Ante la declaración del consejero principal del gobierno bangladeshí, profesor Muhammad Yunus, dirigida el martes a la comunidad minoritaria hindú de Bangladesh, al tiempo que pedía que se garantizaran los derechos humanos y la libertad de expresión de toda la población, Babu Ram Pant, director regional adjunto de Amnistía Internacional para Asia Meridional, ha manifestado:
“El llamamiento a garantizar los derechos humanos y la libertad de expresión de toda la población es un positivo primer paso del gobierno provisional de Bangladesh, pero debe ir seguido urgentemente de medidas concretas para garantizar justicia, reparaciones y garantías de no repetición para la comunidad minoritaria.
Amnistía Internacional pide a las autoridades de Bangladesh que lleven a cabo una investigación rápida, exhaustiva, imparcial e independiente de los delitos cometidos contra las comunidades hindúes, ahmadíes y de otras minorías y los episodios conexos de violencia colectiva, y que garanticen el enjuiciamiento de los responsables en juicios justos y transparentes, sin recurrir a la pena de muerte.
El nuevo gobierno provisional debe garantizar el derecho a la igualdad, a no sufrir discriminación y a la integridad física de todas las personas, y poner fin a la cultura vengativa de ataques a la oposición política observada en Bangladesh en el pasado. Una y otra vez, los casos de violencia colectiva, la desinformación y el hecho de que el Estado no proteja a las minorías ni proporcione acceso a la justicia a las personas sobrevivientes han seguido destruyendo vidas en las comunidades minoritarias de Bangladesh”.
Información complementaria
El 13 de agosto de 2024, el consejero principal del gobierno provisional de Bangladesh, profesor Yunus, se dirigió a la comunidad hindú. Inmediatamente después de los informes de ataques a viviendas, lugares de culto y establecimientos comerciales de minorías religiosas como hindúes y ahmadíes tras la dimisión del gobierno anterior de Sheikh Hasina, que suscitaron motivos de preocupación relacionados con el orden público en el país.
Amnistía Internacional ha documentado repetidos ataques contra minorías en Bangladesh a lo largo de los años.