertes en las protestas por la reforma del sistema de cuotas en Bangladesh (32 ayer, el día más letal), y mientras la violencia continúa en el país, Babu Ram Pant, director adjunto de Amnistía Internacional para Asia Meridional, ha manifestado:

“La creciente cifra de muertes es una estremecedora denuncia de la absoluta intolerancia que muestran las autoridades de Bangladesh ante la protesta y la disidencia. La fuerza ilegal utilizada contra quienes se manifiestan muestra un cruel desprecio por el derecho a la vida y un lamentable incumplimiento por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de sus obligaciones en virtud del derecho nacional e internacional de los derechos humanos.”

“Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente que el gobierno de Bangladesh adopte un enfoque respetuoso con los derechos humanos en la actuación policial en las protestas. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben poner fin de inmediato al uso ilegítimo de fuerza letal contra quienes se manifiestan, y asegurar que el derecho de reunión pacífica esté garantizado en la ley y en la práctica.”

La creciente cifra de muertes es una estremecedora denuncia de la absoluta intolerancia que muestran las autoridades de Bangladesh ante la protesta y la disidencia.

Babu Ram Pant, director regional adjunto de Amnistía Internacional para Asia Meridional

“Las autoridades deben llevar a acabo sin demora una investigación independiente e imparcial sobre las muertes y hacer rendir cuentas plenamente a sus responsables. Las víctimas de la violencia policial ilegítima deben recibir una reparación completa del Estado.”

“La imposición arbitraria de un cierre total de Internet en todo el país y la prohibición general de las protestas anunciada por la policía metropolitana de Dacca restringe aún más los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Este tipo de restricciones generales son contrarias a las obligaciones internacionales de Bangladesh como Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).”

“Es una temeridad impedir el acceso a la información durante una semana de escalada de la violencia y dura represión contra las protestas estudiantiles en todo el país. Los cierres generales afectan a la seguridad, la protección, la movilidad y los medios de vida de las personas, al tiempo que crean inestabilidad y pánico, lo que socava aún más su confianza en las autoridades. La prohibición debe levantarse de inmediato, y todas las personas detenidas exclusivamente por ejercer su derecho a protestar de forma pacífica deben quedar en libertad de inmediato y sin condiciones.”

Información complementaria

En Bangladesh se han denunciado casi 39 muertes durante la violencia que está teniendo lugar desde que comenzaron las protestas masivas por la reforma del sistema de cuotas, el 1 de julio de 2024.

El primer objetivo de cualquier intervención de las fuerzas del orden en el contexto de unas protestas debe ser reducir las tensiones. Además, las autoridades deben agotar todas las medidas no coercitivas antes de recurrir a la fuerza. Si es absolutamente necesario recurrir a medidas de fuerza, las autoridades deben dar aviso previo y emplear solo la fuerza mínima necesaria para lograr un objetivo legítimo. Las armas de fuego no son una herramienta adecuada para la actuación policial en las protestas, y sólo deben utilizarse contra personas concretas en circunstancias en las que sea estrictamente necesario para hacer frente a una amenaza inminente de muerte o lesión grave.

El 17 de julio de 2024, Amnistía Internacional verificó pruebas de uso ilegítimo de la fuerza contra manifestantes estudiantiles durante las actuales protestas por la reforma del sistema de cuotas (“Bloqueo de Bangladesh”), e instó al gobierno a garantizar la protección de quienes se manifiestan frente a nuevos daños.