- Presentación de denuncias arbitrarias e intimidatorias contra trabajadoras y trabajadores de la confección para impedir que alcen la voz
2. Uso de fuerza ilegítima contra las protestas del personal de la confección
3. Cultura generalizada de impunidad empresarial frente a lesiones y muertes laborales
Con motivo del Día Internacional del Trabajo, Amnistía Internacional ha recordado cómo, en Bangladesh, el personal de la confección continúa enfrentándose a un clima de miedo y represión, en el que prolifera la impunidad empresarial ante abusos contra los derechos humanos cometidos en el lugar de trabajo, mientras el Estado tolera que se sofoquen sus derechos.
El pasado mes se cumplieron 11 años del derrumbe del edificio Rana Plaza, en el que murieron más de 1.100 trabajadoras y trabajadores de la confección y miles resultaron heridos. Cinco meses antes, se había declarado un letal incendio en la fábrica de Tazreen Fashions, a consecuencia del cual murieron, al menos, 112 personas —entre trabajadoras y trabajadores— que se vieron atrapadas, al estar bloqueadas las salidas de incendios y encontrarse otras puertas de las instalaciones cerradas con candado. Ambas catástrofes, ocurridas en la región de Dacca y provocadas por una actitud de negligencia absoluta a la hora de supervisar el lugar de trabajo, son impactantes ejemplos de abusos contra los derechos humanos relacionados con las empresas. A su vez, estos casos permiten comprobar el coste en vidas humanas de la falta sistémica de regulación de la actividad empresarial, y ponen de manifiesto la imperiosa necesidad de mejorar la salud y seguridad laboral para todos los trabajadores y trabajadoras de Bangladesh, de conformidad con las normas internacionales sobre empresas y derechos humanos.
Después de 11 años, siguen sin resolverse las demandas de indemnización presentadas por el Fondo de Servicios y Asistencia Jurídicos de Bangladesh (BLAST, por sus siglas en inglés) y otras ONG contra las autoridades pertinentes del Estado y contra los propietarios de los edificios y las fábricas correspondientes relacionados con el derrumbe del Rana Plaza y con el incendio de Tazreen Fashions. Entre otras reparaciones, en las citadas demandas se pedían indemnizaciones justas por la reprobable negligencia que había permitido que miles de trabajadoras y trabajadores perdieran la vida y resultaran heridos.
“Hace ya más de 10 años, pero, en general, no han dado fruto los intentos de hacer rendir cuentas a las empresas por el derrumbe del edificio Rana Plaza y el incendio de Tazreen Fashions ni en instancias nacionales ni en foros internacionales, lo que pone en evidencia las precarias condiciones que el personal de la confección sigue soportando en Bangladesh. La idea de una indemnización por lesiones laborales basada en derechos sigue siendo un sueño lejano, sujeto a los arbitrarios límites de la legislación laboral y al incumplimiento de la normativa, lo cual —en ambos casos— debe cambiar”, afirma Nadia Rahman, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Asia meridional.
Dejando a un lado la falta de justicia, la mayoría del personal de la confección sigue luchando hoy por salarios dignos en el sector que más ingresos genera para Bangladesh, y pagando un elevado precio por reivindicar sus derechos.
Las trabajadoras y los trabajadores de la confección reciben salarios de hambre y se enfrentan a innumerables obstáculos —hostigamiento, intimidación, violencia y trabas legales, entre otros— cuando tratan de alzar la voz para exigir justicia, salarios y salvaguardias y condiciones laborales adecuadas.
En junio de 2023 fue asesinado Shahidul Islam —presidente del comité del distrito de Gazipur de la Federación de Trabajadores Industriales y de la Confección de Bangladesh (BGIWF, por sus siglas en inglés)— cuando intentaba conseguir el pago de los salarios retenidos del personal de una fábrica. Asimismo, entre octubre y noviembre de 2023, murieron al menos otros cuatro trabajadores y trabajadoras durante las protestas celebradas en torno al salario mínimo nacional.
“Han destrozado la vida de las trabajadoras y los trabajadores”: Denuncias arbitrarias contra el personal de la confección
Desde las protestas de 2023, se han presentado al menos 35 denuncias penales contra trabajadores y trabajadoras de la confección, en cuyos partes iniciales se acusaba, según cálculos, a entre 35.900 y 44.450 trabajadores y trabajadoras no identificados y a 161 con nombres y apellidos, por su participación en dichas protestas. De esas 35 denuncias recientes, 25 han sido presentadas por fábricas que —según se cree— venden a importantes marcas y minoristas internacionales de moda.
En declaraciones a Amnistía Internacional, un elevado número de dirigentes sindicales ha afirmado que la inclusión de miles de manifestantes sin identificar en denuncias penales no es sino amenaza general de despido, a la que se recurre para intimidar aún más al personal de las fábricas. Esta táctica se utiliza también para negar cualquier posible reclamación por lesiones o demanda de indemnización por parte del personal durante las protestas. Todo ello ha tenido un efecto disuasorio sobre dirigentes sindicales y grupos de defensa de los derechos laborales que, en la práctica, se han visto en la necesidad de guardar silencio por miedo a ser víctimas de detención y encarcelamiento.
Al menos 131 personas fueron detenidas en relación con las 35 denuncias recientes, entre ellas, dirigentes sindicales clave. La mayoría ha quedado en libertad bajo fianza, pero en varios casos, incluido el del dirigente sindical Amzad Hossen Jewel, se ha negado una y otra vez, durante semanas, la libertad bajo fianza. La mayoría de los cargos hacen referencia a presuntos actos de vandalismo, concentración ilegal, lesiones, disturbios, entrada ilegal en fábricas y daños a la propiedad.
En declaraciones a Amnistía Internacional, el activista bangladeshí de los derechos laborales Aamin Haq* explica: “Año tras año, se cita a los trabajadores y trabajadoras que protestan para que comparezcan ante los tribunales [en respuesta a partes iniciales de denuncia] […]; si no lo hacen, las consecuencias pueden ser la cancelación de la fianza y […] la [consiguiente] pérdida de salario, además de poner en peligro su puesto de trabajo. Las repercusiones económicas son terribles”.
“Golpes, disparos y detenciones”: Uso de fuerza ilegítima contra las protestas del personal de la confección
Amnistía ha revisado varias de las denuncias presentadas por la policía tras las protestas en torno a los salarios. En una de ellas, con fecha de 26 de octubre de 2023, la comisaría de policía de Konabari, en Gazipur, acusaba a entre 2.500 y 3.000 trabajadores y trabajadoras no identificados y a 8 con nombres y apellidos de vandalismo, reunión ilegal, obstrucción de las funciones gubernamentales y agresión. En una ocasión, cuando el personal de la confección bloqueó una vía principal, la policía lo dispersó disparando 215 cartuchos de escopeta, 127 proyectiles de gas lacrimógeno y 52 granadas sonoras. Seis agentes de policía resultaron lesionados a causa de los enfrentamientos entre ese cuerpo y los manifestantes. En las denuncias presentadas por la policía, no se especificaba el número de trabajadores y trabajadoras que habían sufrido lesiones.
En otra denuncia, con fecha de 29 de octubre de 2023, la policía acusaba a entre 850 y 900 trabajadores y trabajadoras no identificados y a 29 con nombres y apellidos de participación en concentración ilegal pertrechados de palos de bambú y otras herramientas, de interrumpir las funciones gubernamentales y de golpear con intención de matar, provocar incendios y utilizar fuerza amenazadora. Los documentos en cuestión indicaban que la policía había disparado, en total, 118 cartuchos de escopeta, además de gas lacrimógeno y granadas sonoras.
En otra ocasión, el 30 de octubre, en el marco de esas mismas protestas, la policía disparó otros 17 proyectiles de gas lacrimógeno y 107 cartuchos de escopeta, y presentó una denuncia contra un número de entre 3.000 y 4.000 trabajadores y trabajadoras no identificados.
Los expedientes de denuncia documentan claramente el empleo de fuerza ilegítima por la policía para dispersar a manifestantes, en contravención de las normas internacionales de derechos humanos. Según el derecho internacional, las autoridades deben proteger el derecho de reunión pacífica y, si las protestas se tornan violentas, están obligadas a agotar los medios no coercitivos y a utilizar, sólo después, la fuerza mínima y proporcionada necesaria para dispersar las manifestaciones. Las armas menos letales, como los proyectiles de gas lacrimógeno, deben utilizarse únicamente como último recurso, tras una advertencia verbal y después de haber dado a las personas manifestantes una oportunidad adecuada para dispersarse. La policía sólo emitió esa advertencia en uno de los tres expedientes examinados por Amnistía Internacional.
En declaraciones a Amnistía Internacional, Taufiq*, empleado de una ONG de Bangladesh dedicada a los derechos laborales, relata: “cuando los trabajadores y trabajadoras alzan la voz, no se les hace caso; cuando se intentan organizar, los amenazan y los despiden; y, por último, cuando protestan, les responden con golpes, disparos y detenciones”.
Han pasado ya seis meses desde el inicio de las protestas del personal de la confección, en octubre de 2023, pero hasta la fecha ningún agente de policía ha rendido cuentas por el uso ilegítimo de la fuerza ni por la muerte de manifestantes. El gobierno de Bangladesh tiene la obligación de investigar de manera efectiva, imparcial y oportuna el uso ilegítimo de la fuerza por parte de la policía y el homicidio de cuatro trabajadores y trabajadoras durante las manifestaciones de 2023 por los salarios. Todos los funcionarios responsables de violaciones —incluidos supervisores y puestos de mando— deberán rendir cuentas, y las víctimas deberán tener a su disposición recursos efectivos.
“A la espera de nuestros derechos durante 11 años”: Impunidad empresarial frente a lesiones y muertes laborales
Sokina*, sobreviviente del incendio de Tazreen Fashions en 2012, explica a Amnistía Internacional: “Han pasado ya más de 11 años, y aún no hemos recibido la indemnización a la que tenemos derecho. El propietario de la fábrica permanece impune y dirige nuevos negocios gracias a sus fuertes vínculos con el partido gobernante, mientras nosotras vivimos en la indigencia”.
A pesar de que, tras la tragedia del Rana Plaza, se aprobaron una serie de reformas de carácter global, como el Acuerdo Internacional para la Salud y la Seguridad en la Industria Textil y de la Confección, la seguridad en el trabajo sigue brillando por su ausencia para el personal de numerosos sectores de Bangladesh. Según datos conservadores de la ONG Sociedad por la Seguridad y los Derechos, que se dedica a mejorar las condiciones laborales del país, entre 2013 y 2023 se registraron más de 5.608 muertes laborales, sin contar las víctimas mortales del derrumbe del edificio Rana Plaza. Sólo en 2023, 875 trabajadores y trabajadoras murieron en “accidentes” laborales.
La lentitud con la que se ha avanzado en los últimos 11 años en las demandas de indemnización relacionadas con el Rana Plaza y con el incendio de Tazreen, así como la persistencia generalizada de muertes y lesiones laborales evitables, pone de manifiesto la existencia de una cultura general de impunidad empresarial en Bangladesh.
“Instamos al gobierno a eliminar los límites de indemnización por lesiones profesionales establecidos en la legislación laboral, a garantizar que las personas afectadas reciban una indemnización adecuada y a crear un depósito de datos sobre muertes y lesiones laborales a fin de garantizar la transparencia y paliar las lagunas presentes en la actualidad en los datos oficiales”, ha manifestado Nadia Rahman.
Asimismo, Bangladesh debe ratificar y cumplir los Convenios 155 y 187 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la seguridad y la salud en el trabajo, así como los Convenios 102 y 121 de la OIT sobre prestaciones mínimas de asistencia a las víctimas de lesiones y muertes laborales.
“También urgimos al gobierno de Bangladesh a poner fin de inmediato a la represión de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y a garantizar que éstos puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión y asociación, lo que incluye poder constituir sindicatos en las fábricas y afiliarse a ellos, sin temor a represalias”, ha añadido Nadia Rahman.
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*Los nombres han sido modificados para proteger la identidad de las personas en cuestión.
